jueves 21 noviembre 2024
19 noviembre, 2024
(David Rodríguez/ContraPoder/19 de noviembre 2024) Después de 20 meses de haber realizado públicamente el anuncio de la operación del Autotrén Tlaxcala, seis secretarias del gobierno del estado emitieron un acuerdo de inviabilidad del proyecto denominado “solución tecnológica de movilidad sustentable”, que tendría un costo tres mil 175 millones de pesos.
A través de un acuerdo intersecretarial, las dependencias estatales consideraron que no se justifica técnica y financieramente la creación y establecimiento del Autotrén Tlaxcala en la ruta establecida de poco más de dos kilómetros, presentado públicamente el 15 de agosto del 2022.
El proyecto planteaba la operación del sistema de transporte público desde la unidad profesional interdisciplinaria de ingeniería campus Tlaxcala del Instituto Politécnico Nacional (IPN), sobre la avenida Guillermo Valle esquina calle Justo Sierra y destino en el Jardín Botánico de Tizatlán sobre el llamado Camino Real.
“El proyecto no constituye una opción de movilidad eficaz y eficiente, toda vez que no resuelve, ni disminuye alguna problemática de la movilidad en la zona y, por el contrario, habría un exceso en medios de transporte que prestan el servicio público, lo que generaría un desequilibrio entre la oferta y demanda, originando el probable fracaso ya sea del proyecto o del servicio concesionado a particulares a través de unidades vehiculares, afectando considerablemente la economía tlaxcalteca”, revela el documento publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el pasado 12 de noviembre.
La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) justificó la inviabilidad de la operación de ese sistema de transporte que sería similar al que opera en ciudades y países como Londres, Emiratos Árabes, India, Corea, Holanda, Taiwán y Singapur, en la dificultad que tendrían personas con discapacidad o personas adultas mayores para utilizar ese tipo de unidades.
En el texto refiere que el acceso elevado no garantizaría el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, a las personas de los sectores antes mencionados, pero, además, reconoció que quienes transportan paquetes o carga, también tendrían dificultades por el espacio de las unidades que estaban proyectadas.
Otro factor que hace inviable la instalación y operación de ese medio de transporte es el costo, pues se pretendía imponer una tarifa de 11 pesos; es decir, tres pesos más con relación a los ocho que cobran las unidades colectivas que prestan el servicio en la capital del estado.
“No se cumpliría la meta mínima de 3 mil 600 pasajeros por sentido prevista, ya que, de acuerdo al proyecto, se consideraban 12 horas de servicio de lunes a sábado con un promedio de 300 personas por hora por sentido. De tal manera que, al no cumplirse la meta proyectada, el Estado tendría que subsidiar con recursos públicos la prestación del servicio, traduciéndose en cargas adicionales para el Estado”, refiere la justificación de la SMyT.
Otra de las observaciones plasmadas en el documento, es la baja afluencia que tendría ese sistema de transporte público a partir de la construcción y operación en Yauhquemehcan, de la nueva Ciudad Administrativa donde se trasladarán 23 dependencias estatales y federales, por lo cual disminuiría la demanda en las vialidades en las que se implementaría el proyecto.
LA EMPRESA, SIN CAPACIDAD TÉCNICA
Por su parte, la Secretaría de Infraestructura (SI) del gobierno lorenista desveló que el desarrollador del proyecto, es decir: Modutram, no tenía la capacidad técnica para realizar la obra, pues solamente presentó un proyecto incompleto que carecía de los estudios de mecánica de suelo, donde se desplantaría la cimentación, así como los pilotes y columnas de la estructura de la vía.
EL GOBIERNO TENDRÍA QUE COSTEAR 56 % DEL COSTO DEL PROYECTO
Otra dependencia que dio un punto de vista negativo para la construcción y operación del Autotrén fue la Secretaría de Finanzas (Sefin), que el pasado 21 de febrero señaló que el desarrollador propuso que el gobierno Lorena Cuéllar absorbiera el 56 por ciento del costo del proyecto; es decir, que durante los próximos cuatro años, el Estado debería pagar 440 millones de pesos anuales para una aportación total de mil 778 de los 3 mil 175 millones de pesos que costaría el nuevo sistema de transporte.
En ese sentido, la dependencia responsable de la política económica en la entidad, afirmó que el Estado no cuenta con la capacidad financiera para absorber la inversión de la obra que tendría un impacto negativo tras el análisis del costo-beneficio.
EL PROYECTO NO TENÍA ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
A decir de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA), la empresa responsable del proyecto no entregó la información respecto de los estudios de impacto y riesgo ambiental, por lo que el pasado 5 de septiembre fue dada de baja la carpeta del proyecto denominado “Construcción servicio público de transporte colectivo de pasajeros en la modalidad de solución tecnológica de movilidad sustentable, en la ruta unidad profesional interdisciplinaria de ingeniería campus Tlaxcala del Instituto Politécnico Nacional (IPN)-Jardín Botánico de Tizatlán”.
RECHAZO SOCIAL
De la misma manera, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda, reconoció que la sociedad tlaxcalteca se opuso a la realización del proyecto, en virtud de las afectaciones en materia de patrimonio natural, imagen urbana de la zona, preservación del ambiente en los centros de población y vegetación, que se encuentran a lo largo del Boulevard Guillermo Valle.
Asimismo, de la encuesta que realizó la Coordinación General de Planeación e inversión a mil 650 personas entre el 22 al 24 de septiembre de 2022, los ciudadanos manifestaron incertidumbre al sistema articulado y elevado de transporte público y respaldaron el servicio que ofrecen las unidades de transporte colectivo en la zona donde se pretendía realizar el proyecto.
De la misma manera, en octubre de 2023 se levantaron 359 encuestas, cuyo resultado fue que 65.3 por ciento de la población consideró poco o nada necesario implementar dicho sistema de transporte, a la par que 75.21 por ciento respondió haber escuchado acerca de este proyecto.
Por lo anterior, quedó sin efectos el convenio y el acuerdo por el que se emitió la declaratoria de necesidad para la prestación del servicio de transporte público colectivo de pasajeros en la modalidad denominada “solución tecnológica de movilidad sustentable” y los convenios o procedimientos administrativos derivados de los mismos.