domingo 1 junio 2025
29 mayo, 2025
(Faro Noticias/30 de mayo 2025) Al votar a favor de su extinción, diecinueve integrantes de la LXV local —afines a la Cuarta Transformación— pusieron este jueves el último clavo en el ataúd del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Tlaxcala (IAIP), que desaparecerá a partir de la declaratoria de aprobación a la reforma constitucional en la materia, una vez que más de la mitad de los 60 ayuntamientos la valide.
En la sesión ordinaria de este jueves 28, representantes de Morena, PVEM, PT, PAC, Nueva Alianza, Fuerza por México (FxM) y Redes Socialistas aprobaron la reforma a la Constitución Política local, a fin de armonizarla con las disposiciones federales “para establecer un nuevo modelo institucional y garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en la entidad”.
Uno de los votos a favor fue el del legislador del Partido Alianza Ciudadana (PAC), Héctor Israel Ortiz Ortiz quien, paradójicamente, cuando fue gobernador de Tlaxcala con las siglas del PAN, impulsó la primera ley de transparencia en la entidad y el surgimiento del primer organismo en la materia.
De hecho, valiéndose de su posición como titular del Poder Ejecutivo local, aquel entonces impuso como secretario técnico a uno de sus incondicionales: Alejandro Rosete Sosa, quien laboraba en la Coordinación de Información y Relaciones Públicas del propio gobierno estatal panista.
Lo que fue la Comisión de Transparencia del Estado de Tlaxcala (Cotet) —primer organismo en la materia— estuvo integrado por cinco representantes del sector público y privado, quienes fueron electos el 18 de octubre de 2005. Su primera presidenta fue la exdiputada local Rebeca Muñoz Cervantes.
Ahora, la iniciativa presentada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros —que planteó un cambio estructural en la forma en que el Estado supuestamente garantizará los derechos vinculados con la transparencia y la rendición de cuentas— no fue respalda por las diputadas Blanca Águila Lima y Miriam Martínez Sánchez, del PRDT y del PAN, respectivamente.
La coordinadora de la bancada perredista consideró que esta decisión significa un grave retroceso en la construcción de un Estado transparente que afecta a la democracia.
Advirtió que los derechos de las personas no deben depender de ningún vaivén político y tampoco de la voluntad de quienes gobiernan, porque ahora “los mecanismos con los que la sociedad puede vigilar al poder público quedarán en manos del mismo poder público, que no se puede ser juez y parte”.
Según el dictamen, se establecerán mecanismos de acceso a la información pública y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante las instancias competentes.
Para tal efecto, las contralorías o áreas homólogas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los órganos constitucionales autónomos, serán las autoridades garantes y estarán a cargo de la protección del derecho de acceso a la información pública y de protección de datos personales, en el ámbito de su competencia.
Además, se prevé la derogación de la fracción LIX del artículo 54 y del artículo 97 de la Constitución Política local que daban sustento al IAIP, por lo que dicho organismo “dejará de existir una vez que se concrete el nuevo esquema institucional, especificando además como parte de las disposiciones transitorias que el Congreso del estado tendrá un plazo de 120 días hábiles para realizar las adecuaciones normativas necesarias a las leyes que correspondan para dar cumplimiento al decreto”.
Una vez que entre en vigor ese decreto, los recursos materiales, registros, padrones y sistemas internos y externos, así como los recursos informáticos utilizados por el IAIP, incluso los que ya no se utilicen, pero contengan registros históricos, incluida su documentación y titularidad, serán transferidos a la secretaría encargada del control interno del Poder Ejecutivo dentro de los 45 hábiles siguientes.
Se establece también que el IAIP entregará a la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal los recursos financieros, la información y formatos necesarios para integrar la cuenta pública y demás informes correspondientes al periodo que va de enero de 2025, al último mes en que se publique el Decreto y toda la información que integre el rubro financiero, administrativo y de recursos humanos con el que operó.
El Congreso local contará con un máximo de 45 hábiles para realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala para dar cumplimiento a lo establecido en el decreto, mismo que será remitido a los 60 ayuntamientos para los efectos conducentes y entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial.