viernes 5 junio 2026
28 mayo, 2026
(Fabián Robles/28 de mayo 2026) Datos del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3) evidencian que más de la mitad de los 883 elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) no tiene aprobados sus respectivos exámenes; mientras que un estudio de la organización Causa en Común desveló que, al menos hasta 2024, ninguno de esos servidores contaba con su Certificado Único Policial (CUP) vigente.
En diálogos circulares, la titular del C3, Columba Ibeth Sánchez García, desveló que, al cierre del primer cuatrimestre de este año, la FGJE tiene un estado de fuerza de 883 elementos, pero únicamente 47 por ciento aprobó sus exámenes de control y confianza. Lo anterior quiere decir que el 53 por ciento restante presta sus servicios al margen de la ley.
La funcionaria advirtió que la legislación respectiva “es clara” y prevé que, para ingresar o permanecer en su cargo en las corporaciones policíacas o en la Fiscalía las personas “deben tener sus exámenes aprobados; incluso, con la reforma de julio del año pasado, es un delito ingresar a una corporación a alguien que no tenga sus evaluaciones de control y confianza aprobadas y vigentes” por un periodo de tres años.
Por su parte, Causa en Común dio a conocer los resultados de la investigación denominada “Inseguridad, injusticia, instituciones rotas: el caso de las fiscalías”, según los cuales “en materia de certificación, la inexistencia de políticas para la evaluación efectiva del personal de las fiscalías impide contar con información coherente y sistematizada sobre el funcionamiento y los resultados de estos procesos”.
A ello, abundó la organización, se suma la opacidad porque mediante solicitudes de información constató que la mayoría de las fiscalías carecen de manuales o lineamientos que regulen los procesos de certificación del personal ministerial y pericial”.
Lo anterior contribuye a que un número reducido de agentes del Ministerio Público y peritos cuente con las certificaciones mínimas que establece la ley en materia de control de confianza, competencias y desempeño.
Precisó que, de acuerdo con el INEGI, en 2024, de los 19 mil 016 policías de investigación adscritos a las fiscalías estatales y a la FGR, el 65 por ciento contaba con Certificado Único Policial vigente.
“Si estos datos se desagregan por entidad se observa que, en Tlaxcala, ninguno de los policías de investigación contaría con CUP vigente”, denunció Causa en Común.
Explicó que el CUP es el documento que acredita que un policía cuenta con evaluación de control de confianza aprobada, así como de competencias básicas y desempeño, conforme a los criterios establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la ley respectiva.
Pero no todo queda ahí, porque la investigación de Causa en Común también permitió conocer que en ninguna fiscalía del país existen condiciones para el desarrollo laboral del personal pericial.
En ese documento destaca el caso de Tlaxcala, cuya fiscalía —a cargo de Ernestina Carro Roldán, una de las funcionarias consentidas de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros— reportó que el 57 por ciento de sus agentes del ministerio público y el 89 por ciento de sus peritos “carecen de seguridad social”.
Causa en Común documentó que en Tlaxcala, hasta el año 2024, había 134 agentes del MP y cinco mil 932 carpetas de investigación “gestionadas”, lo cual indica que cada uno de esos servidores tenía un promedio de 44 indagatorias a su cargo para desahogar.
DELITO QUE SE REPLICA
Según la titular del C3, con corte al presente mes, año, ninguna institución de seguridad pública (estatal y municipales) ni la Fiscalía tenía certificados al 100 por ciento a todos sus elementos.
Desde la óptica de la funcionaria, serían dos los motivos por los que esas corporaciones no tienen elementos evaluados: la falta de solicitudes institucionales para programar los exámenes respectivos; o bien, que las evaluaciones previas ya perdieron su vigencia de ley de tres años y están a la espera de ser renovadas.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) cuenta con 2 mil 361 elementos, de los cuales 80 por ciento ya fue evaluado y 77 por ciento fue aprobado.
Es decir, de los 1880 policías que fueron evaluados, mil 818 cuentan con certificación vigente y activa, y 71 no cumplen con la legislación respectiva para seguir en funciones, mientras que 12 por ciento aún no han sido evaluados (283).
En el caso de los 2 mil 154 elementos incorporados en alguna de las 60 corporaciones municipales, mil 723 pasaron sus filtros de control y confianza, mientras que 431 no, ya sea porque están en proceso de solicitar su evaluación o no lograron acreditar las pruebas del C3.