sábado 7 marzo 2026
20 febrero, 2026
(Fabián Robles/20 de febrero 2026) Cuatro funcionarios de la Ciudad de México son acusados por colectivos de familias buscadoras como los probables responsables de graves actos de omisión en la localización de Elena Liliette Álvarez López que derivaron en que el cuerpo de esa mujer permaneciera durante casi nueve años en calidad de desconocida en una fosa común del Semefo de Tlaxcala.
Ayer, un grupo de inconformes se manifestó frente a la Comisión de Búsqueda de Personas en Ciudad de México donde exigieron no solo la destitución de cuatro funcionarios, presuntamente implicados, sino también que se les investigue para deslindar responsabilidades y que sean sancionados.
Esa joven desapareció el 20 de julio de 2017 en la Ciudad de México, pero apenas el 13 de febrero de este año la Fiscalía de Justicia capitalina notificó a familiares que la habían encontrado: su cuerpo estaba en el Semefo de Tlaxcala desde el 13 de agosto de 2017, fecha en que fue hallado en el municipio de Huamantla.
Desde esa última fecha, Elena López, madre de la víctima, se dio a la tarea de buscarla por cuenta propia.
En la Fiscalía de la CDMX le dijeron que ni siquiera existía una ficha de búsqueda de la mujer y también rechazaron la posibilidad de que, entre las personas reportadas como desaparecidos, se describiera a alguien con las señas particulares de Elena Liliette, pese a que sus restos ya habían sido hallados y notificados, vía oficio de colaboración, por autoridades tlaxcaltecas.
Los funcionarios señalados por su probable omisión en este caso —que, por cierto, siguen en el servicio público— son: José Antonio Ferrer, en ese tiempo encargado del Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes; la entonces titular de Locatel, Karina Graciela Moreno; el fiscal Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro en la CDMX (hoy titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tamaulipas), Willy Zúñiga Castillo; y quien fungía como agente del MP de homicidios, Laura Yazmín Hernández.
Durante la manifestación, los inconformes insistieron que, las omisiones inexplicables de esos funcionarios, propició que las autoridades de Tlaxcala no supieran que a esa mujer la buscaba su familia desde julio de 2017, y evidencian un patrón de negligencias que, probablemente, se repite en los casos de miles de cuerpos sin identificar en todo el país.
“¿Cómo se convierte un desaparecido en un caso de larga data? Se convierte cuando un MP pierde un oficio, cuando un perito no coteja una huella, cuando la colaboración entre estados es un papel muerto. O peor aún: cuando uno le niega a otro la información relevante”, posteó en sus redes sociales, Jaki Palmeros, fundadora del colectivo Una Luz en el Camino.
Advirtió que “la desaparición de larga data en estos casos, no la causó el crimen, la causó el Estado. Esta espera cruel nos ha causado enfermedades, ha deshecho nuestras economías y ha mutilado nuestros planes de vida”.
Insistió: “hemos vivido en un duelo suspendido porque alguien no hizo su trabajo. No aceptamos disculpas administrativas. Señalamos directamente a los responsables de las omisiones en el caso de Elena Liliette, quienes aún permanecen en funciones públicas”.
Consideró que los funcionarios implicados evidenciaron “su falta de capacitación y su desidia que mantuvieron a Helen (madre de la víctima) lejos de su familia por casi nueve años. Ya basta de simulaciones. El colectivo Una luz en el Camino exige su destitución inmediata, denuncia administrativa y garantías de no repetición. No permitiremos que otra familia pase casi nueve años esperando un cotejo que toma minutos”.
Jaki Palmeros también demandó “capacitación inmediata de todos los funcionarios que recauden oficios de colaboración. Plan integral de reparación del daño, que el Estado cubra el costo de la salud, la economía y el proyecto de vida de las familias devastadas por su negligencia, y acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos”.
Al organismo autónomo le exigió que, junto con la familia de Elena Liliette, “levanten una queja y emitan una recomendación”, además de que se emita un análisis sobre la crisis forense en la capital del país y se visibilice el número de casos más en los que funcionarios negaron la búsqueda de personas.