jueves 18 junio 2026
17 junio, 2026
(Fabián Robles/17 de junio 2026) Obnubilado por su enfermiza ambición de controlar a periodistas y medios de Tlaxcala con la pretensión de imponer una narrativa omnímoda y unilateral, apegada a sus intereses personales y de grupo, Antonio Martínez Velázquez, titular de la Coordinación de Comunicación (CCOM) del gobierno de Tlaxcala, hizo declaraciones temerarias en los “Diálogos Circulares” del martes 16 de junio.
En ese encuentro con reporteros, Néstor Jiménez de MR Noticias preguntó al funcionario sobre la nota publicada en Faro Tlax Noticias un día antes —y retomada en otros medios digitales— titulada “Documentos evidencian mentiras del gobierno: softwares Synopsis y Carbyne no costaron 1.5 y 8.5 mdp, sino $7.3 y $2.4 millones”.
Sin prueba alguna, ante muchos colegas y con el uso de recursos públicos del gobierno estatal, en tono socarrón, el funcionario respondió así: “te refieres a la nota de Juan Manuel Cambrón, no perdón, de Fabián Robles, es lo mismo (…) los contratos de los que habla Cambrón, bueno, Fabián, es lo mismo, y entonces pues ahí se crea la confusión y parece que hay una nota, pero pues no”.
También con sarcasmo Antonio Martínez afirmó que a este periodista Cambrón (dirigente estatal del PRDT) “le manda la información y dice aquí hay nota (…) aprovechando una confusión del secretario en su comparecencia pues hacen una nota”.
Asegurar, como lo hizo el portavoz sin sustento alguno que Juan Manuel Cambrón me mandó esa información es una declaración vana y difamatoria. Pero también es inaceptable, sobre todo al ser propalada por alguien que fue colaborador de Article 19 Oficina para México y Centroamérica, una organización que defiende y promueve el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información en todo el mundo.
Antonio Martínez olvida además un principio básico del derecho: quien acusa, está obligado a probar. Si cuenta con elementos, con pruebas que sustenten sus dichos, que las presente, que las haga públicas. Pero no lo hará porque sus afirmaciones están basadas en simples ocurrencias, pues no hay nada que me incrimine en ese sentido.
Por si no le bastara, también afirmó, una y otra vez, que Juan Manuel Cambrón y este reportero somos lo mismo, lo que representa una ofensa inadmisible a la inteligencia de ambos: él tiene una forma de pensar, yo otra muy diferente. Por cierto, en muchas ocasiones tenemos opiniones divergentes.
No puedo negar que Juan Manuel colabora semanalmente en mi medio con su opinión personal sobre temas diversos; su participación es pública y sin condicionamientos; él se hace responsable de sus dichos.
Lo que sí no puedo ocultar es la amistad que desde hace años me une no solo con Juan Manuel sino también con militantes de otros partidos y de ideologías distintas, Morena incluido.
Pero de eso a afirmar, como lo hace Antonio Martínez, que Cambrón es quien “me pasa información” y determina qué tema es noticioso o no, es inadmisible y un invento del funcionario.
En mi medio, yo soy quien decide —y nadie más— lo que publico, cómo lo hago y porqué. Cierto, puedo tener errores como todo ser humano; cuando eso sucede, corrijo y asumo la responsabilidad sin repartir culpas.
(Por convicción y en aras del compromiso para con la sociedad, no está por demás decir que, en un ejercicio de pluralidad y apertura, esos espacios de opinión, libre y sin tapujos, los he ofrecido a personas de distinto signo político. No los han aceptado; sus razones tendrán. Incluso, he buscado entrevistas hasta con la misma gobernadora, quien ni siquiera por educación ha respondido y eso que ha habido solicitudes basadas en lo que prevé el artículo 8 constitucional que consagra el derecho de petición. Off the record varios de sus colaboradores me han dicho que estoy vetado y tienen prohibido hablar conmigo. Allá ellos)
Pero volvamos a Antonio Martínez quien, con sus falsas aseveraciones, reafirma que su actuar se rige más bien por la descalificación y las balandronadas. Son las salidas más fáciles cuando no controla situaciones adversas. Lo vocifera así, quizá movido más por su afán de parecer bufón y no por su condición de un ser racional ni pensante.
(El escritor Carlos Fuentes en su libro “La Silla del Águila” tilda a ese tipo de personajes como cualquier “Maquiavelo de nopal”. Por algo será)
Es también una muestra más de que la información periodística —sustentada en documentos oficiales y conseguida por este reportero, sin necesidad de filtración alguna, como en esta y otras tantas investigaciones más—, motivo de esta andanada de sandeces, le causa prurito.
Desde su púlpito se siente todopoderoso para decidir, según le convenga, lo que tiene o no importancia periodística, lo que es nota o no. Por eso es que, en su papel de sabelotodo, Antonio Martínez reacciona sinrazón cuando algún medio publica información que evidencia excesos, torpezas, contradicciones, mentiras y omisiones del gobierno en el que cobra como funcionario.
No está por demás recordarle a Antonio Martínez —y de paso a su jefa, la gobernadora Lorena Cuéllar— que la violencia del Estado contra periodistas se presenta cuando funcionarios o instituciones oficiales incurren en agresiones, violaciones a derechos, intimidaciones o actos de censura, con la clara intención de limitar y socavar la libertad de expresión para controlar así la narrativa pública.
Lo que hace el portavoz es, a todas luces, un uso faccioso del poder con estas declaraciones difamatorias para estigmatizar a quien ejerce el periodismo de manera crítica y que incomoda, con el propósito de que ya no se difunda nada revelador o cuestionable.
Con embates como esos se busca generar un clima amedrentador y de silenciamiento que atenta contra el derecho de todas las personas a buscar y recibir información de cualquier tipo de acuerdo con sus preferencias, según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
Olvida también que, entre las obligaciones de los Estados —de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos—, está la adopción de “un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas y que no los exponga a un mayor riesgo, así como reconocer de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”.