jueves 19 septiembre 2024
22 agosto, 2024
(Fabián Robles/22 de agosto 2024) En 2023, el ayuntamiento de Tlaxcala no solo ignoró las observaciones realizadas un año antes por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), respecto del indebido arrendamiento de 21 patrullas, sino que su tozudez de mantener el contrato respectivo derivará en que se quede sin nada de ese patrimonio, ya que las unidades deben devolverse en unos días más a la empresa Casanova Vallejo.
Además, el gobierno morenista fue emplazado por el OFS, en cuatro fechas distintas, a reintegrar a las arcas municipales cantidades de dinero utilizadas de manera ilegal para el pago de la renta de esos vehículos, las que sumadas dan un total de 19 millones 059 mil 798.6 pesos. Hasta la fecha, se ignora si esta disposición fue acatada.
De acuerdo con documentos públicos, desde el ejercicio fiscal de 2022, el OFS realizó la observación al ayuntamiento capitalino de que era irregular la renta de esos vehículos para seguridad pública por lo que se pagaría 1 millón 270 mil 653.24 pesos cada 30 días por un lapso de 23 meses.
Desde esa anualidad, el entonces presidente Jorge Alfredo Corichi Fragoso hizo caso omiso y no se preocupó ni ocupó de solventar las observaciones respectivas. Esa conducta la mantuvo durante poco más de siete meses de 2023 en que siguió como alcalde, y lo mismo hizo su sucesora Maribel Pérez Arenas quien ha mantenido el contrato durante este 2024 y lo llevará a su fin.
Ya desde la revisión a los estados financieros del ejercicio 2022, el OFS observó que, aun cuando existía una prohibición expresa de no asignar contrato alguno a la firma Casanova Vallejo, por estar inhabilitada durante 45 meses por decisión de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Corichi Fragoso, le asignó a esa subsidiaria de Casanova Rent un contrato por 29 millones 225 mil 024.52 pesos, IVA incluido, por concepto de renta de patrullas.
De acuerdo con el contrato “de arrendamiento puro” MTLX-DA-AR-0002-2022, número de acción RP2233044 -del que este reportero tiene copia-, la vigencia fue a partir de la firma el 13 de septiembre de 2022 al 30 de agosto de 2024.
Sin embargo, esas fechas son distintas a las que aparecen en documentos públicos del OFS, según los cuales “el periodo de ejecución (es) del 15 de septiembre del año 2022 al 16 de septiembre de año 2024”; es decir que el contrato fenecería una quincena después de que concluya la actual administración municipal.
Según el OFS, “se tiene conocimiento que, mediante circular publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 15 de septiembre de 2022 del expediente SAN-005/2022, se comunica a las dependencias y entidades de la administración pública federal, a las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la moral Casanova Vallejo S.A. de C.V.”
La prohibición es resultado de que “el órgano interno de control del ISSSTE, emitió resolución de 9 de septiembre de 2022, dictada en el expediente administrativo de sanción a licitantes, proveedores y contratistas SAN-005/2022, a través de la cual se impuso a la moral Casanova Vallejo S.A. de C.V., una sanción administrativa consistente en una inhabilitación por 45 meses (…) por lo que no podrá por sí misma o a través de interpósita persona, presentar propuestas, ni celebrar contrato alguno con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal”.
Según datos del OFS, esa inhabilitación “en un primer periodo corrió del 19 de septiembre al 11 de noviembre de 2022 y se interrumpió por efectos de la suspensión definitiva del 12 de noviembre de 2022 al 6 de junio del año 2023, fecha en la cual el Tribunal Colegiado resolvió modificar y negar la suspensión, por lo tanto la inhabilitación continúa vigente a partir del 7 de junio del 2023”.
Lo anterior quiere decir que el entonces presidente municipal de Tlaxcala firmó el contrato respectivo con la empresa referida, con la aprobación del cabildo, sin que supuestamente se hubiere enterado de la sanción impuesta a la empresa Casanova Vallejo.
CON EL PAGO DE 1.2 MDP DE RENTA, PUDO COMPRAR DOS PATRULLAS CADA MES
Con bombo y platillo, el 20 de septiembre de 2022, el ayuntamiento encabezado por Jorge Alfredo Corichi Fragoso presumió la entrega de 21 patrullas nuevas para “fortalecer las labores de seguridad pública, protección ciudadana y de patrullaje en territorio capitalino (…) las cuales se han puesto al servicio de las y los habitantes de las 11 comunidades, siete delegaciones y zona urbana”.
Ese día, autoridades municipales dieron el banderazo de salida a la nueva flotilla integrada por 14 camionetas Pick Up para labores de patrullaje, una camioneta con tecnología para dron y vigilancia aérea, dos vehículos todo terreno, una para Policía de Género, otra para traslados médicos, así como dos más “para vigilar temas de medio ambiente”.
Para el OFS, con el pago mensual de 1 millón 270 mil 653.24 pesos establecido en el contrato, el gobierno municipal morenista capitalino “bien pudiera haber comprado, cuando menos, dos unidades vehiculares por mes y que fueran propiedad del ayuntamiento”.
Debido a lo irregular del contrato, y tras revisar la cuenta pública del ejercicio fiscal de 2022, el OFS emplazó al ayuntamiento capitalino a reintegrar 3 millones 176 mil 633.10 pesos –correspondientes a las mensualidades de octubre, noviembre y diciembre- por concepto de renta de las patrullas, a la cuenta bancaria del municipio. Sin embargo, dicha cifra es errónea porque al multiplicar el monto de esos tres pagos da un total de 3 millones 811 mil 959.72 pesos.
De acuerdo con la información difundida por el Órgano de Fiscalización Superior en el sentido de que el ayuntamiento no solventó esas observaciones, se infiere que la autoridad municipal no habría reintegrado el monto señalado.
PATRULLAS SIN UTILIZAR
De la revisión a los estados financieros del ayuntamiento capitalino correspondientes al ejercicio fiscal del año pasado, el OFS encontró que, de octubre de 2022 a julio de 2023, Corichi Fragoso -quien dejó el cargo de manera definitiva en los primeros meses de agosto para buscar un nuevo cargo de elección popular- autorizó pagos en total por 12 millones 071 mil 205.78 pesos por la renta de esas 21 patrullas.
Tal como sucedió en 2022, el OFS volvió a emplazar a la autoridad municipal a reintegrar dinero a las arcas públicas, ahora por 1 millón 270 mil 653.24 pesos por ese gasto irregular detectado en el periodo del 1 de julio al 6 de agosto.
Con relación al lapso entre enero y junio de 2023, el Órgano de Fiscalización exigió el reintegro de 7 millones 623 mil 919.44 pesos a la cuenta bancaria del municipio por el mismo concepto.
Una demanda similar se dio tras la revisión del 7 de agosto al 31 de diciembre de 2023, solo que el monto a reintegrar fue de 6 millones 353 mil 266.20 pesos
Además, detectó que “las unidades vehiculares marcas Chevrolet Tornado modelo 2023, P-114; Nissan NV350 modelo 2022, Toyota Hilux modelo 2022”, según datos obtenidos de sus respectivos odómetros, estaban prácticamente sin utilizar “por lo que no se justifica el gasto acumulado que generan”.
LAS PATRULLAS RENTADAS
De acuerdo con datos del contrato respectivo, las características de las 21 patrullas rentadas son las siguientes: un vehículo para atención médica tipo Van, marca Chevrolet Tornado 2022, que tiene un costo unitario mensual de arrendamiento de 74 mil 017 pesos.
Otra Van, marca Nissan Urban NV350, tipo patrulla que tiene un costo de renta de 54 mil 795 pesos; 15 vehículos doble cabina tipo patrulla, con un precio unitario de 45 mil 966 pesos cada uno.
La lista se completa con dos patrullas doble cabina marca Bike Bj40 modelo 2022, cada una arrendada por 62 mil 221 pesos; y otras dos camionetas Toyota Hilux 4×4, a un precio unitario de 76 mil 306 pesos.
El miércoles 21 de agosto, la presidenta municipal suplente, Maribel Pérez Arenas, “dio el banderazo de la salida de 16 nuevas patrullas, que tuvieron una inversión de alrededor de 8 millones de pesos, recursos provenientes del Fortamun”, según posteó el ayuntamiento capitalino en sus redes sociales.
En el acto protocolario, la morenista desveló que esas unidades fueron adquiridas “gracias a un ajuste presupuestal” avalado por los integrantes del cabildo. Sin embargo, en entrevista posterior con reporteros de la fuente, no dijo nada de las observaciones del OFS por el contrato referido, ni del dinero que ella y su antecesor deben regresar por el arrendamiento de 21 patrullas.