jueves 21 noviembre 2024
18 noviembre, 2024
(Fabián Robles/19 de noviembre 2024) Aunque a finales de 2023 la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tenía abiertas 35 indagatorias por tortura -incluidas averiguaciones previas y carpetas de investigación-, hasta la fecha ninguna ha sido judicializada y, por ende, tampoco hay sentenciados por ese delito y menos hay registro de persona alguna por esta causa en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
En la investigación titulada “Informe de hallazgos 2023”, realizada por las organizaciones que integran el Observatorio contra la Tortura -dada a conocer el jueves 14 de noviembre- no fue posible determinar si las 35 carpetas registradas en Tlaxcala son solamente por tortura o también incluyen alguna por Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (TPCID).
Para el reporte de 2023 la PGJE -encabezada por Ernestina Carro Roldán, quien hoy es titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJ)- no proporcionó los datos correspondientes a víctimas de este delito, aunque en el informe de 2022 el observatorio dio cuenta de 24 hombres y tres mujeres agraviados.
“El Informe de hallazgos 2023 es el resultado de un ejercicio de investigación y análisis de miles de datos recabados directamente de las autoridades responsables de prevenir y perseguir la tortura”, precisaron las organizaciones que conforman el Observatorio contra la Tortura: Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Justicia por la Paz y el Desarrollo (Cepad); y Fundar, Centro de Análisis e Investigación Fundar.
Al hacer un comparativo entre los informes de 2022 y 2023 se puede colegir que el número de indagatorias por esta práctica ilegal -de acuerdo con la fuente de información referida- aumentó en Tlaxcala de manera considerable al pasar de 22 a 35.
De esa última cifra, hasta el año pasado se sabía que el motivo del inicio de las indagatorias fue por vista judicial en 32 casos y en los tres restantes por denuncia; una de estas últimas fue presentada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) y además no hubo ninguna queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Otro dato relevante es que, al 31 de diciembre de 2023, en Tlaxcala solo dos agentes del Ministerio Público estaban encargados de investigar delitos de tortura, aunque a la fecha no lograron judicializar ninguna carpeta.
“La judicialización es un paso imprescindible para que se puedan determinar responsabilidades y, en su caso, sancionar a las autoridades responsables. Si las fiscalías no presentan el caso ante un juez, éste no podrá condenar o absolver a las autoridades señaladas ni dictar medidas de reparación para las víctimas”, acota el Observatorio.
La investigación permite saber que, en 44.4 % de los casos, autoridades de las fiscalías estatales (agentes del Ministerio Público, policías de investigación o ministeriales, y hasta personal administrativo) son las más señaladas como probables responsables en las indagatorias abiertas por tortura; seguidas de policías estatales (27.9 %), uniformados municipales (27.3 %) y personal del sistema penitenciario (0.3%).
La tortura se define como “cualquier acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolor o sufrimiento, físico o mental, con el fin de obtener información, confesión, discriminarla, castigarla por algún acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido o por cualquier otra finalidad. También se considera tortura los actos que, sin causar dolor o sufrimiento, pretendan anular su personalidad”.
Por Tratos o Penas Cueles, Inhumanos o Degradantes (TPCID) o “malos tratos”, se entienden “las vejaciones, degradaciones, maltratos, insultos o humillaciones que lleve a cabo un servidor público en funciones para intimidar, castigar o discriminar a alguien”.
La víctima “es la persona que ha sufrido un daño o perjuicio como resultado de un delito y puede ser directa cuando ha sufrido el daño directamente; indirecta (familiares o allegados de la víctima directa); víctimas potenciales (personas que por prestar asistencia a la víctima corran peligro); así como los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos”.
En México, se reconoce el derecho de las víctimas a la reparación integral del daño, que incluye la restitución, la indemnización y la rehabilitación.
El Observatorio contra la Tortura consideró que “todas las fiscalías deben contar con unidades o instituciones especializadas en la investigación de casos de tortura. Para ello, deben contar con recursos humanos, financieros y materiales necesarios para operar adecuadamente. Las fiscalías especializadas juegan un papel crucial para garantizar el acceso a la justicia y reparación a las víctimas de tortura”.
En el caso de Tlaxcala, después de la transición de Procuraduría a Fiscalía -concretada a partir de agosto pasado-, apenas el 6 de noviembre fue creada la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; sin embargo, se desconoce quién está al frente porque la titular de la FGJ, Ernestina Carro, decidió mantener en secrecía el nombre “por normas de seguridad”.
Ante la opacidad de las autoridades, el Observatorio contra la Tortura “hace un llamado para que las reformas en materia de acceso a la información siempre incrementen la transparencia y refuercen las posibilidades de que la ciudadanía pueda utilizar la información en posesión de las autoridades para alentar y exigir que actúen diligentemente y que velen por los intereses generales de la sociedad”.