sábado 7 marzo 2026
24 febrero, 2026
(Fabián Robles/23 de febrero 2026) La ombudsperson Jakqueline Ordóñez Brasdefer llamó “a corregir de inmediato” las deficiencias en comunicación y coordinación entre autoridades de distintas entidades en casos de personas desaparecidas y evitar así que se repita una situación como la de Elena Liliette Álvarez López, cuyos restos permanecieron sin identificar durante casi nueve años en el Semefo de Tlaxcala debido a omisiones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Advirtió que “la falta de coordinación es más que un asunto administrativo”, por lo que, en el contexto de desapariciones en nuestro país, “ninguna institución debe actuar de manera aislada, ya que la desaparición de personas activa obligaciones reforzadas del Estado en materia de búsqueda, identificación y debida diligencia”.
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala(CEDHT) expresó “su preocupación” por ese caso y condenó que “la falta de coordinación” entre fiscalías retrasara la búsqueda y obstaculizara la investigación relacionada con la desaparición de esa mujer durante muchos años situación que, además, vulnera los derechos humanos de las personas y sus familias.
La víctima fue vista por última vez el 20 de julio de 2017 en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, alcaldía Benito Juárez, cuando se dirigía a su trabajo, procedente de Tecámac.
El 13 de agosto de ese mismo año fue hallada sin vida en el canal de agua Las Palmas, en inmediaciones de la carretera México-Veracruz a la altura del kilómetro 153+300 en el municipio de Huamantla, Tlaxcala.
Desde ese año, funcionarios de la Fiscalía de la CDMX incurrieron en graves omisiones que impidieron la localización de la víctima, pese a oficios de colaboración que, en su momento, giró la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Tlaxcala para identificar a la víctima.
Fue hasta el pasado 13 de febrero de este año cuando la familia fue notificada por la Fiscalía capitalina que los restos de esa mujer se encontraban en una fosa común del Semefo de Tlaxcala.
“En el contexto de desapariciones en nuestro país, ninguna institución debe actuar de manera aislada”, sentenció la ombudsperson, en un pronunciamiento sobre el caso.
Señaló que “la falta de intercambio oportuno de información entre instancias como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, así como con la Comisión Nacional y estatal de Búsqueda, puede derivar en demoras que afectan el derecho a la verdad y a la justicia de las familias”.
Al emitir un posicionamiento institucional dirigido a la FGJE de Tlaxcala “en atención a la preocupación social generada y con un enfoque preventivo y de fortalecimiento institucional”, puntualizó que la CEDHT “realizó gestiones informativas ante la propia Fiscalía, “a efecto de conocer las actuaciones llevadas a cabo y los procedimientos implementados” en coordinación las autoridades competentes de la Ciudad de México.
Ordóñez Brasdefer advirtió que, si bien la CEDHT no inició expediente alguno de queja por esos hechos, ya que las víctimas indirectas o sus familiares no procedieron, consideró fundamental “fortalecer los mecanismos de colaboración entre entidades federativas que aseguren el intercambio inmediato de información, especialmente en los ámbitos genético, forense y ministerial”.
También estimó pertinente “potenciar la interconexión real y eficaz de las bases de datos sobre personas desaparecidas y cuerpos no identificados, garantizando su actualización constante; y fortalecer los esquemas de coordinación y monitoreo interestatal, con procesos verificables y permanentes de seguimiento en aquellos casos que involucren a más de una entidad”.
La ombudsperson reiteró que la coordinación interinstitucional “debe entenderse como un deber permanente derivado de los artículos 1° y 20 constitucionales, así como de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por el Estado mexicano en materia de desaparición de personas”.
Reiteró la disposición del organismo para acompañar técnicamente la generación de acuerdos de colaboración, emitir las observaciones o recomendaciones que correspondan y promover estándares de debida diligencia reforzada, con perspectiva de derechos humanos, género e interseccionalidad.
Advirtió que “prevenir futuras violaciones implica fortalecer nuestras instituciones y consolidar una cultura de coordinación efectiva para avanzar hacia una colaboración sólida”.
Añadió que “la verdad y la justicia se construyen cuando las instituciones actúan de manera articulada, transparente y oportuna. Trabajando juntas, podemos garantizar respuestas más rápidas para que las familias encuentren respuestas”.