miércoles 18 junio 2025
15 agosto, 2023
(Fabián Robles/16 de agosto 2023) La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros ignoró las preguntas de un reportero sobre el exencargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Ángel Gilberto Zamora, funcionario en Tlaxcala presuntamente vinculado a Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por sus nexos con narcotraficantes.
Luis Valdés, del periódico 24 Horas –que durante los últimos días ha informado sobre la crisis que se vive en la SSC- trató de entrevistar a la mandataria a su salida de Palacio Nacional, luego de asistir este martes a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que presentó un informe sobre la rehabilitación de inmuebles dañados por los sismos de 2017 en Tlaxcala.
Sin embargo, la mandataria no hizo caso de las preguntas y, escoltada por un par de hombres, abordó una camioneta blanca para luego irse.
En la conferencia mañanera del pasado 1 de agosto, el mismo periodista de 24 Horas preguntó a López Obrador sobre el nombramiento en Tlaxcala de Ángel Gilberto Zamora, quien fuera encargado de Logística y Relaciones Públicas en la oficina del entonces secretario de Seguridad (2007-2010) en el sexenio de Felipe Calderón. https://www.24-horas.mx/2023/08/01/amlo-revisara-nombramiento-de-excolaborador-de-garcia-en-el-gobierno-de-tlaxcala/
Ante el cuestionamiento, el presidente solo atinó a responder que, en ese momento, no podía contestar porque no contaba con la información respectiva; sin embargo, dijo que investigaría “de qué se trata” para luego atender la solicitud del reportero.
Hasta la fecha, han pasado ya 15 días sin que el jefe de la nación responda sobre los posibles nexos de Ángel Gilberto Zamora con Genaro García Luna.
Ese hombre –quien llegó en septiembre de 2021 a la SSC de Tlaxcala de la mano de Alfredo Álvarez Valenzuela, prófugo de la justicia desde noviembre de ese año por su posible participación en un delito federal- quedó como encargado de despacho, tras la salida intempestiva de Ramón Celaya, quien dejó aventado el cargo luego que cinco de sus cercanos colaboradores fueron detenidos por el delito de extorsión agravada.
Tampoco la gobernadora Lorena Cuéllar ha hablado sobre los posibles nexos del ahora exencargado de despacho de la SSC.
OTRA PROMESA INCUMPLIDA DE AMLO
La promesa incumplida de Andrés Manuel López Obrador de investigar posibles actos indebidos por parte de personajes políticos de Tlaxcala, no es nueva.
En la conferencia mañanera del miércoles 31 de julio de 2019, el periodista Daniel Blancas del diario Crónica cuestionó al presidente de la República sobre la imposición de María del Carmen Ramírez García como titular de la Coordinación de Atención Integral de la Frontera Sur.
La pregunta del reportero fue en el sentido de si ese cargo fue asignado a la exsenadora solo por ser la esposa del exgobernador perredista de Tlaxcala y hoy morenista, Alfonso Sánchez Anaya, en un acto de amiguismo, dada la amistad y cercanía que presume el expriista con el tabasqueño.
En respuesta, López Obrador dijo desconocer si Ramírez García fungía como responsable de la coordinación referida, aunque aseguró que durante su administración no permitiría el “amiguismo, el influyentismo, ni el nepotismo”, además que esa área estaba –al menos hasta ese día- en la mira de desaparecer.
Incluso, el mandatario federal prometió que investigaría al respecto y revisaría la existencia de algún conflicto de interés, dado que Alfonso Sánchez Anaya, por aquellas fechas, ocupaba un alto cargo en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en ese entonces a cargo de Alfonso Durazo.
El día de esa conferencia, el presidente trató de justificar la permanencia de Sánchez Anaya y Ramírez García en su administración, al referir que “hay parejas con experiencia que trabajan en diferentes áreas y pueden ayudar. Lo que está mal es que trabajen en la misma área o que sea por influyentismo y que no tengan experiencia”.
Que se sepa, María del Carmen Ramírez no contaba con ninguna experiencia para estar el frente de la Coordinación de Atención Integral de la Frontera Sur, en la que –al menos hasta julio de 2019- percibía un sueldo de 122 mil 512 pesos mensuales.
A cuatro años de ese cuestionamiento, todavía el jefe del Ejecutivo no ha dado a conocer los resultados de su “investigación” sobre el tema.
Un día después del cuestionamiento del reportero de Crónica –es decir el 1 de agosto de 2019-, la Secretaría de Gobernación emitió el comunicado número 46/2019 en el que dio a conocer que dicha coordinación “se encuentra a cargo de María del Carmen Ramírez García, debido a su perfil profesional, formación académica y conocimientos en esta materia”.
Incluso, en ese mismo boletín se dio cuenta que la instancia referida contó para ese año con un presupuesto de 43 millones 547 mil 662 pesos para las labores, en ese momento, de apoyo “a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y a la asistencia humanitaria en la frontera sur del país”.
Desde mediados de diciembre de 2019, el mismísimo presidente de la República ordenó investigar si en su gobierno permanecían funcionarios que hubiesen tenido relación alguna con el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, para proceder, en consecuencia, a “una limpia”.
Como resultado de esa orden, a mediados de agosto de 2020, López Obrador dio a conocer que ya 30 personas habían sido cesadas de la administración pública federal por estar ligadas, de alguna u otra manera, a García Luna.
En ese proceso de “limpia”, se desconoce si el matrimonio de Alfonso Sánchez Anaya y María del Carmen Ramírez García fue investigado por la relación que tuvieron con el policía federal Edgar Enrique Bayardo del Villar, cuando el entonces perredista gobernó Tlaxcala.
Según la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Bayardo –quien fungió como subprocurador en Tlaxcala en los primeros años del gobierno sanchezanayista y con el que floreció la industria del secuestro en la entidad- fue hombre de toda la confianza de Genaro García Luna y enlace con el narcotraficante Jesús “El Rey” Zambada García.
Casi a finales de octubre de 2008, Bayardo del Villar fue aprehendido por sus vínculos con el narcotráfico, a cuyos líderes filtraba información de la entonces PGR y la SSP a cambio de 25 mil dólares mensuales.
Después de convertirse en testigo protegido –mecanismo en el que adoptó el mote de “Tigre”- Édgar Enrique Bayardo del Villar fue ejecutado por el crimen organizado en un Starbucks de la Colonia del Valle en el Distrito Federal el 1 de diciembre del año 2009.