martes 4 agosto 2026
3 agosto, 2026
(Juan Manuel Cambrón Soria/3 de agosto 2026) En días recientes se ha abierto un debate en torno a los derechos de las audiencias que a mi juicio merece una discusión mucho más profunda que la falsa disyuntiva entre estar a favor o en contra de ellos. Quienes respaldan los nuevos lineamientos que propone el gobierno, sostienen que éstos no representan una amenaza para la libertad de expresión, y los explican como una herramienta para proteger el derecho de las personas a recibir información veraz, diferenciada de la opinión y libre de engaños. Esa premisa desde luego que no tiene mayor desacuerdo, ya que los derechos de las audiencias existen, están reconocidos constitucionalmente y merecen ser protegidos. El verdadero debate no se encuentra ahí, la disyuntiva real es ¿quién decide cuando esos derechos han sido vulnerados y con qué límites ejercerá esa facultad?
En una democracia madura, las discusiones relevantes rara vez giran alrededor de las buenas intenciones. La historia demuestra que prácticamente todas las concentraciones de poder comenzaron invocando una causa noble. James Madison, uno de los padres del constitucionalismo moderno, escribió una frase que conserva plena vigencia: «Si los hombres fueran ángeles, ningún gobierno sería necesario. Y si los gobernantes fueran ángeles, ningún control sobre el gobierno sería necesario.» Esa idea resume la lógica que pervive en toda democracia, que las instituciones no se diseñan sobre la confianza en quienes gobiernan, sino sobre la necesidad de limitar su poder.
Desde este razonamiento resulta insuficiente afirmar que los derechos de las audiencias son compatibles con la libertad de expresión. Claro que lo son, nadie con seriedad sostendría lo contrario. El punto de discusión surge en el instante en que el poder y quienes lo detentan, pretenden adquirir facultades para definir qué información fue suficientemente contextualizada, cuándo una opinión pudo inducir a error o si un contenido cumplió los estándares que la autoridad considera adecuados.
No es un asunto menor y tampoco es una exageración. Existe una diferencia fundamental entre reconocer un derecho y concentrar en el gobierno la capacidad de interpretar sus alcances; y es en esa diferencia que se explica por qué las democracias construyen organismos independientes, tribunales autónomos y sistemas de pesos y contrapesos; no porque desconfíen de un gobierno en particular, sino porque desconfían de cualquier poder que carezca de límites.
La discusión ocurre en un momento en el que México ha visto desaparecer diversos órganos autónomos, mientras muchas de sus funciones regresan a estructuras cuya integración depende, directa o indirectamente, del poder político, del gobierno en turno. Analizar los nuevos lineamientos sin considerar ese entorno equivale a estudiar únicamente el texto de una ley e ignorar quién la aplicará y bajo qué condiciones.
Algunos responderán que un gobierno democrático jamás utilizaría esas facultades para inhibir voces críticas. Ojalá siempre fuera así. Pero las leyes no se redactan pensando en los gobernantes que hoy nos inspiran confianza; se redactan pensando en aquellos que algún día podrían abusar de ellas. Ésa es la razón por la cual las constituciones distribuyen el poder en lugar de concentrarlo.
Imaginemos por un momento el escenario inverso. Supongamos que dentro de algunos años esas mismas facultades estuvieran en manos de un gobierno del PAN como el de Calderón, del PRI de Alito, o de cualquier otra fuerza política. ¿Seguiría la misma defensa entusiasta de que sea el Estado quien determine cuándo un periodista contextualizó correctamente una noticia o cuándo una entrevista pudo afectar el derecho de las audiencias? Si la respuesta genera dudas, queda claro que el dilema es de fondo respecto del diseño institucional, y no de forma, al señalar al partido que gobierna.
Defender los derechos de las audiencias no implica convertir al gobierno en árbitro de la verdad. Significa fortalecer el profesionalismo periodístico, exigir transparencia, promover la alfabetización mediática, garantizar el derecho de réplica y construir mecanismos verdaderamente independientes para resolver controversias. Una sociedad mejor informada se construye formando ciudadanos críticos, no ciudadanos tutelados.
La libertad de expresión y los derechos de las audiencias no son enemigos. De hecho, se necesitan mutuamente. La primera garantiza que existan muchas voces; los segundos buscan que esas voces actúen con responsabilidad. El riesgo aparece cuando el poder político deja de ser un actor sujeto al escrutinio público para convertirse, además, en quien decide cómo debe ejercerse ese escrutinio.
Hay además un elemento del que poco se habla. Los ciudadanos también tenemos responsabilidades. El derecho a recibir información de calidad no elimina el deber de contrastar fuentes, verificar datos, escuchar distintas versiones y construir un criterio propio. Una sociedad que aspire a ser madura no se sostiene únicamente sobre medios responsables o gobiernos respetuosos; se sostiene, sobre todo, sobre ciudadanos críticos e informados. Pretender que el Estado sustituya esa responsabilidad equivale a asumir que la sociedad necesita un tutor para distinguir entre la verdad y la mentira, es aceptar que la verdad debe estar bajo tutela del gobierno, y eso desde donde se le mire, es un retroceso democrático.