REPRESIÓN O NO REPRESIÓN, HE AHÍ EL DILEMA

13 abril, 2026

(Juan Manuel Cambrón Soria/14 de abril 2026) Desde la ciencia política se ha estudiado a la represión como una conducta del poder, que suele ser recurrente. El politólogo Christian Davenport, sostiene que “la represión estatal ocurre cuando hay hostigamiento, vigilancia y prohibiciones, hasta arrestos, tortura y violencia ejercida por agentes del gobierno”; por su parte Jacqueline DeMeritt de la Universidad de Texas dice que es “el acto o la amenaza de someter a alguien mediante fuerza institucional o física”.

Por eso, cuando observamos lo que ocurrió en Tlaxcala con el operativo contra campesinos de Nanacamilpa, encuadra a la perfección con la definición; sin importar que las autoridades traten de maquillar lo ocurrido con tres versiones distintas, que al final no aclaran ni justifican el uso de la fuerza, sino que por el contrario lo enturbian, y terminan por confirmar lo que a ojos de todos está a la vista, el gobierno de Tlaxcala reprimió a manifestantes.

Los hechos reportados son graves, porque diversos medios documentaron que el desalojo incluyó gas lacrimógeno, uso de tanqueta de agua y sometimiento físico. No fue como se quiere hacer ver, una simple maniobra de control vial ni de un retiro administrativo de vehículos, es a todas luces el uso de fuerza pública desplegada contra ciudadanos que protestaban. El gobierno podría escudarse en la máxima de ser depositario del uso legítimo de la fuerza; sin embargo, no había causales que lo ameritaran.

En este sentido, los principios internacionales que establece la ONU son claros: “la fuerza sólo puede usarse cuando sea estrictamente necesaria, en la medida requerida para cumplir un deber legítimo, privilegiando siempre medios no violentos”. Por su parte la Comisión Interamericana señala que “las normas sobre protesta no deben criminalizar conductas propias de la manifestación social, incluso cuando ésta altere el tránsito”; y por si esto no bastara, la propia legislación mexicana va en esa misma ruta, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza establece que “su empleo debe regirse por los principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad, rendición de cuentas, racionalidad y oportunidad”. Traducido al lenguaje llano, el Estado no puede brincar de la molestia política por sentirse incómodo, a la coerción física sin acreditar que agotó otros medios, que el riesgo era real, que la respuesta fue proporcional y que puede rendir cuentas puntuales de cada decisión tomada.

Desde la teoría política podemos encontrar otra pista importante que nos brinda el mencionado Davenport, “los regímenes suelen reprimir cuando perciben amenazas internas”; es decir los gobiernos tienden a endurecerse cuando leen el conflicto como un ataque a él mismo.  Esto significa que la represión no siempre nace de un peligro real, muchas veces nace de una percepción política del propio gobierno de que se siente desafiado por los ciudadanos. Esto es gravísimo para la democracia, porque los ciudadanos comienzan a percibir menos espacio para la expresión de inconformidades e injusticias y el temor invade la libertad convirtiéndose en silencio e inacción social, dado que el poder se ejerce sin límites y contrapesos y entiende al ciudadano descontento como un enemigo al que hay que doblegar.

Dicho esto, la represión no comienza porque lo diga la oposición o lo señale la prensa libre o los ciudadanos, sucede cuando el poder usa su monopolio de la fuerza no como último recurso para proteger derechos, sino como primer reflejo para disciplinar el descontento. El gobierno de Tlaxcala está confundiendo gobernanza con sometimiento, y pretende que la sociedad acepte, sin chistar, que golpear al inconforme es “restablecer el orden”.

La indignación entre un sector amplio de tlaxcaltecas crece, principalmente frente a la paradoja que el gobierno nos pone enfrente; si campesinos, estudiantes, mujeres, sindicalizados, etc., protestan, el Estado aparece rápido, firme, coordinado y contundente; pero frente a la delincuencia, suele mostrarse tardío, evasivo o complaciente. Contra el ciudadano que reclama, hay gas, escudos y toletes, contra el criminal que extorsiona, roba o mata, abrazos, excusas y silencio. Esa asimetría erosiona la legitimidad del gobierno más que cualquier bloqueo carretero, pero la soberbia de quienes hoy detentan el poder les impide verlo.  El dilema está resuelto, el de Tlaxcala hoy, es un gobierno represor, así de sencillo.