lunes 13 julio 2026
13 julio, 2026
(Juan Manuel Cambrón Soria/13 de julio 2026) La libertad de expresión es un derecho que los gobiernos presumen con facilidad, pero que con dificultad son capaces de garantizar. Proteger la libertad de expresión suele poner a prueba a los estados que se presumen democráticos, fundamentalmente en el momento es que un periodista exhibe la corrupción del poder o revela aquello que el gobierno preferiría mantener oculto. La libertad de expresión no es un privilegio de los periodistas, es un derecho; que se conjuga con el de los ciudadanos a estar informados.
El foro organizado por el Consejo de Medios de Comunicación y Periodistas de Tlaxcala (COMECOT), denominado Retos del Periodismo en el Contexto Electoral de Tlaxcala 2027, colocó en el centro del debate los riesgos que enfrentará el ejercicio periodístico rumbo al próximo proceso electoral, donde el Estado tiene una doble obligación. La primera, abstenerse de censurar. La segunda, mucho más compleja, garantizar que quienes investigan, denuncian y publican puedan hacerlo sin miedo a ser amenazados, perseguidos o asesinados.
Y es en ese renglón donde el Estado mexicano ha fracasado rotundamente. Durante los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, la violencia contra la prensa no disminuyó. De acuerdo con organizaciones especializadas en la defensa de la libertad de expresión, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum, más de medio centenar de periodistas han perdido la vida; cada uno de esos casos representa voces silenciadas. El caso más reciente y especialmente doloroso es el de la periodista veracruzana Roxana Guzmán Ramírez, quien fue privada de la libertad cuando un grupo armado irrumpió en su domicilio frente a su familia, para después se encontrada muerta con signos de violencia.
Lo que irrita e indigna, es que cada vez que ocurre un crimen de esta naturaleza, la reacción institucional de los gobiernos morenistas parece seguir un libreto: minimizar el trabajo periodístico de la víctima, explorar cualquier hipótesis distinta a su actividad profesional y convencer a la opinión pública de que se trata de un hecho aislado; es decir, la indolencia convertida en política pública. La obligación constitucional del Estado no consiste únicamente en investigar homicidios después de que ocurren; consiste en generar las condiciones para que nunca sucedan.
En Tlaxcala aún estamos lejos de los niveles de violencia que padecen entidades como Veracruz, Tamaulipas o Guerrero. Ojalá nunca lleguemos ahí. Pero sería ingenuo pensar que la libertad de expresión sólo se vulnera cuando aparecen las balas. Este derecho también se ataca desde el poder cuando se construyen campañas permanentes de descalificación contra quienes publican información incómoda; cuando la vocería gubernamental de Antonio Martínez decide quién hace “buen periodismo” y quién merece ser exhibido desde las conferencias oficiales; cuando la respuesta a una investigación periodística no consiste en aclarar los hechos, sino en desacreditar al periodista.
Y como diría el pueblo, para terminar de regar el tepache, resulta contradictorio que, mientras ocurre todo eso, exista una Oficina para la Protección de Personas Periodistas cuya presencia pública ha sido, por decir lo menos, decepcionante, inexistente, testimonial. ¿Dónde está esa oficina cuando desde el propio gobierno se estigmatiza a medios de comunicación? Sencillo, mirando hacia otro lado para no hacer enojar a quienes los propusieron. ¿Dónde está cuando funcionarios desacreditan públicamente el trabajo periodístico? Fácil, durmiendo el sueño de los justos. ¿Dónde está cuando se impulsan iniciativas que pretenden regular la libertad de expresión bajo distintos pretextos? Predecible, aplaudiendo en algún evento a la titular del poder ejecutivo.
Qué lamentable que esa oficina esté reducida a un organigrama gubernamental que emite comunicados protocolarios y se conforma con impartir cursos de capacitación; dejando de lado su razón de ser que es convertirse en un contrapeso institucional cuando el ejercicio periodístico enfrenta riesgos, incluso —y sobre todo— cuando esos riesgos provienen del propio poder político. No se necesita ser genio para entender que los riesgos para la prensa no provienen únicamente del crimen organizado, sino que también son alentados cuando los gobiernos generan un ambiente de hostilidad que normaliza el señalamiento, la descalificación y el descrédito, cuando se etiqueta y estigmatiza a periodistas como adversarios.
Frente a ese escenario, la sociedad necesita hoy más periodismo, no menos; más voces críticas, no menos preguntas; más investigación, no menos denuncias. Que nadie espere que la prensa independiente renuncie a su deber por miedo, presión o conveniencia. La historia demuestra que los gobiernos pasan, pero el periodismo libre permanece como uno de los últimos diques frente al abuso del poder. Mientras existan mujeres y hombres dispuestos a preguntar lo que otros callan, a investigar lo que otros ocultan y a publicar lo que otros quisieran censurar, habrá razones para seguir creyendo que no todo está perdido.