viernes 6 marzo 2026
5 marzo, 2026
(Faro Noticias/5 de marzo 2026) En medio del silencio ignominioso de PVEM, MC, Morena, PT, Alianza Ciudadana, Nueva Alianza, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, solo Anabel Ávalos Zempoalteca (PRI), Adriana Dávila Fernández (PAN) y Juan Manuel Cambrón Soria (PRD) se pronunciaron por los supuestos pagos que habría realizado “El Mencho” a probables policías de Tlaxcala y exigieron una investigación a fondo para deslindar responsabilidades.
La noche del martes 3 de marzo, en su espacio informativo de Imagen Noticias, el periodista Nacho Lozano dio a conocer una nota —escrita a mano en una hoja rayada— que habría sido encontrada en una casa de seguridad vinculada al narcotraficante Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, en la cual aparecen datos de diversos gastos y supuestos pagos por casi 1 millón de pesos semanales a “40 muchachos” que, supuestamente, serían policías de Tlaxcala
La senadora priista por Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, advirtió que esa información “no puede tomarse a la ligera”, pues si se confirma su veracidad, entonces se comprobaría que el crimen organizado sí operaría en Tlaxcala, pese a la negativa del gobierno en turno.
“La negación no protege a las familias, el silencio no devuelve la tranquilidad”, expresó ante el pleno senatorial, luego de insistir en que la prioridad debe ser la seguridad de la población tlaxcalteca.
Apuntó que no se trata de generar alarma, sino de asumir con responsabilidad los hechos y actuar con transparencia frente a la ciudadanía, por lo que llamó al gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros a actuar con firmeza y determinación, sin titubeos.
DESDÉN OFICIAL
Ante el hallazgo de una posible nómina del narco en Tlaxcala, que fue denunciada en medios nacionales, la exlegisladora panista Adriana Dávila Fernández consideró que “un gobierno responsable ordenaría inmediatamente una investigación, pero ya sabemos que no es el caso en el gobierno de Lorena Cuéllar”.
Lamentó que el vocero de la administración morenista, Antonio Martínez Velázquez, desestimara su militancia partidista tras las críticas que hizo al gobierno estatal por este caso.
“Minimiza la denuncia, pero no solo eso: desdeña la evidencia periodística de un medio nacional como el de Nacho Lozano. Ambas cosas, no son suficientes para explicar el desastre en materia de seguridad que tenemos en el estado: siete secretarios en el sexenio, dicen más que su falso sarcasmo”, subrayó.
Dávila Fernández consideró que la información presentada por el periodista Nacho Lozano en Imagen Televisión “expone cómo los tentáculos del crimen organizado alcanzaron Tlaxcala, y es la confirmación de algo que veníamos advirtiendo”.
Señaló que esa noticia “es un recordatorio de que la negación oficial, el triunfalismo y la minimización del riesgo, terminan siendo formas de abandono que dejan a los ciudadanos expuestos a dinámicas que en Tlaxcala parecían imposibles”.
Preguntó: “¿Esto amerita una felicitación a la gobernadora, presidenta Claudia Sheinbaum Pardo? ¿Recuperar la tranquilidad del estado será una propuesta de campaña del candidato oficialista? ¿Tomará la tribuna del senado la legisladora que asegura que el pueblo la apoya?”.
Y concluyó con esta sentencia: “el silencio también es un mensaje”.
INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA
El dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Tlaxcala, Juan Manuel Cambrón Soria, consideró “preocupante” la información sobre la presunta existencia de una red de corrupción dentro de la policía estatal, supuestamente vinculada con el llamado cártel de las cuatro letras.
A nombre del Comité Ejecutivo Estatal del sol azteca demandó a las autoridades competentes una investigación “exhaustiva, imparcial y transparente” que permita esclarecer los hechos y, en su caso, sancionar a los responsables.
Coincidió con las posturas de Anabell Ávalos y Adriana Dávila, en el sentido de que ese tipo de señalamientos no deben minimizarse y planteó la necesidad de que las fiscalías generales de Justicia del Estado (PGJE) y la de la República (FGR), en el ámbito de sus competencias, abran una investigación a fondo para deslindar responsabilidades.
Insistió que el Estado debe actuar con firmeza y transparencia para garantizar la confianza de la ciudadanía, ya que el combate a la delincuencia y la seguridad pública deben ser una prioridad absoluta del gobierno, por lo que cualquier señal de corrupción o colusión debe investigarse sin titubeos.
Cambrón Soria demandó a las autoridades estatales y federales garantizar que las instituciones encargadas de la seguridad operen con legalidad, profesionalismo y compromiso con la sociedad.