viernes 13 junio 2025
11 junio, 2025
(Faro Noticias/12 de junio 2025) De mediados de junio de 2021 al mismo mes de 2025, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) emitió un total de 33 recomendaciones —es decir apenas un promedio de ocho por año— “como fin último para exigir correcciones y reconocimiento de responsabilidad en materia de reparación integral por violaciones a los derechos humanos, atribuibles a las autoridades señaladas (sic)”.
Tan solo en el cuarto año del primer periodo de Jakqueline Ordóñez Brasdefer al frente del organismo —de junio de 2024 a mayo de 2025— solo fueron emitidas cinco recomendaciones particulares en agravio de tres mujeres y cuatro hombres, y cinco “oficios de observaciones”, según datos consultados del informe de labores respectivo.
De esas recomendaciones emitidas cuatro se dirigieron a autoridades de nivel municipal y solo una al estatal, de las cuales dos fueron aceptadas y tres se encuentran aún en proceso de respuesta, dentro del plazo establecido.
Los derechos humanos infringidos identificados en estas recomendaciones fueron: derecho a la legalidad y seguridad jurídica (cuatro casos), derecho a la propiedad y posesión (uno), derecho a las buenas prácticas de la administración pública (uno) derecho a la salud (uno), derecho a la vida (dos), y d la integridad y seguridad personal (uno).
Supuestamente el organismo “ha dado seguimiento riguroso a cada recomendación emitida, mediante visitas de verificación, requerimientos formales y colaboración con las autoridades competentes, asegurando el cumplimiento efectivo de las medidas recomendadas. Esta labor ha contribuido no sólo a la reparación del daño, sino también a la transformación estructural de prácticas institucionales que vulneran derechos, impactando positivamente en la prevención de nuevas violaciones”.
También durante el último año emitió 12 medidas cautelares, “con el objetivo de prevenir daños irreparables, proteger la integridad de personas en situación de riesgo y garantizar el respeto a derechos fundamentales, particularmente de niñas, niños y adolescentes, así como de personas usuarias de servicios públicos y representantes de medios de comunicación”.
Esas medidas cautelares fueron emitidas por distintas áreas sustantivas de la Comisión: Defensoría I (1 medida), Defensoría II (6), Defensoría VII (2) y la Visitaduría Especializada en Asuntos de Género y Contra la Trata de Personas (3 medidas). Algunas de estas actuaciones involucraron múltiples puntos preventivos dentro de una misma medida, elevando así su alcance protector.
Las medidas cautelares consistieron, en el ámbito escolar, en exhortar a personal directivo a abstenerse de actos de intimidación hacia una menor; se dictaron instrucciones para mejorar la seguridad perimetral en planteles, como el cierre de rejas durante clases y el control de ingreso de personas externas; se solicitó asegurar condiciones de higiene en instalaciones educativas para prevenir focos de infección; se garantizó el derecho a la alimentación mediante medidas correctivas a la provisión de alimentos escolares; y se gestionó la atención médica urgente en el Hospital Regional de Apizaco para una niña en condición de vulnerabilidad.
Además, para garantizar derechos de las niñas en casos de violencia escolar, el organismo ordenó que que un docente se abstuviera de tener contacto con una menor, como medida precautoria “ante señalamientos (sic)”; dispuso capacitación obligatoria en derechos humanos con enfoque en niñez y mecanismos de protección; y solicitó gestiones para el posible cambio de plantel, a fin de garantizar el derecho a la educación en condiciones dignas y seguras para la niña afectada.
Con ´respecto a la protección a la libertad de expresión y labor periodística se dirigieron medidas específicas a autoridades municipales de San José Teacalco, instruyéndoles abstenerse de obstruir la labor de representantes de medios de comunicación. Estas medidas incluyeron tanto mandatos a mandos policiales como advertencias institucionales a cualquier servidor público local, con el propósito de preservar la libertad de expresión y evitar represalias.
De manera complementaria, durante el periodo de referencia, el organismo emitió 93 “exhortos preventivos”, dirigidos a autoridades estatales y municipales, “en su mayoría con el objetivo de evitar la consumación de violaciones a derechos humanos, corregir prácticas institucionales inadecuadas y fortalecer la función pública con enfoque en derechos”.
De esos exhortos, 59 incluyeron un componente formativo, ya sea a través de cursos, talleres o capacitaciones, lo que representa 82% del total emitido. Esas acciones estuvieron orientadas principalmente al personal de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE-USET), autoridades municipales y funcionariado de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).
SE ACUMULAN QUEJAS
Durante los últimos cuatro años —en el primer cuatrienio de Jakqueline Ordóñez Brasdefer como presidenta del organismo—, se recibieron mil 372 quejas, a las que se suman 320 que estaban en trámite desde administraciones anteriores, lo que da un total de mil 692.
Según datos del cuarto informe de labores de la CEDHT, de esas quejas fueron tramitadas y concluidas mil 490 (88%) “por alguna causa prevista en la normatividad aplicable como la conciliación y mediación, la sanción del servidor público o exhortos preventivos, oficios de observaciones o por no ratificación, estando aún en investigación 202 (12%)”.
Tan solo entre junio de 2024 y mayo de 2025, el organismo registró 273 nuevas quejas, que se sumaron a las 354 que se encontraban en trámite al inicio del periodo referido, lo que dio 627 asuntos atendidos. Del total acumulado, 431 quejas fueron concluidas, lo que representa un avance procesal del 67.9%.
De esas 273 quejas, la CEDHT radicó 124 contra personas servidoras públicas del ámbito municipal, lo que representa 45.42% del total, y reflejan que “el primer nivel de gobierno sigue siendo el más señalado por presuntas violaciones a derechos humanos en la entidad”.
Al hacer el desglose correspondiente elementos de policía municipal fueron señalados en 51 casos (41.1% de las quejas municipales), alcaldes en 40 asuntos (32.2%), directores de policía municipal en nueve (7.3%) y presidentes de comunidad en ocho (6.4%). Las 16 quejas restantes se distribuyen entre jueces municipales, regidores, síndicos, personal del DIF, centros de salud y responsables de áreas como activación física, registro civil y obras públicas.
Entre las violaciones por estas autoridades municipales, destacan las relativas al derecho a la legalidad y seguridad jurídica en 72 casos (58.1%) en la actuación de las autoridades locales en cuanto al respeto al debido proceso, motivación y fundamentación de actos de autoridad, así como detenciones sin sustento legal.
Le siguen la vulneración del derecho a la integridad y seguridad personal (nueve), derecho a la igualdad y trato digno (ocho), derecho al trabajo (ocho), y el derecho al debido proceso (cinco).
Además, se reportaron afectaciones al derecho a una adecuada administración y procuración de justicia (siete) y al derecho de petición (seis), “lo que denota la persistencia de prácticas que inhiben la participación ciudadana y la transparencia institucional”.
El organismo autónomo también documentó 14 casos relacionadas con el derecho a una educación libre de violencia, presumiblemente en contextos de intervención municipal en entornos escolares o por omisión de medidas de protección. El derecho a una vida libre de violencia, el trato digno, y la no discriminación aparecen también entre los derechos afectados, aunque con menor incidencia.
CONCENTRAN 39 MUNICIPIOS LA MAYORÍA DE LAS QUEJAS
De las 273 quejas radicadas entre junio de 2024 y mayo de 2025, la CEDHT identificó que las presuntas violaciones a derechos humanos se distribuyeron en al menos 39 municipios de la entidad, “lo cual refleja una presencia extendida de problemáticas institucionales a nivel local”.
Entre los municipios con mayor número de registros destacan Tlaxcala (55), Apizaco (46), Huamantla (11), Calpulalpan (nueve), San Pablo del Monte (ocho), Zacatelco (ocho), Chiautempan (siete), Tlaxco(siete), San Pablo Apetatitlán (seis) y Tzompantepec (cuatro); en conjunto, esas demarcaciones acumulan más del 52% del total de quejas radicadas, “lo que revela una concentración significativa en zonas urbanas o con mayor densidad poblacional y actividad administrativa y en su mayoría en contra de seguridad pública”.
Otros municipios que también registraron quejas, aunque en menor medida, fueron Contla de Juan Cuamatzi, Papalotla y Muñoz de Domingo Arenas, con tres cada uno; Mazatecochco, Xaltocan, Zitlaltepec, Tetla, Cuapiaxtla y San José Teacalco, Totolac, Panotla y Xicohtzinco, con dos, respectivamente.
Con una están Texoloc, Tepeyanco, Zacualpan, Amaxac de Guerrero, Atlangatepec, Yahuquemehcan, Panzacola, Santa Isabel Xiloxoxtla, Nopalucan, Nanacamilpa, Acuamanala, Xicohtzinco, San Juan Huactzinco, Ixtacuixtla, Lazaro Cardenas, Acuamanala y El Carmen Tequexquitla.
Respecto de los canales de ingreso de las quejas, los datos muestran que la vía más común es la presentación en Oficialía de Partes con 207 registros, lo que representa 75.8% del total; otras 31 fueron presentadas directamente en las Visitadurías, 13 mediante comparecencia, seis a través de medios electrónicos u otros mecanismos, y 16 iniciadas de oficio.
Además, se realizaron cuatro mil 070 actuaciones de observador “desplegadas en espacios como audiencias judiciales y diligencias ministeriales para prevenir violaciones a los derechos humanos, garantizando la presencia imparcial de la Comisión. Esta diversidad de intervenciones se traduce en un modelo de defensa que no solo reacciona ante las violaciones, sino que previene su ocurrencia, promueve la reparación temprana y fortalece la confianza en la justicia no jurisdiccional”.
También el organismo presumió que, durante el ejercicio 2024–2025, “se registraron mil 720 audiencias concedidas (paralelas a los procedimientos de investigación), lo que representa no solo un indicador de confianza ciudadana, sino también un reflejo de la apertura institucional sostenida en los cuatro años de gestión”.
Añadió que, entre mayo de 2024 y junio de 2025, se radicaron 339 expedientillos, “los cuales constituyen expedientes paralelos (sic) al procedimiento formal de queja. Estos permiten una intervención activa e investigación previa, que puede derivar en una conclusión satisfactoria privilegiando los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC)”.
De esos, 335 fueron iniciados a petición de parte y cuatro de oficio por posibles violaciones de derechos humanos.
En el conteo del último cuatrienio, la CEDHT radicó un total de mil 299 expedientillos (205 en 2022, 481 en 2023, 274 en 2024 y 339 hasta mayo de 2025), “lo que evidencia un fortalecimiento progresivo en la capacidad de respuesta institucional (…) de los mecanismos de recepción, análisis y atención de quejas, así como la confianza creciente de la ciudadanía en esta institución como garante de sus derechos”.