sábado 18 mayo 2024
14 abril, 2024
(Fabián Robles/15 de abril 2024) La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no cuenta con ninguna denuncia penal relacionada con el fallecimiento masivo de perros registrado el pasado 12 abril en calles de Huamantla.
La dependencia confirmó a este medio ese dato, pero no precisó si abrió o no alguna investigación de oficio, como lo prevé el Código Penal de Tlaxcala.
Según la Coordinación de Bienestar Animal -adscrita al gobierno de la morenista Lorena Cuéllar- serían “más de 50” ejemplares muertos, presuntamente por envenenamiento; pero esa cifra no es real, a decir del pevemista Juan Salvador Santos Cedillo, quien en su Facebook personal sostuvo que solo fueron “cinco o seis, y no 50”.
Por su parte, el gobierno de Huamantla informó a través de sus redes sociales que “los hechos ocurrieron (…) cuando se reportaba la presencia de perros aparentemente intoxicados en la vía pública, por lo que personal del ayuntamiento acudió al lugar y confirmó la presencia de los caninos los cuales perdieron la vida aparentemente por la posible ingesta de alimento envenenado”.
Sin dar a conocer el número de animales encontrados muertos ni las calles donde los localizaron, precisó que “la coordinación de Servicios Públicos Municipales retiró de manera segura el alimento encontrado en la zona y que pudo estar envenenado, con el objetivo de evitar más muertes de perritos”.
Sin embargo, el ayuntamiento -ahora presidido de manera interina por Luz María Calva Pimentel- no dio a conocer qué hizo con ese alimento supuestamente envenenado, ni tampoco con los restos de los canes, lo que representa una grave omisión.
También dio a conocer que “ante esta situación, el gobierno municipal de Huamantla realizó los trámites para presentar una denuncia a través de la Clínica Biofílica Canina y Felina y la Unidad Canina, ante la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (Propaet) contra quien o quienes resulten responsables por estos terribles hechos”.
Jorge Ignacio Martínez Castro, vocero del Observatorio Ciudadano de Protección Animal (OCPA), cuestionó la ignorancia del ayuntamiento de Huamantla, y precisó que la denuncia penal respectiva tuvo que interponerse ante la dependencia encabezada por Ernestina Carro, y no en la Propaet.
“Eso tenía que hacerse ante la PGJE para que se hiciera el aseguramiento de los animales y del alimento supuestamente envenenado porque quien debe preservar las evidencias es la PGJ y los cuerpos (de los canes) porque se trata de un delito”, subrayó.
De acuerdo con la fracción I del artículo 435 del Código Penal de Tlaxcala, se consideran actos de maltrato o crueldad animal “causar la muerte de un animal injustificadamente”. Además, la fracción V establece como causal “provocar la ingesta o aplicar alguna substancia u objeto tóxico, que pongan en peligro la vida de un animal o le provoque la muerte”.
En tanto que el artículo 439 de ese código prevé que “los delitos previstos en este capítulo (de los delitos contra la vida, la integridad y la dignidad de los animales, incluidos en el código referido) se perseguirán por querella que presente la persona propietaria o quien tenga a su cargo o cuidado el animal involucrado, salvo que se cometan por el propietario o custodio del animal, en caso de que el animal carezca de propietario o custodio, se perseguirán de oficio”.
ES LA TERCERA MUERTE MASIVA DE PERROS EN SITUACIÓN DE CALLE
Tras conocer esos hechos, el Observatorio Ciudadano de Protección Animal (OCPA) recordó que esta es la tercera vez que suceden muertes masivas de canes en Huamantla: la primera fue el 30 de enero de 2022 y la segunda el 10 de junio de 202 “y también hay que recordar que el 26 de febrero de 2022, policías municipales a bordo de una patrulla, atropellaron y mataron a un perro en la calle”.
Advirtió que, en el Diagnóstico de la Atención de Denuncias por Maltrato Animal en los Gobiernos Estatal y Municipales, que emitió el OCPA en mayo de 2023, el ayuntamiento de Huamantla centró la información que proporcionó en lo referente a la captura de animales en situación de calle.
Refirió que, del 24 de febrero de 2022 -fecha en que entró en vigor su Reglamento para la Tenencia Responsable de Perros y Gatos-, a marzo de 2023, reportó que 547 animales de compañía se entregaron al Centro de Atención Canina y Felina Estatal; es decir, se trató de animales que, en situación de calle, fueron capturados “y cuyo fin, al no ser reclamados por sus responsables, fue su matanza”.
El observatorio apuntó que, si bien es cierto que, el ayuntamiento en 2023 creó una clínica canina y felina, “esta es solo una de las acciones que, conforme a las directrices de la Organización Mundial de Sanidad Animal, se deben de implementar para el manejo de las poblaciones de perros”.
Sin embargo, reprochó que el ayuntamiento de Huamantla, a la fecha, no ha dado cumplimiento a lo que se establece en el artículo 5 de su propio reglamento municipal que le obliga a “realizar un censo poblacional de perros y gatos sujetos a la posesión de las personas”.
Según lo establecido en el artículo segundo transitorio de dicho ordenamiento, el ayuntamiento, en un lapso de 30 días, a partir de la publicación de su reglamento, “tenía que haber puesto en marcha los planes y estrategias para cumplir con estas disposiciones, incluyendo la concientización en los diferentes niveles educativos”.
Por esas omisiones, el OCPA exhortó al ayuntamiento para que integralmente atienda la problemática social de animales en situación de calle, ciñéndose a las atribuciones de las dependencias del gobierno estatal, ya que, si bien se ha coordinado para esterilizaciones con el Centro de Atención Canina y Felina Estatal, no ha trabajado con la Coordinación de Bienestar Animal (CBA), que es la encargada de las políticas públicas en materia de animales domésticos.