sábado 18 mayo 2024
2 agosto, 2023
(Fabián Robles/2 de agosto 2023) En contraposición a la negativa de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para crear un organismo autónomo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, representantes de estos sectores coincidieron en exigir que el ente en la materia goce de total independencia porque el Ejecutivo local no puede ser juez y parte.
Durante el Foro de Análisis de la Ley para la Protección Integral a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala, casi la totalidad de panelistas se pronunció también porque sea transparente el proceso de selección de quien ocupe la titularidad de esa área, a fin de evitar la imposición de recomendados, compadres o amigos.
Luis Antonio Torres Osorno, representante de Fuerza Izquierda Progresista, consideró necesario que no solo haya sanciones ejemplares contra quienes agredan a alguno de los integrantes de esos sectores, sino también que se incluyan acciones para una prevención integral, que sean realmente aplicables y, sobre todo, que haya el presupuesto necesario para cumplir sus fines.
Por su parte, la representante de la Asociación Regional en Pro de los Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Políticos (Arelidh), Lucrecia Ortega, cuestionó: “si el gobierno viola nuestros derechos ¿cómo nos va a defender si desde el inicio de este sexenio hay muchas incomprensiones y no hay voluntad para cumplir la ley?”
A su vez, la activista Yeny Charrez Carlos consideró urgente que la ley en la materia sea aprobada por el Congreso local, cuestionó diversas omisiones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), y se dijo preocupada por la forma en que operará el ente encargado de proteger a representantes de estos sectores de la sociedad.
En tanto, la también activista Eréndira Jiménez Montiel coincidió en que se trata de un asunto “de obvia y urgente resolución que debe interesar a todos los diputados”, aunque recordó que el Poder Legislativo ha sido omiso en este tema, pese a su importancia, por lo que exigió que la ley respectiva “sea completa y de avanzada, eficiente y contundente para defender la libertad de expresión”.
Subrayó que el organismo de protección debe tener independencia presupuestal y personalidad jurídica propia, e incorporar medidas rápidas y efectivas de atención basadas en un protocolo de actuación inmediata que incluya un sistema de inteligencia para monitorear situaciones de riesgo y un fondo especial financiado, incluso, por instituciones privadas.
En su turno –que fue vía remota-, Claudia Aguilar, de la Barra Mexicana de Abogados, recordó que el año pasado se registraron 19 agresiones a periodistas tlaxcaltecas, con lo que la entidad se ubicó en el lugar 12 a nivel nacional con más casos, lo que representó un incremento de 109% con respecto de las cifras de 2021.
Además, observó que no existe mandato constitucional alguno referente a la creación de un mecanismo de protección para periodistas ni defensores de derechos humanos.
El presidente de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET), Pablo Morales Cruz, recordó que este gremio, desde que iniciaron los trabajos respectivos, se pronunció a favor de que el ente de protección sea autónomo. Esa propuesta fue presentada hace más de un año por el entonces dirigente de la organización, Moisés Morales del Razo.
Durante el foro, casi la totalidad de los panelistas cuestionó los actos de represión del gobierno de Lorena Cuéllar a manos de policías estatales y en contra de integrantes de diversos sindicatos que han formado el Frente Unido de Trabajadores en Defensa de los Derechos Laborales, quienes se oponen a la privatización de los servicios médicos a que tienen derecho.
Incluso, propusieron a la diputada local priista, Diana Torrejón –convocante del foro- que haga un exhorto a la mandataria para que cese los actos de represión.
También cuestionaron el silencio de la CEDH ante las agresiones sufridas por grupos inconformes con las decisiones arbitrarias del gobierno de Tlaxcala.