miércoles 5 agosto 2026
5 agosto, 2026
(Fabián Robles/5 de agosto 2026) En un año, Alfonso Sánchez García —presidente municipal de Tlaxcala y “delfín” de Lorena Cuéllar Cisneros para sucederla en la gubernatura— acumuló, por sí solo o de manera compartida con otros actores políticos y Morena, un total de 74 quejas y denuncias ante el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE); en contraparte, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera sumó 36.
La propia mandataria morenista tampoco se salvó de ser denunciada, ya que su nombre aparece en al menos 13 expedientes.
De acuerdo con datos de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de ese organismo, entre agosto de 2025 y el 31 de julio del presente año, se abrieron 120 expedientes, la mayoría fue por probables actos anticipados de precampaña o campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos.
Llama la atención que, del total de quejas y denuncias, 110 fueron presentadas por ciudadanos, mientras que las diez restantes corrieron a cargo de partidos políticos: PRDT (cuatro), PVEM (tres), PAN (dos; una de las cuales es contra el edil de Apetatitlán, Mauricio Pozos Castañón) y PRI (una).
De todos esos 120 asuntos, el Consejo General del ITE solo ha concluido uno: se trata del expediente promovido por el partido del tucán en contra del exdiputado local petista Miguel Ángel Covarrubias Cervantes por actos anticipados de campaña, uso indebido de recurso público e indebida propaganda.
Con relación al estado procesal de todos esos casos, 65 se encuentran “en diligencias de investigación”, mientras que 19 ya fueron desechados. El resto están en distintas fases que van desde el cierre de instrucción hasta propuesta de desechamiento.
En la lista también aparecen dos asuntos contra el entonces secretario de Educación Pública, Homero Meneses: uno, por estrategia de promoción política, actos anticipados de campaña, uso indebido de recurso público y presión sobre los trabajadores; el otro, por transgresión a los principios rectores de la constitucionalidad, legalidad y equidad del proceso electoral, actos anticipados de precampaña, violación al artículo 134 constitucional, violación a los principios de neutralidad e imparcialidad a los que están sujetos los servidores públicos, indebida fiscalización y uso indebido de recurso público.
En otras quejas y denuncias aparecen los nombres del entonces director general del Cobat, José Alonso Trujillo Domínguez; de la otrora dirigente estatal de Morena, Marcela González; la diputada local Aurora Villeda Temoltzin; la secretaria de Impulso Agropecuario, Haide Gisela Lucero Zepeda; y el legislador Vicente Morales Pérez.
Otras personas denunciadas son los diputados locales Ever Campech Avelar y Emilio de la Peña Aponte; el presidente municipal de Calpulalpan, Juan Manuel Jiménez del Razo; la directora del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (hija del legislador Vicente Morales), Lucero Morales Tzompa; el secretario del Medio Ambiente, Pedro Aquino; y el subdelegado del ISSSTE, Leonel Vázquez Nava.
Antonio Martínez Velázquez, titular de la Coordinación de Comunicación del gobierno de Tlaxcala, enfrenta una denuncia por incumplimiento al principio de imparcialidad previsto en el artículo 134 de la Constitución Política.
De todos los expedientes solo hay uno en contra de quien o quienes resulten responsables por violación a los principios de equidad, neutralidad, certeza, legalidad e independencia.