sábado 18 mayo 2024
2 agosto, 2023
(Fabián Robles/2 de agosto 2023) En una clara muestra de desdén, después de escuchar algunas intervenciones de panelistas, Aldo Eduardo Chávez Juárez, representante de la ombudsperson Jakqueline Ordóñez Brasdefer, abandonó el Foro de Análisis de la Ley para la Protección Integral a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala, celebrado este miércoles en el Congreso local.
El coordinador de estudios, divulgación y capacitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) dejó el Patio Vitral del recinto legislativo donde se llevó a cabo el foro, no sin antes presentar las propuestas de la presidenta de ese organismo autónomo para enriquecer la iniciativa de ley en la materia.
El licenciado en derecho y maestro, solo se dio tiempo para escuchar las intervenciones de cuatro panelistas, y se fue en el momento que la activista Silvia Avelina Nava presentaba sus propuestas.
Pero su ausencia no pasó desapercibida para varios de los asistentes quienes -consultados por este medio- criticaron ese acto y también la inasistencia de Ordóñez Brasdefer, además de cuestionarla que para acompañar a distintas actividades intrascendentes a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros sí tenga tiempo, pero no para este tema de relevancia.
La propuesta presentada por el empleado de la CEDH incluyó tres puntos: lenguaje inclusivo, elección de la persona titular de la dirección ejecutiva del sistema y el mecanismo, así como en materia de delitos en la normativa.
En el caso de la primera, sostuvo que “el lenguaje incluyente, y no sexista, es un asunto de derechos humanos que contribuye a la construcción de la igualdad sustantiva y la no discriminación de todos los grupos sociales”, de ahí “la necesidad de transformar los estereotipos de género, los usos y las prácticas culturales que discriminan a las mujeres y que representan obstáculos para el ejercicio de los derechos humanos”.
Refirió que fue necesario revisar a detalle la estructura gramatical de la norma propuesta “para optimizar su contenido sintáctico”.
Sobre la segunda propuesta, Chávez Juárez consideró que las funciones de quien tenga a su cargo la dirección ejecutiva del sistema y el mecanismo, “deben estar revestidas de la legitimidad que inspire el proceso de selección al que se vea sometida la persona que se elija para tales fines”, y eso solo es posible “si la elección se da en el marco de la comparecencia —ante una comisión ad hoc para ese fin integrada por el Congreso del Estado—, de quienes aspiren a esa posición”.
Con respecto a la última sugerencia, apuntó que “la tipología de los delitos especiales tiende a requerir una ley específica, o su integración en el Código Penal”.
Además, se propuso considerar “una exposición de motivos que plantee la realidad de los activistas y periodistas en su número de asociaciones, número de integrantes y planteamiento de necesidades”.