viernes 5 junio 2026
21 mayo, 2026
David Rodríguez/21 de mayo 2026) La efectividad del sistema penal de la entidad — medida a través de las sentencias condenatorias obtenidas en relación con el total de presuntos delitos conocidos — fue de apenas seis por ciento durante 2025, de acuerdo con un análisis del Plan de Política Criminal 2026 emitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE).
Según ese documento programático, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, la representación social tomó conocimiento de dos mil 493 hechos con apariencia de delito derivados de denuncias ciudadanas y actuaciones iniciadas de oficio.
Del total de esas carpetas de investigación, mil 937 fueron determinadas conforme a los supuestos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y 978 casos fueron judicializados.
Es decir, únicamente el 39.23 por ciento del total de las denuncias conocidas llegó ante un juez de control, mientras que el 60.77 por ciento restante permaneció en fase de integración o archivo ministerial.
De las 978 carpetas de investigación judicializadas, el Ministerio Público obtuvo un acumulado de 149 sentencias condenatorias; no obstante, al desagregar este indicador, se detalla que 128 se dictaron mediante juicio oral y solo 21 a través del procedimiento abreviado.
Lo anterior significa que el 94.03 por ciento de los delitos denunciados ante la autoridad investigadora no alcanzaron una resolución condenatoria penal al cierre del periodo reportado.
El Plan de Política Criminal 2026 indica que las 149 sentencias condenatorias representan un incremento del 12.1 por ciento en comparación con el ejercicio inmediato anterior. De igual forma, reporta un aumento de 15 puntos porcentuales en el rubro de las carpetas judicializadas respecto al año previo.
No obstante, al hacer una comparación con el Plan de Política Criminal 2025 — presentado por la misma institución — se observa que en el diagnóstico estatal previo se omitió asentar las cifras totales acumuladas de judicializaciones y sentencias condenatorias.
En dicho documento, la Fiscalía General limitó sus gráficas e infografías a la incidencia delictiva del fuero común general y a la tasa de delitos específicos por municipio reportados ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), imposibilitando la verificación histórica de los incrementos porcentuales reportados de forma interna por la corporación judicial.
(Esta información fue originalmente publicada en ContraPoder)