martes 17 junio 2025
16 junio, 2025
(Fabián Robles/17 de junio 2025) En México diariamente, en promedio, son asesinadas diez mujeres, según el informe del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), presentado Informe al Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ante la décima evaluación al Estado mexicano.
En el documento se añade que, de acuerdo con cifras oficiales, de 2015 a abril del año 2025 fueron privadas de la vida 34 mil 715 mujeres, adolescentes y niñas, “pero sólo 24.6% de los casos se investigan como feminicidio”.
Además, se indica que el gobierno federal, a través del Registro Nacional de Personas desaparecidas y No localizadas, informó que a la fecha registra un total de 29 mil 509 mujeres desaparecidas y no localizadas.
Lo anterior evidencia que “en México persiste un escenario de violencia e inseguridad en múltiples enclaves del país, la violencia de género contra las mujeres se ha incrementado y profundizado, mostrando el fracaso de las medidas y la militarización como la forma prevaleciente de combate a la inseguridad pública”.
En el informe —dado a conocer este lunes— se recuerda que si bien en el año 2020 se creó el Grupo Interinstitucional de Estrategias contra las Violencias hacia las Mujeres, Niñas y Adolescentes (GIEV), coordinado por la Secretaría de Gobernación con la participación del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), “a partir de la extinción del primero y la desaparición del segundo, se carece de certidumbre jurídica en el seguimiento de las acciones derivadas de dicho grupo”.
También se cuestiona la implementación de un protocolo nacional de actuación policial en materia de violencia de género que, sin embargo, “no responde ni es suficiente frente al contexto de violencias graves: su enfoque es solo de violencia familiar”.
Otro punto importante es el referente al incremento, en los años recientes, de los ataques con ácido y sustancias corrosivas para dañar a las mujeres, considerados por la ONU como “una forma devastadora de violencia de género”.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, durante los últimos 12 años, al menos tres mil 354 mujeres han sido ingresadas a algún hospital luego de sufrir quemaduras por sustancias corrosivas, y en la mayoría de los casos los agresores son hombres.
“La respuesta del Estado deriva de la presión de las víctimas sobrevivientes para legislar violencia feminicida; sin embargo, no se han generado las políticas para prevenir, sancionar a los agresores feminicidas materiales o autores intelectuales”, se lamenta en ese informe.
GRAVES OMISIONES EN TLAXCALA
Con relación a Tlaxcala, en el informe se lee que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas como la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas y no Localizadas “continúan retardando hasta 72 horas la elaboración de fichas de búsqueda, especialmente de mujeres”.
Se precisa que, de enero de 2021 a diciembre de 2024, “se mantiene un total de 260 mujeres y niñas desaparecidas, activando únicamente diez Protocolos Alba y 23 Alertas Amber, lo que muestra la falta de perspectiva de género al omitir la relación de la desaparición de niñas y mujeres con otros delitos por razones de género como trata de personas con fines de explotación sexual, violencia familiar, violación o feminicidio”.
En el mismo periodo, al menos 18 mujeres con ficha de búsqueda fueron víctimas de feminicidio.
Lo anterior es una muestra clara de que las comisiones de búsqueda y las fiscalías especializadas “no tienen coordinación, ocasionando que la implementación de los mecanismos de protección y defensa no sean efectivos en la investigación y búsqueda inmediata de los casos de niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas”.
Por si fuera poco, las instituciones “no tienen protocolos claros y definidos para la búsqueda, teniendo un impacto negativo en su localización. Por lo que no hay un enfoque diferenciado, intercultural, de derechos humanos y género para la comprensión que se requiere en la problemática de desaparición”.
Ante esa situación se recomienda que las muertes violentas de niñas, adolescentes y mujeres deben investigarse bajo hipótesis de feminicidio; que las fiscalías y autoridades encargadas de la procuración de justicia refuercen sus capacidades técnicas y operativas a través de programas de fortalecimiento y procesos de capacitación efectivos; y la creación de un protocolo único nacional para investigar muertes violentas.
Con relación a la trata, en el informe referido se indica que “el Estado no ha documentado investigaciones por complicidad de agentes del (propio) Estado” involucrados en este delito.
Como (mal) ejemplo ponen a Tlaxcala, “con alta incidencia en trata de personas, donde es tolerada y negada por sus gobernantes. En 2023 y 2024 no hubo ninguna carpeta de investigación relacionada”.
En este caso recomiendan que haya protección y asistencia a las víctimas de trata; campañas de información, protección de derechos e identidad de las víctimas, atención integral y fortalecer el acceso a la justicia; que se destine el presupuesto suficiente para incrementar el número de inspecciones laborales, en especial, para los campos que utilizan a personas jornaleras agrícolas y que pueden ser víctimas de trata con fines de trabajo forzado.
También proponen fortalecer las fiscalías especializadas en materia de trata para realizar una investigación científica que pueda servir al Poder Judicial para la condena de las personas activas del delito de trata, aun cuando estén vinculadas con el crimen organizado; y fortalecer la creación de refugios especializados.