lunes 8 junio 2026
8 junio, 2026
(Faro Noticias/8 de junio 2026) Organizaciones que integran la Asamblea Comunitaria Socioambiental de Tlaxcala acusaron al gobierno del estado de impulsar acciones que profundizan la devastación socioambiental en la Cuenca del Alto Atoyac, en vez de cumplir lo previsto en el plan de restauración del afluente.
En un pronunciamiento, refirieron que, entre esas acciones, destaca el proyecto para la creación del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (Podecibi) en San Pedro Ecatepec, municipio de Atlangatepec, “caracterizado por la opacidad, falta de consulta libre e informada y bajo la supuesta idea del progreso. Bajo estas condiciones la población de esa comunidad considera que ese proyecto afectará gravemente a la flora, fauna y a la salud de las y los habitantes de la zona”.
Ese proyecto debe ser cancelado, dijeron.
También cuestionaron la construcción de las llamadas ciudades Administrativa y la del Entretenimiento, en Yauhquemehcan y Amaxac de Guerrero respectivamente, cuyas aguas residuales “serán vertidas en los afluentes de las comunidades, comprometiendo la salud de la población, el medio ambiente y la economía local”.
También advirtieron que continúa el desecho de aguas residuales municipales e industriales sin tratamiento de los municipios de Tlaxcala, Tepeyanco y Xiloxoxtla hacia barrancas conectadas con la laguna de Acuitlapilco “lo que ha propiciado la degradación estructural del ecosistema lacustre y sus afluentes. Además de desazolves mal ejecutados, tala injustificada, mal manejo de patógenos y parásitos, remoción de flora nativa, introducción de especies invasoras, invasión de zona federal, cambio de uso de suelo y desarrollo de obras públicas y actividades económicas sin permisos ambientales”.
Por lo anterior, demandaron decretar a esa laguna y sus afluentes como Área Natural Protegida federal en la categoría de “Santuario”, con un programa de manejo “verdaderamente participativo” y fincar responsabilidades a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA), la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente de Tlaxcala (Propaet) y demás instituciones estatales y federales “por acción y/u omisión”.
Además, consideraron necesario reparar el daño generado a ese cuerpo de agua a través de la conjunción del conocimiento científico con el tradicional-comunitario de la región.
También exigieron respetar la decisión de pobladores de Guadalupe y Santa Cruz Guadalupe Ixcotla, municipio de Chiautempan, respecto a que sus campos de futbol no sean utilizados para la construcción de hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). “La comunidad, que se rige por usos y costumbres, ya ha determinado en asamblea su decisión de que ese terreno se mantenga en su vocación deportiva como fue el objetivo de la donación hecha en 1965”.
Las organizaciones de esa asamblea justificaron sus demandas al señalar que el modelo de producción industrial neoliberal ha impulsado en las últimas décadas la generación de alrededor de 60 Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA), entre las que se encuentra la Cuenca del Alto Atoyac que es la más impactada.
Acusaron que “hasta ahora no existen políticas públicas efectivas que lleven al saneamiento de la Cuenca y mucho menos para alcanzar justicia socioambiental, como ha sido demandado en los últimos años por habitantes de las comunidades más afectadas. En el estado de Tlaxcala y en toda la CAA, desde el gobierno se impulsan acciones que tienden a profundizar la devastación socioambiental”.
Reprocharon “la simulación de los tres niveles de gobierno con respecto a la atención de la problemática ambiental en la Matlalcuéyetl: falta de regulación en las construcciones y prohibición de venta para desarrollo inmobiliario, tala clandestina y extracción de piedra, tepetate y arena de las barrancas”.
En este asunto, señalaron “la omisión y al mismo tiempo la responsabilidad de las instituciones ambientales como la Profepa, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Semarnat y la Propaet, así como del gobierno municipal de San Francisco Tetlanohcan, que es uno de los territorios más afectados por estas actividades. En este último desde las comunidades se ha señalado colusión, así como criminalización y bloqueo a la participación ciudadana”.