viernes 5 junio 2026
4 junio, 2026
(Faro Noticias/4 de junio 2026) Una investigación de POPLab y Connectas — elaborada por los periodistas Kennia Velázquez, Mónica Cerbón y Arnoldo Cuéllar — permitió saber que el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros ha gastado más de 81 millones de pesos en el sistema de videovigilancia con reconocimiento facial que opera el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i).
De acuerdo con ese reportaje, la administración de la expriista habría pagado esa cantidad por esos servicios a Seguritech Privada “el mayor proveedor de tecnología de seguridad para gobiernos en México, que desde 2012 ha recibido más de 52 mil millones de pesos (USD 3.007 millones) en contratos con al menos 37 gobiernos estatales y municipales” de toda la República.
En el estado, el sistema de videovigilancia con reconocimiento facial —integrado por dos mil 209 cámaras, según ese texto periodístico— opera en sitios públicos e instituciones gubernamentales, como por ejemplo en los Centros de Reinserción Social (Cereso) de Apizaco y Tlaxcala, así como en el mismo despacho que ocupa Cuéllar Cisneros en Palacio Gobierno.
Incluso, la oficina que ocupa la morenista cuenta con su propio “aviso de privacidad integral” relacionado con el sistema de videovigilancia para la protección de datos personales y de la “imagen de quienes ingresan y transitan por las instalaciones del despacho de la gobernadora, entendiéndose como imagen a la representación gráfica de las características físicas de una persona”.
Según ese documento, las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales son: preservar la seguridad de las personas que ingresan, permanecen o transitan en las instalaciones; proteger los bienes materiales e infraestructura del lugar; prevenir, detectar y, en su caso, investigar actos que pudieran constituir una conducta ilícita o infracción administrativa; dar seguimiento a incidentes o situaciones que requieran atención por parte de las autoridades competentes; y cumplir con obligaciones legales y normativas relacionadas con la seguridad.
Aunque en muchas ocasiones la administración morenista ha presumido la compra de equipo y tecnología para fines de seguridad, según la investigación de POPLab y Connectas “el gobierno estatal clasificó como reservada la información sobre el funcionamiento y los costos del sistema; sin embargo, los registros financieros revisados para esta investigación documentan pagos por más de 81 millones de pesos (USD 4.5 millones) a la empresa (Seguritech Privada) por ese concepto”.
El 26 de enero de 2024, la Secretaría de Finanzas —de acuerdo con documentos obtenidos por Faro Tlax Noticias— recibió las solicitudes con folios 291216024019 y 291216024031, en las que una persona pidió los contratos en versión pública con la persona moral Seguritech Privada SA de CV o Seguritech durante los años 2021 y 2022, así como los datos del sujeto obligado que realizó la compra.
La respuesta de la Secretaría de Finanzas fue que “no se localizó evidencia documental alguna de que esta dependencia hubiera celebrado contrato alguno que se haya derivado de algún proceso de adquisición celebrado durante el periodo mencionado” con la empresa referida.
El 3 de septiembre de 2024, en una entrevista concedida a Diego Badillo para el periódico “El Economista”, la gobernadora presumió la puesta en marcha del C51 —inaugurado a finales de mayo de 2023— considerado como el “videowall más grande del país”, con 2 mil cámaras de vigilancia y 37 centros municipales de Control y Comando, que han servido para “esclarecer delitos de diversos tipos, incluidos los que tienen su origen en estados vecinos. El otro día hasta pudimos localizar una vaca que se le había perdido a un señor”.
“Seguritech Privada funciona como el principal nodo de recepción y dispersión de recursos dentro de la red de empresas vinculadas entre sí por accionistas comunes, entre los que se encuentran empleados de la compañía”, precisaron los periodistas en su trabajo titulado “La rentabilidad del miedo”, una investigación sobre cómo se gasta el dinero destinado a combatir la violencia, a quién beneficia y por qué es tan difícil saberlo.
Los documentos para ese reportaje de POPLab y Connectas “fueron recibidos por los periodistas a través de fuentes confidenciales y verificados de forma independiente mediante solicitudes de acceso a la información, registros públicos y contraste con fuentes primarias”.
Aquí se puede leer completa esa investigación periodística https://poplab.mx/especiales/seguritech-la-rentabilidad-del-miedo-camaras-videovigilancia-mexico/