15 junio, 2026
(Fabián Robles/15 de junio 2026) La administración de Lorena Cuéllar Cisneros no pagó 1.5 millones de pesos por la compra del software Video Synopsis, sino siete millones 363 mil 639.40 pesos IVA incluido. Tampoco erogó 8.5 millones para adquirir la licencia de Carbyne sino 2.4 millones, como en su momento lo aseguró el entonces secretario de Gobierno, Sergio González Hernández.
Diversos documentos oficiales conseguidos por este reportero evidencian que, quien era el responsable de la política interior del estado en el primer tramo de la actual administración, mintió sobre lo que en realidad costó la adquisición de ese tipo de softwares destinados a intervenir aparatos de telefonía celular y monitorear comunicaciones en tiempo real con la promesa de mejorar la seguridad en el estado.
Pasado el tiempo, hasta la fecha no ha habido versión alguna del gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros relacionada con esas cifras dispares.
LOS DICHOS DE SERGIO GONZÁLEZ
Ante cuestionamientos de diputados que consideraron la compra de ese equipo para labores de espionaje, al comparecer ante el Congreso local el 15 de febrero de 2022, el expanista González Hernández afirmó que el software Carbyne costó 8.5 millones de pesos “para la aplicación a través del 911” y el de Video Synopsis 1.5 millones “para parte de la investigación en la Procuraduría del Estado”.
De acuerdo con el entonces titular de la Segob, fue la administración del expriista Marco Antonio Mena Rodríguez la que dejó etiquetados los recursos para la compra de ambos softwares y al gobierno morenista actual les correspondió ejercerlos.
“Estos softwares fueron autorizados y aprobados en febrero de 2021 por el Secretariado Ejecutivo (del Sistema Nacional de Seguridad Pública) de acuerdo con la política de inversión en materia tecnológica. En noviembre (de 2021) se hizo la adquisición programada desde el gobierno saliente y fueron aprobados a través del Fondo de Aportación para la Seguridad Pública”, afirmó el funcionario.

SYNOPSIS
En la décima octava sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala —presidida por el entonces titular de la Oficialía Mayor de Gobierno, Ramiro Vivanco Chedrahui— celebrada el 4 de octubre de 2021, los integrantes aprobaron la solicitud de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Cesesp) para la compra de ese software.
Como parte del procedimiento también fue aprobada la excepción a la licitación pública nacional bajo el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas relativo a la prestación del servicio de licencia de video Synopsis “pues por el tipo de licencia requerida se necesita la mayor confidencialidad posible, pues al tratarse del procesamiento de información clasificada como reservada y confidencial, no es conveniente licitar”.
“El simple hecho de la publicación y especificación de características técnicas, datos o acciones operativas y estrategias, comprometería la seguridad de la sociedad y pondría en peligro las acciones de respuesta de las instituciones encargadas de brindar seguridad en la entidad, así como vulnerar y poner a prueba la capacidad de respuesta del Estado ante situaciones de emergencia”, reforzó el entonces secretario de Seguridad, Alfredo Álvarez Valenzuela.
El 29 de octubre de 2021 se llevó a cabo la apertura de propuestas técnicas de la invitación a cuando menos tres personas, como parte del proceso de compra GET-OMG-INV-002/2021 referente a la adquisición de licencias informáticas e intelectuales (licencia de video Synopsis).
Las empresas invitadas fueron: Sistemas Digitales de Información SA de CV; Vanguardia Tecnológica en Telecomunicaciones SA de CV; y la denominada IT Conecct Services SA de CV, aunque en los documentos recabados para este trabajo periodístico no fue posible conseguir los montos relativos a las propuestas de las dos últimas.
La información de cada una de las propuestas presentadas por esas tres empresas fue clasificada como reservada por un periodo de cinco años “misma que contiene especificaciones técnicas, tecnología y equipamiento”.
Sin embargo, llama la atención que la decisión de clasificar como reservada esa información la tomó el Comité de Transparencia de la Cesesp “en su primera sesión extraordinaria del mes de marzo, celebrada el 30 de marzo de 2022 (sic), tras quedar acreditada la prueba de daño exhibida, autorizada y analizada”, según lo previsto en la ley correspondiente.
Es decir, esa decisión fue tomada cinco meses después de la apertura de las mismas, pese a que, en documentos fechados el 29 de octubre, ya estaba reservada la información relativa a las propuestas técnicas.

De acuerdo con el dictamen económico respectivo, la empresa que se llevó el contrato por siete millones 363 mil 639.40 pesos IVA incluido fue Sistemas Digitales de Información SA de CV, cuyo domicilio fiscal se encuentra en el Fraccionamiento Club de Golf Las Fuentes en la ciudad de Puebla.
Hasta mediados de marzo de 2022 la Secretaría de Finanzas no había realizado el pago referido a la empresa representada por Alfonso Rugerio Romero, según consta en documentos firmados por el director del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), Nelson Eduardo Medel del Razo.
El software adquirido por el gobierno de Tlaxcala sirve, entre otras cosas, para “detectar, clasificar y reconocer clases, atributos, comportamientos y rostros de personas y objetos; buscar y revisar videos casi de manera inmediata con el uso de resúmenes concisos de videos y filtros; y recopilar, gestionar y compartir evidencia basada en un caso”.

A través de búsqueda multicámara permite “identificar a hombres, mujeres, niños y vehículos de interés con velocidad y precisión, utilizando filtros de reconocimiento facial, similitud de apariencia, vestimenta, color, tamaño, velocidad, ruta, dirección, tiempo de permanencia y cambio de iluminación.
El software Synopsis “presenta simultáneamente objetos que han aparecido en diferentes momentos dentro del video. El resultado es un segmento de video más corto que conserva por completo la capacidad del espectador para analizar la escena, lo que permite la revisión de horas de videos en minutos”.
CARBYNE
El 23 de septiembre de 2021, a casi un mes de haber iniciado la administración morenista, el entonces titular de la Cesesp, Maximino Hernández Pulido —quien, por cierto, este lunes deja de trabajar en el gobierno de Lorena Cuéllar— solicitó la excepción a la licitación pública bajo el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas relativo a la prestación del servicio de licencia de mantenimiento preventivo-correctivo y en su caso actualización para el sistema de despacho asistido por computadora del servicio telefónico de emergencias 911.
Fue hasta el 13 de diciembre de ese mismo año cuando en representación del Ejecutivo estatal Ramiro Vivanco Chedraui, oficial Mayor; Sergio González Hernández, titular de la Segob; y Maximino Hernández Pulido, responsable de la Cesesp, firmaron el contrato respectivo con la empresa Global Business Solucion SAPI de CV.
El monto del contrato asignado a esa empresa —cuyo domicilio fiscal está en Monterrey, Nuevo León— fue por dos millones 498 mil 332.60 pesos, y no por 8.5 millones como lo afirmó el entonces secretario de Gobierno, Sergio González cuando compareció el 15 de febrero de 2022 ante diputados locales.
Ese software —de procedencia israelí— permite “gestionar video, chat y la geolocalización en tiempo real a partir de las llamadas que haga el ciudadano al marcar al 9-1-1 con la plataforma especializada de Carbyne”.

En septiembre de 2025 el portal poblano de noticias MTP dio a conocer que, a tres años de la adquisición de esos softwares, la administración de Lorena Cuéllar no había precisado cuántas personas fueron vigiladas ni los resultados obtenidos.
MTP Noticias solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJET) información sobre las intervenciones que derivaron en detenciones de delincuentes o rescates de víctimas en riesgo.
“La respuesta fue parcial: solo cuatro de las ocho fiscalías contestaron, reportando que los softwares —Video Synopsis y Carbyne— fueron usados únicamente en dos ocasiones entre 2020 y enero de 2024. Una de estas intervenciones correspondió a la Fiscalía Especializada en el Combate al Secuestro (FECS)”, precisó ese medio.
Hasta el noveno mes de 2025, Tlaxcala se mantenía “como una de las seis entidades del país que no publica en la Plataforma Nacional de Transparencia el número de intervenciones realizadas, lo que mantiene en la incertidumbre la efectividad del gasto público en seguridad”. https://rutaelectoral.mx/estados/tlaxcala-10-millones-en-software-de-espionaje-y-resultados-casi-nulos/