domingo 1 junio 2025
28 mayo, 2025
(Faro Noticias/29 de mayo 2025) Familiares de Carlos Manuel N., y Carlos Abdiel N., exigieron que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y los funcionarios que integran el gabinete de seguridad no encubran a Karla Isabel N., “responsable de llevar las cámaras del C51”, a quien demandaron que pague por haber provocado un accidente de tránsito en el que esos dos hombres perdieron la vida.
A través de una página de Facebook denominada “Justicia Carlos Manuel y Carlos Abdiel”, recordaron que la madrugada del pasado lunes 19 de mayo “hubo un accidente en la carretera Ocotlán-Santa Ana” donde esas dos personas —que iban a bordo de una motocicleta— fallecieron a causa de las lesiones sufridas tras ser embestidas por la conductora de un automóvil tipo Jetta.
En esa publicación afirmaron que esa mujer “no fue detenida por motivos desconocidos. La responsable estaba en estado etílico y terminó con la vida de estos dos jóvenes”.
Narraron que al lugar del accidente “se presentaron diversas autoridades, la policía con la unidad #21361 manejada por Pablo Osvaldo López García, el paramédico Carlos Alberto Flores Carreto de la unidad CRUM, el policía de investigación general Vicente Martínez Alvarado, quienes hasta el momento no nos pueden esclarecer los hechos”.
Hicieron un llamado “a todas las autoridades para que nos enseñen las cámaras del C5 que se encuentran ahí, para que la responsable pague por los daños (y) se haga responsable por lo ocurrido, la funcionaria es del Estado de México, pero actualmente se encuentra en el municipio de Atempan, Tlaxcala (sic)”.
También demandaron que el policía de investigación “no borre las cámaras del C5 (sic), que haga la justicia, ya que no es el primer caso donde esconde las cámaras de vigilancia”.
Refirieron que las familias de estos jóvenes quedaron desamparadas “y solo necesitamos que la responsable asuma los hechos”.
“NADIE PUEDE BORRAR INFORMACIÓN DEL C5i”
En respuesta, la administración morenista emitió un boletín en el cual sostuvo que “el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia ya trabaja en colaboración con la Fiscalía General de Justicia” para desahogar la investigación correspondiente.
Además, dijo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp) “ratifica que ninguna persona que labora en la dependencia estatal puede borrar, alterar o sustraer información de las cámaras de videovigilancia del C5i Tlaxcala”.
También refrendó “su compromiso de cumplir en todo momento con los protocolos de operación y actuación, y la Norma Técnica para la Estandarización de los Servicios de Llamadas de Emergencia, a través del Número Único de Emergencias 9-1-1, con el propósito de colaborar de manera transparente y eficaz con la autoridad que requiera información sobre este o de cualquier evento determinado.
Sin embargo, en ese comunicado el gobierno del estado no hizo referencia alguna a la funcionaria señalada como presunta responsable de esos hechos.
Hasta ahora, tampoco se sabe por qué esa mujer no fue puesta a disposición de las autoridades competentes. Sobre este punto, Armando Pedroza, reportero de El Sol de Tlaxcala, informó que “la conductora del automóvil sufrió una crisis nerviosa y fue atendida por los paramédicos”.
LICENCIADA (SIN CÉDULA) EN CRIMINOLOGÍA
De acuerdo con la versión pública de su declaración patrimonial, Karla Isabel N., comenzó a laborar en la administración morenista a partir de junio del año 2023 como analista de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Con una licenciatura en Criminología por la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) —de la que aparece sin cédula en el Registro Nacional de Profesionistas—, esa mujer tiene firmados tres contratos por la prestación de servicios con la Oficialía Mayor de Gobierno (OMG), correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de este año.
De acuerdo con copias de esos documentos —que fueron obtenidos por este medio— esa funcionaria solo tiene carta de pasante y “cuenta con la solvencia moral, capacidad y experiencia requerida para desarrollar las actividades que demande la dependencia (OMG)”. En ninguna parte de esos contratos se precisa en cuál área de la administración morenista fue adscrita.
En la cláusula segunda se prevé que la dependencia pagará por la prestación de los servicios la cantidad de 15 mil 243 pesos mensuales dividido en dos quincenas.
Sin embargo, en la cláusula tercera se establece que “los trabajos adicionales o especiales que realice el prestados de servicios (en este caso Karla Isabel) serán tratados de forma independiente a la cláusula anterior, previo informe que justifique el incremento adicional y una vez analizado y autorizado por la dependencia las partes celebrarán un addendum al presente contrato”.
Esas condiciones están incluidas en idénticas condiciones en cada uno de los contratos correspondientes a enero, febrero y marzo de este año.
Los documentos están signados, aparte de la prestadora del servicio, por el titular del Sesesp, Maximino Hernández Pulido, así como por dos testigos de esta dependencia. También aparece el nombre de la directora de recursos humanos de la OMG, Eréndira Berenice Garay Salas, pero no su firma.
