12 noviembre, 2024
(Faro Noticias/12 de noviembre 2024) En los próximos seis días, la defensa particular de Keren Selsy Ordóñez presentará un recurso de apelación para impugnar la sentencia de 50 años de cárcel por el delito de secuestro que le impuso el pasado lunes José Eduardo Morales Sánchez, titular del juzgado del Sistema Tradicional Penal y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes en Apizaco.
El abogado Neftalí Pérez informó que ya prepara el escrito de agravio correspondiente para presentarlo ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), en el que “expresaremos todas las irregularidades cometidas en el proceso”.
Con la esperanza de que en segunda instancia se revierta esa condena, sostuvo que a esa joven originaria de Xalapa, Veracruz, no se le juzgó “con perspectiva de género, ni de derechos humanos, y el juez) hizo una indebida valoración de las pruebas que carecían de los requisitos mínimos como la firma de la declaración ministerial de la víctima”.
El litigante llamó a la magistrada presidenta del TSJE, Anel Bañuelos, a que la Sala Penal “analice con profundidad y con seriedad este asunto, y que no solamente lo vea como un mero trámite, para que en su momento revoque la sentencia condenatoria y en su lugar ordene el dictado de una sentencia absolutoria por falta de pruebas suficientes para condenarla”.
El 11 de diciembre de 2015 Keren fue detenida con su hija recién nacida en Xalapa, Veracruz, sin ninguna orden de aprehensión para luego ser trasladada al anexo femenil del Cereso de Apizaco, donde permanece recluida merced a un proceso en el que se le “fabricó” su presunta responsabilidad por el plagio de una mujer que ni siquiera ha ratificado su declaración inicial.
“Se debe liberar a Keren porque, en la sentencia, el propio juez José Eduardo Morales Sánchez acreditó que ella fue víctima de tortura y de retención prolongada”, precisó Neftalí Pérez.
El abogado también cuestionó la posible complicidad del juez José Eduardo Morales Sánchez con la titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJ), Ernestina Carro Roldán, quien ha insistido en acusar a esa joven de un secuestro en el que no tuvo participación alguna.
CONTRADICCIONES DEL JUEZ
Por su parte, Melissa Zamora, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) −organización que acompaña el caso desde hace tres años y que logró que se repusiera el proceso− criticó el actuar contradictorio del titular del juzgado del Sistema Tradicional Penal y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes en Apizaco.
Señaló que es incomprensible que el juez Morales Sánchez “le diera la razón a Keren al decir que se tiene por demostrada la tortura, reconoce que ella fue víctima de tortura y de retención prolongada por un tiempo aproximado de siete horas, reconoce que fue víctima de graves violaciones a derechos humanos; sin embargo, la sentencia”.
La abogada subrayó que la decisión del juzgador estuvo basada en pruebas ilícitas, inconstitucionales y en desapego a los derechos humanos “que también se fabricó por los policías que la torturaron y sostiene una acusación injusta”.
Por su parte, el Centro Prodh, a través de un comunicado lamentó “la injusta condena de 50 años de prisión (a Keren) por un delito que no cometió”.
Precisó que el secuestro de una mujer -por el que se la acusa a la joven de Xalapa, Veracruz- “fue cometido por su expareja y otros cinco hombres que se encuentran en libertad sin ser investigados”.
Consideró que la sentencia es también una muestra de “la incapacidad de hacer investigaciones serias con base en evidencia que realmente garanticen verdad y justicia para las víctimas del delito”, por lo que llamó a la presidenta del Poder Judicial de Tlaxcala “a que se observe el caso de Keren con perspectiva de género y derechos humanos y que se tome una decisión adecuada para que vuelva pronto a casa”.