sábado 7 marzo 2026
2 febrero, 2026
(Juan Manuel Cambrón/2 de febrero 2026) Hace unas semanas en el programa “Al Chile” que conduce el periodista Martín Rodríguez, con uno de los panelistas Gonzalo Pérez, abordamos el tema de la sobrerrepresentación en la Cámara Alta, yo decía que era artificial y avalada por el tribunal, mientras él defendía que era legal. Por cuestiones de tiempo no pude abundar en mi argumento, pero aprovecho este espacio para puntualizarlo.
La sobrerrepresentación legislativa no es un accidente del sistema, ni un error político o técnico; ocurre porque a quien gobierna le conviene, en su momento el PAN lo intentó y desde el PRD lo criticamos, pero como hoy el poder lo tiene Morena, le conviene y la legalidad suele estirarse hasta convertirse en coartada.
Aquí van los números, que cuando se desagregan, son sumamente reveladores. En la elección federal de 2024, Morena obtuvo alrededor del 42 % de la votación nacional, el Partido del Trabajo cerca del 3 % y el Partido Verde poco más del 8 %. En conjunto, la coalición oficialista sumó aproximadamente el 54–55 % de los votos. Del otro lado, la oposición integrada por PAN, PRI y PRD acumuló alrededor del 33–34 % de la votación, mientras que Movimiento Ciudadano obtuvo cerca del 10 %; es decir, cada una de las fuerzas políticas debería tener esa representación en las cámaras, respetando el espíritu del voto popular. Sin embargo, ese equilibrio relativo en las urnas no se reflejó en el Congreso: Morena pasó a tener alrededor de 253 diputaciones, el Verde más de 70 y el PT cerca de 45, para un total de alrededor de 370–375 curules de 500, eso significa, casi el 75 % de la Cámara con poco más de la mitad de los votos. La oposición, que concentró más de cuatro de cada diez sufragios, quedó reducida a una cuarta parte de los escaños. Esa distorsión no fue corregida: fue avalada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que validó una mayoría artificial desconectada de la proporcionalidad del voto ciudadano.
Hoy tenemos un Congreso que no expresa fielmente la pluralidad del país. Las urnas dijeron una cosa y la integración final dijo otra. No se trata de un debate técnico reservado a especialistas en Derecho Electoral: se trata de un principio democrático elemental. En una democracia, cada voto debe valer lo mismo, no más si es oficialista ni menos si es opositor.
El régimen, a través del partido oficial y sus aliados dóciles —PT y Verde— no entrará a discutir este tema. No porque no lo entienda, sino porque lo entiende demasiado bien. La sobrerrepresentación les permite gobernar con una mayoría inflada, legislar sin contrapesos reales y convertir al Congreso en una oficialía de partes del Ejecutivo. ¿Para qué modificar una regla que les garantiza control, comodidad y obediencia?
Hagamos un ejercicio honesto —y por eso incómodo—: ¿qué habría pasado si esta misma sobrerrepresentación se hubiera dado en tiempos de Peña Nieto en favor del PRI? Todos, sin excepción, hubiéramos puesto el grito en el cielo. Yo me incluyo. Habríamos hablado de abusos autoritarios, de fraude a la voluntad popular, de regresión democrática. Se habrían escrito columnas, convocado marchas y encendido micrófonos con indignación legítima.
Pero hoy, como el beneficio es propio, callan como momias. Donde antes había denuncia, hoy hay silencio; donde antes había exigencia democrática, hoy hay justificación legalista. El problema ya no es la sobrerrepresentación, sino quién la ejerce. Y ahí está la trampa: la democracia no puede depender del color del gobierno en turno. Y eso es lo que Morena instala en la discusión pública.
Por eso, si de verdad se quiere hablar de una reforma electoral seria —no de parches ni de simulaciones— este tema debe estar al centro del debate. La propuesta debe ser clara: acotar de manera estricta los márgenes de sobre representación, eliminar interpretaciones discrecionales y cerrar los huecos legales que permiten que el Poder Legislativo se infle desde los escritorios y no desde las urnas. Que ningún partido ni coalición tenga en el Congreso más poder del que realmente le otorgaron los votos; sin importar quién esté al frente del gobierno.
Además, debe cerrarse la puerta a la ingeniería electoral que convierte las coaliciones en atajos para burlar el espíritu de la ley. Si compiten juntos, que se asignen juntos; si quieren beneficios individuales, que compitan solos. Todo lo demás es trampa con membrete legal.
El Congreso no está para servir al régimen, sino para representar a la nación. Normalizar esta distorsión porque hoy beneficia a quienes gobiernan es aceptar que la democracia puede maquillarse cuando estorba. Y una democracia que acepta votos de primera y de segunda termina convirtiéndose en una ficción útil para el poder, pero peligrosa para el país.
La aritmética puede cuadrar en San Lázaro, aunque sea tramposa; lo que no cuadra es la legitimidad que meten con calzador; y cuando el régimen infla mayorías, tarde o temprano ignorará límites, lo cual ya está sucediendo.