viernes 4 abril 2025
3 abril, 2025
(Faro Noticias/3 de abril 2025) En su afán por “justificar” su supuesto trabajo al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT), la presidenta de este organismo autónomo Jakqueline Ordóñez Brasdefer presumió que, desde hace dos años, presentó ante el Congreso local una iniciativa para tipificar casos de linchamiento como un delito.
A través de un comunicado -emitido después de la lapidación de un hombre señalado de raptar y agredir a una niña en San Miguel Xochitecatitla, municipio de Natívitas el pasado 1 de abril- la ombudsperson recordó que “el día 23 de marzo de 2023, la CEDHT (…) presentó una iniciativa para tipificar jurídicamente el delito de linchamiento”.
Esa iniciativa, precisó, tiene como objetivo “adecuar el marco jurídico estatal para abordar efectivamente estas graves violaciones, reconociendo la necesidad de legislar claramente sobre este fenómeno social para evitar su repetición y asegurar la impartición de justicia conforme al debido proceso legal”.
Lo que no dijo Ordóñez Brasdefer es que esa iniciativa lleva más de dos años en la “congeladora” y menos se comprometió a presionar a quienes integran la actual legislatura local para sacar adelante dicha propuesta.
Tampoco recordó que, tal como lo evidenció este medio, como presidenta de la CEDHT en esa propuesta -que presentó como propia- incluyó una parte de la iniciativa que, en su momento, hizo ante el Senado de la República la panista Josefina Vázquez Mota.
En su propuesta la ombudsperson utilizó un párrafo prácticamente idéntico al de la iniciativa planteada en junio de 2022 por la entonces senadora del PAN, lo cual significa que plagió al menos esta parte, con lo que habría infringido los derechos de autor.
La “iniciativa” de Jakqueline Ordóñez que hace pasar como idea propia establece: “quien o quienes convoquen, organicen o inciten a causar daño a una o más personas, participen en el sometimiento de la víctima, obstaculicen la intervención de la autoridad, o de cualquier otra forma participen de manera directa en la comisión de las lesiones o el homicidio por linchamiento, se les impondrá de cuatro a ocho años de prisión y de 200 a 600 unidades de medida y actualización”.
A ese párrafo -que en realidad es de la autoría de Josefina Vázquez Mota-, la presidenta de la CEDH solo agregó las palabras “de las lesiones o el homicidio” y cambió las “unidades de medida y actualización” por el concepto de multa. De ahí en fuera, el resto de la idea es autoría de la panista.
Cuando eso sucedió, este medio buscó una explicación de la presidenta de la CEDHT, pero ella no aceptó la entrevista.
PROPUESTA “CONGELADA”
La propuesta de la ombudsperson para tipificar como delito los casos de linchamiento fue presentada desde marzo de 2023, pero fue incluida en la agenda del Congreso local hasta el penúltimo periodo de sesiones de la LXIV legislatura local y fue en dos sentidos: sancionar a las autoridades respectivas en caso de omisión, y a particulares involucrados en ese tipo de actos de ajusticiamiento por propia mano.
En el primer caso, la ombusdperson planteó modificar las fracciones III y V del artículo 157, incluidas en el Capítulo IV relativo al abuso de autoridad en el Código Penal para el Estado.
Así, propuso agregar a la fracción III que comete el delito de abuso de autoridad aquel servidor que “sea omiso en la atención inmediata o no ajuste su accionar conforme lo establece el Protocolo de Actuación para Prevenir y Atender casos de Linchamiento en el Estado de Tlaxcala”.
Mientras que en la fracción V sugirió que incurriría en abuso de autoridad la o el encargado o elemento de una fuerza pública, requerido legalmente por una autoridad competente para que le preste auxilio se niegue a dárselo o retrase el mismo injustificadamente, “o en su caso su accionar no se ajuste” a lo dispuesto en el protocolo referido.
En el segundo caso, la presidenta de la CEDHT propuso adicionar un capítulo al título Sexto del Código Penal, referente a los delitos contra la vida y la integridad corporal, en materia de linchamiento.
La sugerencia va en el sentido de incluir nada más un artículo en el que se establezca que “cuando se cometan las lesiones o el homicidio por linchamiento, además de las penas que corresponden a lesiones y homicidio calificado en términos de los artículos 228 y 237 de este Código, se les impondrán de 3 a 8 años de prisión y de mil a tres mil unidades de medida y actualización”.
Además, sugirió que “se considerará linchamiento cuando cinco o más personas infieran lesiones o priven de la vida a una o más personas (sic), sin concierto o acuerdo previo y que sucede a una reunión de personas por propia voluntad y provocado por las circunstancias anteriores a éste conforme a una secuencia de hechos”.
La iniciativa cierra con el párrafo plagiado por Jakqueline Ordóñez a la entonces senadora panista Josefina Vázquez Mota.
De manera complementaria, sugirió capacitar a servidores encargados de atender esta problemática; elaborar un programa estatal bajo la perspectiva de derechos humanos que atienda la prevención, el control y la atención del fenómeno; y establecer jornadas de difusión o campañas de fomento a la legalidad y de la denuncia dirigidos a la sociedad, focalizando en un primer momento a las comunidades y municipios donde se hayan presentado casos de linchamientos.
También planteó la necesidad de realizar un estudio y análisis del protocolo de actuación vigente, a fin de hacerlo más ágil y coordinado entre las autoridades encargadas de combatir este fenómeno.
En este último punto, la ombudsperson reconoció que, si bien existe ese protocolo, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 23 de enero del año 2019, “tanto las autoridades estatales y municipales, obligadas por este ordenamiento, no rigen su actuación conforme” a lo dispuesto en dicho documento.