martes 29 septiembre 2026
29 septiembre, 2026
(Fabián Robles/29 de septiembre 2026) Dos años después de comprometerse a concluir en un plazo de 40 días las investigaciones que llevarían a emitir la recomendación correspondiente por la probable violación a los derechos de Pedro Francisco —quien estuvo encarcelado en el Cereso de Apizaco injustificadamente dos años por un homicidio que no cometió— la ombudsperson Jakqueline Ordóñez Brasdefer no ha cumplido su palabra.
El 19 de septiembre de 2024 la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) fue entrevistada sobre el tema por la reportera Selene Sosa para el portal Gentlx y desde entonces “estimó concluir sus investigaciones en 40 días aproximadamente”.
En esa nota periodística, Ordóñez Brasdefer “remarcó que (el organismo autónomo) ha llevado a cabo las investigaciones pertinentes, entre las que se incluyen colaboraciones de autoridades en el estado de Guanajuato y, por supuesto, Tlaxcala”.
“Dichas labores precisan de un tiempo y la CEDHT se encuentra a la espera de que dichos tiempos se cumplan para finalmente emitir un resolutivo de la queja por el caso de Pedro Francisco N., quien estuvo privado de su libertad por dos años sin ser responsable del homicidio del que se le culpó”, consignó la reportera.
“El inocente de Guanajuato”, como se le conoce a Pedro Francisco fue detenido el 5 de septiembre de 2022 por policías de aquella entidad y un día después fue trasladado a Tlaxcala, acusado presuntamente del homicidio de Gonzalo N., ocurrido el 8 de noviembre de 2021 en la ciudad de Huamantla.
Desde el momento de la detención y durante todo el proceso jurídico —que estuvo plagado de anomalías y mentiras— que enfrentó a lo largo de dos años y seis días, Pedro Francisco sufrió la violación de varios de sus derechos, al no existir ninguna prueba que lo incriminara en ese delito. Aun así, estuvo encarcelado hasta que el 11 de septiembre de 2024 fue absuelto y puesto en libertad.
Por las anomalías en este caso, el organismo presidido por Jakqueline Ordóñez radicó la queja CEDHT/CVG/45/2022 “de la víctima oriunda de Guanajuato, privada de su libertad en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Apizaco, en contra de elementos de la policía de investigación, ministerio público, defensor de oficio —que al momento de abrir el expediente respectivo fungían como elementos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)— y jueza de control del Distrito Judicial de Cuauhtémoc”.
A ese hombre, todos esos servidores públicos, presuntamente le violentaron sus derechos a la legalidad y seguridad jurídica; a la debida integración de la carpeta de investigación; a una adecuada y oportuna ejecución de los mandamientos judiciales, así como a recibir una defensa adecuada y a la garantía de audiencia.
Sin embargo, dos años después no hay justicia plena para Pedro Francisco “El Inocente de Guanajuato”.