miércoles 23 abril 2025
22 abril, 2025
(Fabián Robles/23 de abril 2025) Tras denunciar que desde 2017 está empantanado un expediente por hechos constitutivos del delito de tortura en agravio de Keren Selsy Ordóñez, el abogado del Centro Prodh, Neftaly Pérez, exigió a la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala que investigue a los policías ministeriales que en el año 2015 la detuvieron de forma ilegal y le “fabricaron” un secuestro por el que injustamente estuvo presa nueve años y cuatro meses en el Cereso de Apizaco.
En conferencia de prensa, también solicitó que la hija de esa joven -originaria de Xalapa, Veracruz- “sea reconocida como víctima, ya que durante su traslado a la (entonces) Procuraduría y al DIF (de Tlaxcala) se puso en riesgo su vida”, pese a que en ese momento era recién nacida y además fue arrancada con violencia de los brazos de su progenitora.
“Al tener un mes de edad, al ser una niña, no tenía por qué haber sido trasladada por las autoridades de Xalapa hasta el estado de Tlaxcala, y mucho menos ser entregada a las autoridades del DIF estatal, donde permaneció 12 días sin ser devuelta a su familia en unas condiciones muy lamentables y que pusieron en riesgo su vida y también la estabilidad familiar”, reprochó.
El litigante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez exigió que “no se deje de ver también la responsabilidad que tuvo la Procuraduría General del Estado de Tlaxcala al entregar a una bebé de un mes de nacida, y el DIF estatal al recibirla y no tomar acciones urgentes en el momento que recibió a esta bebé y tenerla 12 días bajo su custodia”.
Recordó que por la detención y encarcelamiento de Keren -acusada de un secuestro perpetrado en Huamantla en el que ella no participó- están abiertas dos investigaciones por violaciones graves a sus derechos humanos, una de ellas porque fue víctima de tortura para obligarla a aceptar la comisión de ese delito.
“A pesar de que esta carpeta de investigación está abierta desde el año 2017, hasta el momento no hemos tenido ninguna notificación del avance, no se ha realizado diligencias mínimas y es muy lamentable (…) la Fiscalía especializada (de Tlaxcala) está muy debilitada y no hay ninguna sentencia condenatoria por el delito de tortura”, refirió.
Neftaly Pérez insistió en que la Fiscalía debe reabrir las investigaciones por tortura en agravio de Keren y su hija, ya que es un delito que “no prescribe porque es grave y al mismo tiempo es una violación grave de derechos humanos. Esperamos que haya un impulso en la carpeta de investigación y se investigue a los elementos que participaron en estas violaciones graves a derechos humanos”.
El 11 de diciembre de 2015, en Xalapa, Veracruz, Keren y su niña fueron detenidas por quienes en ese tiempo fungían como agentes ministeriales de Tlaxcala -adscritos a la entonces Unidad Especializada de Investigación del Delito de Secuestro- y por elementos de la Policía Federal que participaron de manera coordinada en el operativo.
Además de esas indagatorias, el abogado recordó que, a partir de que el Centro Prodh asumió la defensa de Karen, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició un expediente de queja en el año 2022.
Sin embargo, “tampoco nos han reportado avances sustanciales en la investigación a casi tres años de que se inició este expediente. Por la participación de autoridades federales y estatales se activa una figura que conocemos como competencia concurrente de la CNDH”.
Interrogado sobre la posibilidad de que las víctimas de este caso puedan acceder a la reparación del daño por parte del Estado, el especialista en Derecho advirtió que la sentencia absolutoria de libertad a favor de Keren no le genera automáticamente ese beneficio, ya que “en nuestro país todavía no está regulada una figura jurídica que se conoce como error judicial”.