5 noviembre, 2026
(Faro Noticias/5 de noviembre 2026) Desatención en salud mental, tratos inadecuados, hacinamiento, mala higiene y acceso restringido de visitas sin fundamento alguno, son algunas de las anomalías que detectó personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) en una inspección “sin previo aviso” al Centro de Reinserción Social (Cereso) de la ciudad capital.
La visita de un grupo interdisciplinario del organismo autónomo tuvo lugar la mañana del martes 3 de noviembre y forma parte de una investigación relacionada con una denuncia anónima difundida en redes sociales y algunos medios de comunicación sobre probables actos de tortura en ese centro de reclusión.
Esa intervención incluyó “entrevistas y observación de instalaciones de manera directa” en el Cereso de Tlaxcala, precisó la CEDHT en un comunicado.
Durante ese trabajo se otorgaron 35 orientaciones a Personas Privadas de Libertad (PPL) y se entrevistaron a otras ubicadas en diferentes áreas, quienes accedieron a informar bajo anonimato por miedo a represalias.
“Con las entrevistas y la observación directa, el personal defensor de derechos humanos detectó varias condiciones referidas por las personas privadas de la libertad que requieren atención inmediata”, subrayó el organismo autónomo.
Merced a las anomalías en el Cereso de Tlaxcala, en redes sociales se han denunciado una serie de abusos, vejaciones y probables actos de corrupción que involucran al actual director de ese sitio de reclusión Iván Sánchez.
Interrogado al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Alberto Martín Perea Marrufo anunció, sin dar más detalles, que en breve se hará una rotación de personal en los centros de reclusión que operan en la entidad.
De acuerdo con el más reciente Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, el sistema de reclusión de Tlaxcala resultó reprobado al obtener una calificación de 5.02 puntos de diez posibles; es decir, ninguno de los tres centros de reinserción social superó los estándares establecidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Según ese documento, en los penales de Tlaxcala se detectó sobrepoblación, deficiencias alimentarias y sanitarias, insuficiencia de custodios y fallas en los mecanismos de reinserción a la vida pública de las Personas Privadas de la Libertad.
En el caso específico del Cereso de Tlaxcala, en el diagnóstico referido obtuvo una calificación de apenas 4.89, la peor de los tres espacios existentes en la entidad.
La CNDH documentó en ese lugar problemas de hacinamiento y sobrepoblación, además de deficiencias en salud y alimentación, insuficiencia de programas para prevenir y atender hechos violentos, deficiencias en la atención de personas en aislamiento, falta de mecanismos adecuados para prevenir violaciones a derechos humanos de los PPL y dificultades para presentar quejas.
Con relación a temas de gobernabilidad, el organismo detectó insuficiencia de custodios, falta de capacitación y presencia de actividades ilícitas, además de que no están separados sentenciados y procesados.
Llama la atención que, si la CNDH reportó en su diagnóstico de 2025 todas esas anomalías, hasta apenas el organismo encabezado en Tlaxcala por la ombusdperson Jakqueline Ordónez Brasdefer «detectó» ese cúmulo de irregularidades.