miércoles 18 marzo 2026
17 marzo, 2026
(Fabián Robles/17 de marzo 2026) La organización México Evalúa reportó que la cifra oculta de delitos —anteriormente conocida como cifra negra— en Tlaxcala fue de 91.89 por ciento durante 2024, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2025.
La información anterior se puede conocer en la llamada “Radiografía de la Impunidad en México: Hallazgos del Sistema de Justicia penal 2024”, presentada este martes, en la cual se informa que la media nacional durante el periodo referido fue de 92.85 por ciento.
La cifra oculta —antes cifra negra, según el cambio que realizó el Inegi a partir de la Envipe 2025— es la estimación de los delitos que ocurren, pero no se denuncian ni se investigan, o se denuncian, pero no se investigan.
“Son los casos que quedan sin una respuesta y, por lo tanto, implican impunidad. Así, para efectos de este estudio entendemos a la impunidad como: La incapacidad del Estado para investigar, procesar y sancionar delitos, así como para producir resultados efectivos en materia de justicia penal”, se precisa en el estudio.
La organización alertó que, con una cifra oculta de prácticamente 93 por ciento, un Índice de Impunidad Penal Institucional promedio del 89.4 por ciento y un rezago que se duplicó en cinco años, “México enfrenta una crisis de impunidad cuyas raíces son estructurales e institucionales”.
México Evalúa consideró que los resultados también muestran que “la ausencia de denuncia es un problema generalizado en el país (…) y este nivel tan reducido de denuncia sugiere que las cifras oficiales de incidencia delictiva en cualquier entidad no reflejan ni remotamente la magnitud real de la criminalidad”.
Se estima que 63% de las personas que no denuncian, lo omiten debido a desconfianza en las autoridades o porque creen que no sirve de nada.
El estudio también permite conocer el nivel de confianza de la población en las instituciones de seguridad pública. En el caso de Tlaxcala, 65.19 % cree en la policía de investigación; 54.09 % en la policía municipal; y 66.32 % en los uniformados estatales.
Con respecto a las instituciones de justicia y seguridad, 53.93 % de los tlaxcaltecas dijo confiar en los jueces; y 63.29 % en los ministerios públicos y en la Fiscalía local.
Sobre el Índice de Impunidad Penal Institucional —entendido como la incapacidad del Estado para investigar, procesar y sancionar delitos, así como para producir resultados efectivos en materia de justicia— México Evalúa concluye que Michoacán (67.68 %), Nayarit (73.07 %), Yucatán (74.23 %), Puebla (75.81 %) y Tlaxcala (85.56 %) destacan por una mejor transición de la investigación hacia la judicialización.
Lo anterior, precisa, “implica mayor eficacia en la integración de carpetas, y mayor probabilidad de llegar a una salida judicial o alternativa. Aunque no necesariamente resuelven más casos en términos absolutos, estos estados muestran un mejor equilibrio entre ingresos y salidas, lo que se traduce en menor acumulación de rezago relevante para el indicador, y mayor capacidad de cerrar casos dentro del periodo de observación”.
Otro dato que aporta el estudio es el relativo al porcentaje de carpetas de investigación abiertas respecto al número de llamadas de emergencia que para Tlaxcala quedó de la siguiente manera: 87 mil 807 reportes por temas de seguridad al 911 y 089; indagatorias ingresadas, tres mil 416; y porcentaje de carpetas iniciadas respecto de llamadas de emergencia, 3.89.
En el apartado relacionado a sentencias —que incluye las concluidas por procedimiento abreviado y juicio oral— México Evalúa refiere que 90.7 % fueron condenatorias y 9.3 % absolutorias
Del total de casos que incluye las carpetas ingresadas en 2024 y las pendientes de años anteriores para Tlaxcala 3.57 % fueron enviadas al archivo temporal, aunque debido a la falta de información que no proporcionó la autoridad respectiva fue imposible determinar a qué tipo de delitos corresponden esas indagatorias.
Sin embargo, la existencia de archivos temporales significa que “el caso deja de avanzar hacia la identificación de responsables, el ejercicio de la acción penal y una eventual sentencia, por lo que el delito queda sin sanción en el corto y mediano plazos”.
La organización precisó que aunque jurídicamente el archivo no extingue la acción penal ni cierra el caso, empíricamente sí incrementa la impunidad cuando se prolonga en el tiempo, ya que la probabilidad de reactivación disminuye conforme pasan los años, se deteriora la evidencia y se debilita el interés institucional y de las víctimas.