sábado 7 marzo 2026
11 febrero, 2026
(Juan Manuel Cambrón/11 de febrero 2026) La semana pasada el Congreso del Estado aprobó por mayoría del oficialismo, una reforma a la Ley de Salud que, en los hechos, federaliza los servicios médicos en Tlaxcala y desaparece al organismo público descentralizado OPD Salud de Tlaxcala. El discurso oficial habla de armonización, gratuidad universal y mejor atención. Pero cuando se revisa a fondo, la pregunta obligada es otra: ¿esta reforma fortalece el sistema de salud o simplemente traslada el control al centro y promueve una mejora cosmética?
La reforma forma parte del modelo IMSS-Bienestar, ese que surgió tras el fracaso rotundo del INSABI que fue el que desmanteló el Seguro Popular. La idea que plantean es que la Federación asuma la operación del sistema estatal. En el papel suena bien: más recursos, servicios homologados y cobertura para quienes no tienen seguridad social. El problema es que en México ya hemos visto varias veces esta historia: cambios de modelo que prometen resolver todo, mientras los problemas de fondo —falta de médicos, medicamentos e infraestructura— siguen exactamente en el mismo lugar, se cambia para no cambiar.
Desde mi óptica, el punto más delicado es que con esta reforma, el estado pierde capacidad para diseñar y conducir su propia política de salud, Tlaxcala y los estados del país, pierden la conducción sanitaria de las entidades y las decisiones estratégicas se tomarán desde el centro del país, bajo prioridades nacionales que no necesariamente reflejan la realidad local. Y materia de salud, como en otros temas, la distancia entre quien decide y quien padece el problema siempre se traduce en lentitud, burocracia y falta de respuesta. La salud no puede y no debe administrarse desde un escritorio en la Ciudad de México, además ya vimos lo poco hábil que fue el gobierno federal en el manejo de la pandemia de Covid-19.
Además, la desaparición del organismo estatal ha generado una preocupación legítima entre el personal médico y administrativo. La transición al nuevo esquema federal abre dudas sobre estabilidad laboral, condiciones de trabajo, antigüedad y prestaciones; lo cual abre una puerta grande a la incertidumbre y es un golpe a quienes todos los días dedican su vida a cuidar la de los demás. Si los médicos, enfermeras y todo el personal que trabaja en hospitales, centros de salud, etc., no están o no se sienten tranquilos, no habrá pacientes bien atendidos.
Otro riesgo poco discutido es la dependencia. Al entregar la operación al esquema federal, nuestra entidad reduce su margen de maniobra. Si el flujo de recursos se retrasa, si las prioridades cambian o si el modelo enfrenta problemas, Tlaxcala tendrá menos capacidad de respuesta propia. Al centralizar el control, es evidente que también se centraliza la responsabilidad; sin embargo, los problemas seguirán siendo locales.
La federalización se presenta como una solución estructural, cuando en realidad el problema del sistema de salud es operativo: falta de personal, hospitales saturados, carencia de medicamentos y servicios insuficientes. Nada de eso se resuelve por decreto ni por cambio de modelo. Este modelo centralizado ya fracasó desde mediados del siglo pasado, y nuestro país transitó a la descentralización como mecanismo institucional que promueve eficiencia, no obstante, el régimen actual insiste en regresarnos 50 o 60 años en la historia.
Ojalá me equivoque y la reforma funcione y los servicios mejoren. Nadie puede estar en contra de que la gente reciba atención digna y oportuna. Pero la experiencia obliga a ser prudentes: en México, las grandes promesas de centralización suelen terminar en grandes decepciones, ya nos prometieron que tendríamos salud de primer mundo, ya hasta decretaron que la atención es mejor que en Dinamarca, ya solo hace falta que esas palabras salgan de los sueños de los funcionarios y se conviertan en realidad cotidiana para todas y todos. Perdone usted mi escepticismo, pero como decía José José, lo dudo.