viernes 30 mayo 2025
23 julio, 2023
(Fabián Robles/24 de julio 2023) Pese a la prohibición expresa de no asignar contrato alguno a la firma Casanova Vallejo S.A. de C.V., por estar inhabilitada durante 45 meses por decisión de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el presidente municipal de Tlaxcala, Jorge Alfredo Corichi Fragoso, le asignó a esa subsidiaria de Casanova Rent un contrato por 25 millones 225 mil 024.50 pesos por concepto de renta de patrullas.
Esa fue una de las observaciones que hizo el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) a la cuenta pública de la administración capitalina morenista, correspondiente al ejercicio fiscal de 2022, según consta en documentos oficiales.
La renta de 21 vehículos para seguridad pública está asentada en el contrato número MTLX-DA-AR-0002-2022, de fecha 15 de septiembre de 2022, por el monto referido y por un plazo de dos años a pagar en mensualidades de 1 millón 270 mil 653.24 pesos.
Según el OFS, “se tiene conocimiento que, mediante circular publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 15 de septiembre de 2022 del expediente SAN-005/2022, se comunica a las dependencias y entidades de la administración pública federal, a las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la moral Casanova Vallejo S.A. de C.V.”
La prohibición es resultado de que “el órgano interno de control del ISSSTE, emitió resolución de 9 de septiembre de 2022, dictada en el expediente administrativo de sanción a licitantes, proveedores y contratistas SAN-005/2022, a través de la cual se impuso a la moral Casanova Vallejo S.A. de C.V., una sanción administrativa consistente en una inhabilitación por 45 meses (…) por lo que no podrá por sí misma o a través de interpósita persona, presentar propuestas, ni celebrar contrato alguno con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal”.
Lo anterior quiere decir que el gobierno municipal de Tlaxcala firmó el contrato respectivo con la empresa referida, con la aprobación del cabildo, el mismo día en que la sanción fue publicada.
A la administración de Corichi Fragoso tampoco le importó la recomendación del OFS para acatar lo dispuesto en los principios de racionalidad austeridad y disciplina presupuestal que privilegian la adquisición de vehículos, pues bajo el esquema de arrendamiento, al finalizar el presente trienio “no se verá reflejado el costo-beneficio del gasto efectuado, toda vez que las unidades vehiculares regresarán al arrendador y ninguna vehicular formará parte del patrimonio del municipio, lo que genera un detrimento a la hacienda pública”
Además, ese contrato “denota una falta de justificación del gasto”, en contravención a lo dispuesto en diversas leyes, “siendo que, en el caso concreto, no se justificó el gasto realizado; por lo tanto se acredita que se realizó un inapropiado manejo de dichos recursos económicos que generó un daño al municipio de Tlaxcala, por el importe total erogado por concepto de arrendamiento de unidades vehiculares a diciembre del ejercicio fiscal 2022”.
Para el OFS, con el pago mensual de 1 millón 270 mil 653.24 pesos establecido en el contrato –firmado para una vigencia del 15 de septiembre de 2022 al 16 de septiembre de 2024-, el gobierno morenista capitalino “bien pudiera haber comprado, cuando menos, dos unidades vehiculares por mes y que fueran propiedad del ayuntamiento”.
Tras la revisión a la cuenta pública del ejercicio de 2022, el OFS emplazó al ayuntamiento capitalino a reintegrar 3 millones 176 mil 633.10 pesos –correspondientes a las mensualidades de octubre, noviembre y diciembre- por concepto de renta de las patrullas, a la cuenta bancaria del municipio.
LA INHABILITACIÓN DE CASANOVA VALLEJO
El 9 de septiembre de 2022, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 45 meses –plazo que fenece hasta 2026- a Casanova Vallejo, empresa de los hermanos Carlos y Joaquín Echenique, por la renta a sobreprecio de ambulancias a nivel nacional al ISSSTE, por un monto de 113.3 millones de pesos, amparado en un contrato de seis meses.
Posteriormente, la misma SFP dio a conocer que un juez federal otorgó la suspensión definitiva contra la sanción que impuesta a dicha empresa que, mediante un juicio de amparo, revirtió la inhabilitación.
En un principio, el Juzgado 8 de Distrito en Materia Administrativa concedió una suspensión provisional, contra la cual Casanova Vallejo presentó un recurso de revisión.
Luego, el 17 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, confirmó la suspensión y rechazó los argumentos del ISSSTE y de la SFP.
El 11 de noviembre de 2022, en el Diario Oficial de la Federación se publicó que la empresa había ganado el juicio de amparo, a efecto de que las autoridades respectivas no publicaran la sanción, inhabilitación y multa en el directorio respectivo.
Sin embargo, la SFP a cargo del tlaxcalteca Roberto Salcedo Aquino, puntualizó que la sentencia no resuelve de fondo el asunto, por lo que la inhabilitación en contra de dicha empresa seguía vigente.
Según datos obtenidos en la plataforma quienesquien.wki, durante los últimos 12 años Casanova Vallejo –a través de sus distintas subsidiarias- ha obtenido más de 700 contratos en los tres niveles de gobierno por más de 14 mil millones de pesos.
OPACIDAD
Con bombo y platillo, el 20 de septiembre de 2022, el ayuntamiento encabezado por Jorge Alfredo Corichi Fragoso presumió la entrega de 21 patrullas nuevas para “fortalecer las labores de seguridad pública, protección ciudadana y de patrullaje en territorio capitalino (…) las cuales se han puesto al servicio de las y los habitantes de las 11 comunidades, siete delegaciones y zona urbana”.
Ese día, autoridades municipales dieron el banderazo de salida a la nueva flotilla, que incluye 14 camionetas Pick Up para labores de patrullaje, una camioneta con tecnología para dron y vigilancia aérea, dos vehículos todo terreno, una unidad tipo para Policía de Género, una para traslados médicos, así como dos patrullas para vigilar temas de medio ambiente.
Posteriormente, un particular presentó una solicitud de información al ayuntamiento capitalino en la que pidió copia certificada del contrato de arrendamiento de esas 21 unidades.
Sin embargo, la administración morenista se negó a transparentar la información, por lo que el peticionario se vio obligado a presentar el recurso de revisión 126/2023-P3 ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP).
Al desahogar dicho recurso, el pleno de ese organismo autónomo ordenó al ayuntamiento capitalino entregar la copia certificada del contrato solicitado; sin embargo, a través de la unidad de transparencia, el gobierno municipal de Morena respondió –mediante un oficio fechado el 5 de enero de 2023- que esa información fue clasificada como “reservada de manera temporal”.
Sin presentar la prueba de daño correspondiente, en una clara violación a lo establecido en la ley respectiva, el pretexto de la autoridad municipal para mantener en la opacidad ese documento fue que, en caso de proporcionar dicha información, “se obstruirían auditorías (sic) y procedimientos de responsabilidad administrativa”.
De acuerdo con los resultados de una auditoría a la cuenta pública del ejercicio fiscal de 2022, realizada por personal del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) a las finanzas del ayuntamiento capitalino, se encontró “falta de documentación que compruebe y justifique plenamente la aplicación del recurso”, en el arrendamiento de esas 21 patrullas.
Además, el OFS detectó varias omisiones en ese caso, como por ejemplo: la falta de orden de pago autorizada por el presidente municipal, requisición por el área correspondiente debidamente firmada y sellada por la persona que solicita, autoriza y da el visto bueno, constancia de situación fiscal reciente de la empresa, así como reporte fotográfico de la entrega de la unidades a los elementos de seguridad pública.
Tampoco encontró bitácoras de control de mantenimientos físicos y mecánicos realizados a las unidades, reporte de incidencias o documental que se entrega al arrendador para solicitar las reparaciones o mantenimientos a las unidades, en aras de garantizar que éstas cumplan con el óptimo funcionamiento en el desempeño de las labores propias del área de seguridad pública.
Además, la administración de Corichi Fragoso no acreditó la correcta ejecución de los recursos públicos en materia de rendición de cuentas; e incumplió con el procedimiento de licitación pública, de acuerdo con lo señalado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala.