jueves 5 noviembre 2026
5 noviembre, 2026
(Faro Noticias/5 de noviembre 2026) Con un llamado a implementar el Programa Basura Cero, integrantes de la Asamblea Comunitaria Socioambiental consideraron que ningún Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (Podecibi) es sustentable y además rechazaron la creación de nuevos rellenos sanitarios, así como la privatización de los servicios de manejo y depósito de residuos en Tlaxcala.
A través de un posicionamiento también urgieron la remediación de las afectaciones socioambientales causadas por los tiraderos cancelados y los Podecibis rechazados, además que las autoridades ofrezcan “una disculpa pública y la promesa de no repetición”, como reparación del daño a la comunidad de San Pedro Ecatepec, municipio de Atlangatepec, por la represión sufrida hace meses por el gobierno del estado de Tlaxcala.
Recordaron que los centros comerciales y supermercados, la forma actual de distribución y empaque de mercancías, así como las lógicas de producción y consumo impuestas a la población “han sido fundamentales para provocar la crisis de la basura”, a grado tal que hoy “somos víctimas del modelo de consumo y no responsables de la crisis”.
Como ejemplo, refirieron que, hasta antes del año 1950, la generación de residuos por persona, mayormente orgánicos, en México era de 300 gramos, lo que representa 70 % menos que lo generado en la actualidad.
El rechazo de la Asamblea Comunitaria Socioambiental a esos polos de economía circular y rellenos sanitarios es para evitar que sea vulnerado el derecho humano a un medio ambiente sano y a la salud, por lo que es “fundamental que ningún territorio se convierta en zona de sacrificio”.
Consideraron como un acto de justicia la cancelación del proyecto que tenían los gobiernos federal y estatal para instalar en San Pedro Ecatepec uno de esos polos.
También advirtieron que las autoridades no deben omitir su obligación de remediar el área afectada en el relleno sanitario de Atlangatepec, el cual suspendió supuestamente a partir del 31 de octubre último, tomando en cuenta que a ese tiradero a cielo abierto llegó un aproximado de mil 475 toneladas diarias de desechos de los 60 municipios del estado.
Como parte de su pronunciamiento externaron su total apoyo “a las comunidades que en la región (centro-norte) siguen luchando contra la imposición gubernamental de basureros y Podecibis, y por el riesgo de represión que enfrentan las poblaciones de Tetla y Tlaxco ante la presencia de camiones de basura resguardados por granaderos”.
Reiteraron que el modelo de esos polos de economía “privilegia a la iniciativa privada al no tener como objetivo disminuir la generación de basura desde el origen, ni garantizar la salud pública y ambiental de las poblaciones que invade. Además, las comunidades cercanas al proyecto no son informadas de forma adecuada ni se les presentan los resultados de los estudios técnicos ni la manifestación de impacto ambiental, situaciones que aumentan la incertidumbre y violentan el derecho humano a la información”.
Cuestionaron que, ante la clausura del último basurero a cielo abierto en Atlangatepec, el gobierno del estado se limitó “a ofrecer un directorio de tiraderos privados” a los ayuntamientos, mientras que las autoridades municipales han emprendido campañas para promover la separación de residuos, aunque estas, por sí solas, “no generan cambios de conductas si no se acompañan de otros mecanismos”.
Las organizaciones que integran la Asamblea Comunitaria Socioambiental también consideraron que la imposición de empresas privadas para la disposición final de la basura “representa un alto costo económico para el presupuesto municipal, que será absorbido por las propias comunidades a través del pago de mayores impuestos o sacrificando otras obras”.
Advirtieron que “esta vía mercantilizadora y privatizadora del manejo de la basura no resulta ser una solución de fondo porque los municipios no están creando la infraestructura ni la normatividad necesaria para ser sustentables. El colapso del sistema de manejo de residuos en Tlaxcala era evidente desde hace varios años, pero los gobiernos estatal y municipal incumplieron sus responsabilidades”.
Ante la contingencia ambiental por el manejo de la basura generada en los municipios exigieron la implementación del Programa Basura Cero, que consiste en la gestión integral de residuos a partir de prevenir su generación y recuperar parte de ellos, y fortalecer la responsabilidad ambiental, económica, social y política con el fin de evitar la saturación de tiraderos que afectan la calidad de vida de las comunidades.
También se pronunciaron por acuerdos interinstitucionales que garanticen la consulta previa con procesos de participación pública, amplia, informada, inclusiva y transparente en asuntos ambientales, que generen condiciones adecuadas para el buen manejo de residuos sólidos urbanos y que eviten que este servicio público municipal sea privatizado.
A las instituciones municipales y la Semarnat demandaron que no se deslinden del cumplimiento de las normas en materia del manejo de residuos sólidos y que en el diseño de políticas públicas en la materia exista participación de las comunidades, expertos de la academia y sociedad civil.
En la generación de espacios de diálogo se pronunciaron por tomar en cuenta a las personas conocidas como pepenadores para que en un nuevo modelo de manejo de residuos sean incluidos en el proceso, garantizando sus ingresos económicos y dignificando su actividad.
A la población del estado les invitaron a que, si tiene las condiciones, impulsen familiarmente en sus hogares procesos de composteo, también a que realicen la separación de residuos, a dejar de utilizar materiales de un solo uso como bolsas de plástico, popotes y unicel, y a no consumir lo que no necesitamos.