viernes 31 julio 2026
30 julio, 2026
(Faro Noticias/30 de julio 2026) Tras considerar que, “dolorosamente el estado de Tlaxcala sigue siendo afectado por redes de trata con fines de explotación sexual”, organizaciones y especialistas demandaron al gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros que aplique la Ley Nacional de Extinción de Dominio “a todos los bienes utilizados para cometer el delito o que sean producto de éste”.
En un pronunciamiento con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas —que se conmemora cada 30 de julio— exigieron que la extinción de dominio sea a hoteles, moteles, automóviles, casas y cuentas bancarias, entre otros bienes de proxenetas, “y que se garantice que dichos recursos se destinen prioritariamente a la reparación integral del daño de las víctimas”.
Recapitularon que, si bien el gobierno ha informado la obtención de 37 sentencias condenatorias durante la actual administración —aunque ha reconocido que corresponden a investigaciones iniciadas en administraciones anteriores— “no se ha aplicado la extinción de dominio en ningún caso; es decir, que no se ha generado la pérdida de los derechos de propiedad sobre los bienes utilizados para cometer el delito de trata de personas o que fueron producto de éste”.
Encabezadas por el Centro Fray Julián Garcés consideraron que, sin afectar los bienes y las ganancias obtenidas mediante la explotación sexual, “no puede hablarse de un verdadero desmantelamiento de las redes de trata”.
También reprocharon al gobierno estatal que no informa sobre las características de los tratantes sentenciados ni sobre la existencia de un programa específico de reinserción social que evite la reproducción y sofisticación de sus prácticas.
Más grave aún, dijeron, no se informa cuántas víctimas fueron atendidas, cuáles son sus edades y lugares de origen, si obtuvieron la reparación integral del daño ni qué medidas de no repetición ha implementado el Estado.
Lo anterior, acusaron, es resultado de una inadecuada aplicación de la legislación y las políticas públicas existentes en el ámbito internacional, nacional y estatal.
Además, externaron su preocupación por las contradicciones del propio gobierno ya que durante 2023, 2024 y 2025 la Fiscalía General de Justicia del Estado no reportó casos de trata al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y en 2026 sólo ha iniciado seis carpetas de investigación: cuatro por explotación sexual y dos por pornografía infantil.
“Esto contrasta con la información obtenida mediante solicitudes de acceso a la información, según la cual, entre enero de 2021 y junio de 2025, la propia Fiscalía atendió a 53 víctimas de trata con fines de explotación sexual”, recordaron.
Organizaciones y especialistas también consideraron que los operativos contra la trata revictimizan a las mujeres y mantienen en la impunidad a los tratantes.
Como ejemplo señalaron que el pasado 17 de julio, el gobierno del estado realizó un operativo para identificar víctimas de trata que resultó en el cierre de nueve moteles debido a que presentaron irregularidades administrativas y sanitarias.
“Como ocurrió en sexenios pasados, estos operativos vuelven a centrarse en investigar a las víctimas y, por tanto, en revictimizarlas. Así, en este operativo no se logró la atención y protección de las víctimas, ni la detención de tratantes ni tampoco el cierre definitivo de los lugares de explotación que, una vez cubiertas las deficiencias de salubridad y administrativas, se reabrirán”, lamentaron.
Cuestionaron que la campaña “Se Trata de todas y todos” sea limitada respecto de la prevención porque esta última “no consiste únicamente en alertar a las mujeres para evitar que sean captadas; requiere cuestionar las masculinidades que forman tratantes y consumidores, la demanda de prostitución y la tolerancia social e institucional que normaliza la explotación sexual”.
Reprocharon que el gobierno estatal ha intentado justificar sus acciones contra la trata de mujeres a partir de programas federales como los Centros Libres para las Mujeres, aunque depender del presupuesto federal “es un grave error”, pues puede perderse como ocurrió con los libros de “Apuntes para la trata de personas” que se publicarían por parte de la Secretaría de Educación Pública del Estado.
Recordamos que las redes de trata se han especializado en manipular a las víctimas y en hacer pasar la explotación sexual por una decisión libre, por lo que llamaron a población y medios de comunicación “a no normalizarla ni justificarla en nombre de una supuesta libertad, pues el consentimiento obtenido mediante el engaño, la manipulación afectiva, la violencia o el abuso de una situación de vulnerabilidad no convierte la explotación en libertad”.