sábado 21 diciembre 2024
19 diciembre, 2024
(Fabián Robles/19 de diciembre 2024) Acusado del homicidio de un presunto ladrón que fue linchado en San Pedro Tlalcuapan, municipio de Chiautempan, Javier N., alias “El Azteca”, fue sentenciado a 27 años y seis meses de prisión.
Sin embargo, al presumir ese “logro”, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJ) se equivocó al informar que quien pasaría todo ese tiempo tras las rejas no era el inculpado, sino Alfredo N., el hombre que fue lapidado.
Horas después de emitir ese comunicado con la información errónea, la institución a cargo de Ernestina Carro Roldán corrigió y emitió otro, pero sin ofrecer disculpas, sin explicación alguna y sin reconocer que se equivocó.
“Mediante la investigación realizada por el Ministerio Público, Policía de Investigación y Peritos se comprobó que el sentenciado participó en la muerte de un hombre al prenderle fuego el 15 de abril del 2022”, presumió la FGJ.
En audiencia de juicio oral, el Tribunal de Enjuiciamiento determinó la culpabilidad de “El Azteca”., en el delito señalado y lo sentenció a 27 años y seis meses de prisión, así como al pago una multa -de la que no especificó el monto- y a la reparación del daño.
El 2 de mayo de 2023, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dio a conocer la detención de Javier N., señalado de prenderle fuego a un hombre en medio de una turba.
El 15 de abril de 2022 –en pleno Viernes Santo- pobladores de esa comunidad de Chiautempan retuvieron, golpearon y privaron de la vida a Alfredo N., de 40 años de edad, señalado presuntamente de robar en un domicilio.
Tres meses después de ese linchamiento, el 14 de julio, fueron detenidos Saúl N., y Raymundo N., presidente de comunidad de San Pedro Tlalcuapan y tiaxca de esa población, respectivamente, por su presunta responsabilidad en esos hechos.
Después del proceso respectivo, el 1 de marzo de este año, Raymundo fue exonerado y puesto en libertad al no existir pruebas en su contra, mientras que Saúl fue sentenciado el 15 de ese mismo mes a 20 años de prisión, acusado por el delito de homicidio calificado.
A decir de pobladores de San Pedro Tlalcuapan y de integrantes de diversas organizaciones, ni uno ni otro fueron culpables de ese ilícito, y consideraron que detrás de estas actuaciones arbitrarias e injustas hay un trasfondo político y no jurídico, ya que ambos son defensores del bosque en la Malinche.
En su momento, también acusaron a las juezas Rosanna Rubio Marchetti, Aída Báez Huerta y Olivia Mendieta Cuapio -integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento de Guridi y Alcocer- de dictar sentencia en contra de Saúl “por el simple hecho de ser presidente comunitario electo por usos y costumbres”.
Subrayaron que “las juezas cubren la omisión de los más de 250 policías y del exsecretario de Gobierno (Sergio González), que por su culpa y por no dar la indicación a los policías estatales y municipales no intervinieron, así lo declaró el director de Seguridad en turno del municipio de Chiautempan”.
Desvelaron que, el día de los hechos, el entonces presidente de comunidad “realizó diversas llamadas al secretario de Seguridad Ciudadana, y este fue omiso, aludiendo que él no podía actuar y no había protocolo de seguridad para este tipo de actos (linchamiento), de acuerdo con los testigos ofrecidos por la representación social”.
Agregaron que, “aunado a ello, quedó claro que más de 250 elementos de la policía no intervinieron por orden del exsecretario de Gobierno; además, la defensa acreditó que Saúl actuó en más de cuatro veces en favor del occiso. Es triste ver que este tipo de actos pasen en Tlaxcala, en donde se le premia a la delincuencia y se castiga al inocente”.
Por su parte, la defensa de los acusados sostuvo que, en el caso de Saúl N., el día del linchamiento sí cumplió con su responsabilidad como autoridad, pero la turba rebasó a los policías municipales y estatales que ya no hicieron nada por impedir el ajusticiamiento.