jueves 21 noviembre 2024
17 septiembre, 2024
(Fabián Robles/17 de septiembre 2024) La titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJ), Ernestina Carro Roldán, se negó a dar su versión sobre la absolución y puesta en libertad de Pedro Francisco N., quien estuvo en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Apizaco durante dos años y seis días acusado injustamente de un homicidio que no cometió.
La noche del pasado miércoles ese joven oriundo de San Felipe, Guanajuato, recobró su libertad, después que autoridades del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) desestimaran las supuestas “pruebas” presentadas por el Ministerio Público y consideraran que no había motivo alguno para que siguiera en el Cereso.
Pedro Francisco “El inocente de Guanajuato” -como le llamaron sus paisanos en redes sociales- fue detenido el 5 de septiembre de 2022 por policías de aquella entidad y un día después agentes de investigación de la entonces Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala lo trasladaron a este último estado, acusado presuntamente de un homicidio ocurrido en Huamantla.
De acuerdo con un boletín emitido el 7 de septiembre de ese año por la PGJE, “el Ministerio Público judicializó la carpeta y el juez de la causa liberó la orden de aprehensión en contra de un masculino derivado de que se encontraron elementos de prueba suficientes de que el ahora imputado le habría disparado a la víctima al encontrarse a solas con él”.
Según los hechos asentados en la carpeta de investigación respectiva, el 8 de noviembre de 2021 se reportó el homicidio de un hombre sobre la calle Guerrero Norte, colonia centro de Huamantla, quien presentaba impactos de arma de fuego, por el que el joven de Guanajuato fue acusado, detenido y recluido en el Cereso de Apizaco.
Sin embargo, desde el momento de la detención, Pedro Francisco, sus familiares, habitantes de su lugar de origen, e incluso el párroco del pueblo y hasta diputados locales guanajuatenses, sostuvieron que era inocente, pues la fecha y hora en que ocurrió el homicidio él se encontraba trabajando en su estado natal y era imposible que estuviera en Huamantla.
Este último dato consta en la bitácora de la funeraria Inhumaciones Rodríguez en la que trabajaba, y también en los registros del Hospital Regional de León, Guanajuato, a donde acudió a brindar los servicios fúnebres para un hombre fallecido por Covid-19.
Incluso, la hija de la víctima del Sar-Cov-2 sostuvo que Pedro Francisco recogió el cadáver de su padre en el hospital y lo entregó a los servicios funerarios. Los dueños de Inhumaciones Rodríguez también afirmaron que el día del homicidio el joven estaba en su horario laboral en San Felipe, Guanajuato.
Por si fuera poco, la Comisión para la Atención del Delito de Homicidio Doloso (Conaho) del gobierno federal realizó diversas acciones de inteligencia “y comprobó que el teléfono móvil de Pedro siempre estuvo en Guanajuato y no en Tlaxcala”.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal “el único documento con el que contó el MP para solicitar la orden de aprehensión fue una licencia de manejo que había extraviado Pedro, hecho que relató en sus redes sociales previo a las acusaciones”.
Esta fuente informativa desveló que “la carpeta de investigación (respectiva) carecía de elementos de prueba y solamente contaba con copia simple de la acusación de Juan Farith Morales Tapia, quien lo señaló como culpable, pero nunca se presentó a ratificar su declaración”.
A lo largo del proceso judicial, la entonces Procuraduría a cargo de Ernestina Carro -quien a partir de agosto fue impuesta como fiscal, sin importarle ni a la gobernadora Lorena Cuéllar ni a los integrantes de la LXIV Legislatura local sus antecedentes- “no acreditó la forma en que citaba a las personas que declararon en el juicio y retardó injustificadamente el proceso, lo que impidió la justicia pronta y expedita”.
En medio de muchas anomalías, el 12 de junio de 2024 se declaró nulo el juicio inicial y además fue cambiada la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a justificada y Pedro Francisco quedó en espera la asignación de un nuevo tribunal.
El 3 de julio de 2024 -según datos de la SSPC- se informó la conformación de un nuevo tribunal de enjuiciamiento para iniciar el juicio oral.
El 19 de agosto de 2024, la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala “se desistió del testigo Juan Farith, dado que durante todo el procedimiento no fue localizado; no obstante, presentó a dos policías como testigos de referencia, y ambos declararon lo mismo que Farith: que Pedro era el jefe y dio la orden de matar a la víctima”.
Este último dato, sin embargo, contradice la versión difundida por la entonces PGJE en su boletín fechado el 7 de septiembre de 2022, en el que informó que la detención de Pedro Francisco fue porque “se encontraron elementos de prueba suficientes de que el ahora imputado le habría disparado a la víctima al encontrarse a solas con él”.
Información publicada en El Sol de Tlaxcala refiere que el día del homicidio, Gonzalo N., “reclamó el pago de un dinero a un individuo identificado como José Domingo N., sin embargo, el deudor se negó a entregar la cantidad que se le solicitaba”.
En la nota firmada por el reportero Romell Pichardo se lee que “posteriormente, un masculino llamado Arturo J., llegó al departamento ubicado en la calle Guerrero, de la colonia Centro, y al notar los reclamos de Gonzalo hacia José Domingo, abrió fuego en al menos cinco ocasiones, arrebatándole la vida de manera casi instantánea”.
Según esa fuente de información, “las indagatorias por parte de oficiales permitieron conocer que Arturo J., se encontraba en el municipio de Tzompantepec, lugar donde fue ejecutada la orden de aprehensión, dentro de la causa judicial 577/2021. Arturo J., originario de Jalisco, fue llevado al Centro de Readaptación Social desde donde enfrentará el debido proceso a fin de determinar una sentencia por la muerte de Gonzalo N.”
En todas estas versiones no hay ninguna que apuntara a la presunta responsabilidad de Pedro Francisco ni como autor material, como lo afirmó la PGJE; ni como intelectual como lo refirió la Conaho.
En su momento se supo que “un amigo” de Gonzalo N., vio salir del lugar donde ocurrió el homicidio “a un hombre alto, cabello oscuro y con vestimentas vaqueras al que en el pueblo (Huamantla) le apodan El Bobis”.
Para respaldar el argumento de que “El inocente de Guanajuato” no estuvo en el lugar de los hechos cuando ocurrió el homicidio en Huamantla, la defensa presentó 18 testigos; cinco periciales en materia de grafoscopía, documentoscopía, medicina forense, criminalística y análisis de audio y video; 23 documentales y cuatro evidencias materiales”.
Después de un largo proceso plagado de irregularidades, el tribunal correspondiente hizo justicia y tomó la decisión de dictar sentencia absolutoria de los hechos imputados y determinó dejar en inmediata libertad a Pedro Francisco la noche del 11 de septiembre de este año.
Un día después de conocerse esa determinación del TSJE, este reportero solicitó una versión de la ahora fiscal Ernestina Carro Roldán, quien ni siquiera por educación se dignó a responder la petición, lo que representa una clara violación al derecho a la información.
No es la primera ocasión en que esa mujer -quien tampoco ha aclarado cómo obtuvo el grado de doctora, si ni siquiera tiene cédula profesional de maestría- se ve involucrada en casos de fabricación de culpables o de tortura que, incluso, han costado la vida de al menos una persona.