lunes 28 septiembre 2026
28 septiembre, 2026
(Fabián Robles/28 de septiembre 2026) Transcurridos ya cinco años y nueve días, el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros y su hija Mariana Espinosa de los Monteros, presidenta honorífica del DIF estatal, siguen sin informar cómo fue que el domingo 19 de septiembre de 2021 escaparon de un albergue de esa institución cinco migrantes menores de edad de quienes ya nada se supo desde entonces. También ocultan qué consecuencias hubo para los funcionarios responsables de ese espacio.
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT), Jakqueline Ordóñez Brasdefer, también mantiene una actitud silente sobre ese caso, pese a que, cuando ocurrieron los hechos, a través del área de comunicación informó que ya se había iniciado las primeras diligencias para recabar datos sobre la desaparición de esos migrantes que estaban en espera de que se les resolviera su situación legal en el país. Hasta ahora nada se sabe de las supuestas investigaciones que haya hecho.
La única información oficial fue dada a conocer en su momento por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que confirmó la fecha y precisó que fueron cuatro hondureños y un salvadoreño los menores que viajaban solos y se evadieron de un albergue del DIF estatal. La dependencia a cargo de Ernestina Carro Roldán tampoco ha dado a conocer, si es que los hay, avances de la investigación respectiva.
El domingo 19 de septiembre de 2021 la quinteta de menores de edad fue vista por última vez en las inmediaciones de la ex fábrica de San Manuel, ubicada en San Miguel Contla, municipio de Santa Cruz Tlaxcala.
Las autoridades correspondientes abrieron la carpeta de investigación C.I.A.I.FEPDNL.TLAX-1/89/2021, aunque fue hasta tres días después del 19 de septiembre de ese año cuando la Coordinación de Alerta Amber Tlaxcala emitió los boletines de búsqueda respectivos.
Pero el gobierno ocultó que los menores de edad se encontraban en un albergue del DIF estatal de donde escaparon y por eso se limitaron a reportar que el último lugar por donde se les vio fue en las inmediaciones de la ex fábrica de San Manuel.
El más pequeño de los cinco desaparecidos es Exequiel Paz Bautista —en ese entonces tenía 13 años de edad— de nacionalidad hondureña y quien vestía sudadera color gris, camisa negra, short de mezclilla azul y sandalias rojas.
Franklin Alejandro Lucero Guerrero, originario de El Salvador — de 15 años de edad al día de los hechos— vestía playera manga corta color negro, pantalón de mezclilla azul y sandalias del mismo tono.
Christian Cruz López tenía 16 años de edad y es de Honduras. Vestía sudadera verde militar, playera color vino y calza sandalias rojas.
Ever Jaciel Mendoza, también de Honduras y de 17 años, vestía playera de manda larga color negro, pants azul con rayas blancas y sandalias rojas.
Jared Gamaliel Ventura, otro hondureño de 17 años de edad, vestía pantalón de mezclilla color azul y sandalias rojas.
OTRO CASO PENDIENTE
Hasta la fecha tampoco se sabe nada de otro migrante menor de edad que también escapó de la tutela del DIF estatal hace cinco años. Como en el caso anterior, las autoridades estatales han dado “carpetazo” a la investigación y se ignora si es que hubo algún funcionario sancionado.
El 20 de septiembre de ese mismo 2021, un adolescente de nacionalidad hondureña y residente permanente por refugio en México, escapó de un Centro de Asistencia Social (CAS) a cargo del DIF de Tlaxcala, al cual ingresó el 9 de julio de ese año.
Por ese hecho, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 25/2023 al Instituto Nacional de Migración (INM), así como a autoridades estatales de Chiapas y Puebla, también involucradas en el caso.
La recomendación también fue para la directora general del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlaxcala, Flor de María López Hinojosa, por no garantizar a ese menor de edad “una atención efectiva y oportuna”.
La CNDH concluyó que “las acciones tardías realizadas por la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala (Ppnnat), derivaron en la evasión” del adolescente hondureño.
INFORMACIÓN A MEDIAS
A principios de agosto de 2024, sin precisar detalles, la Secretaría de Gobierno (Segob) desveló que “recientemente (sic)”, dos empleados del Albergue de Migrantes no Acompañados de Tlaxcala —señalados por su presunta responsabilidad en “conducta delictiva”— fueron cesados y denunciados por la vía penal, además de que la Función Pública les inició un procedimiento administrativo.
De acuerdo con una nota firmada por la reportera Karla Muñetón y publicada el 3 de agosto en El Sol de Tlaxcala, esas decisiones fueron tomadas a petición de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes —dependiente del DIF Estatal—, “tras detectar presuntas omisiones a las normas establecidas por el organismo, relacionadas con la administración y operación del ente”.
Lo único que se sabe es que esas dos personas prestaban sus servicios en el albergue del DIF estatal, ubicado en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala.
Con relación a esos hechos, la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en cumplimiento a sus atribuciones, emitió un comunicado en el que desveló “la inmediata ejecución de la orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de Justicia de un servidor público”. Sin embargo, esa información no fue corroborada por la institución a cargo de Ernestina Carro Roldán.
Pero en ese mismo boletín se replicó lo que antes dio a conocer la reportera Karla Muñetón, aunque en el comunicado no se precisó cuándo se ejecutó la orden de aprehensión ni el delito imputado.
Hasta ahora se desconoce si esas acciones tuvieron relación alguna sobre los migrantes menores de edad que escaparon de albergues a cargo del DIF estatal, o si se refieren a algún otro hecho.