lunes 16 noviembre 2026
LAS CÁRCELES DEL HORROR EN TLAXCALA (II) ANTONIO SORELA, BENEFICIADO CON “APOYOS” DEL TET GRACIAS A SU AMISTAD CON MIGUEL NAVA, OCUPA AHORA UN CARGO EN LA SCJN INEGI: REGISTRA TLAXCALA UNA DE LAS TASAS MÁS ALTAS DEL PAÍS EN DEFUNCIONES POR DIABETES; POR ESA CAUSA HUBO MIL 490 DECESOS FUERA DE TIEMPO, DIPUTADA DEL PRI DIFUNDE INFORME LEGISLATIVO; PRESUME QUE REGALÓ KITS FUTBOLEROS Y HASTA UN ÁLBUM PANINI LAS CÁRCELES DEL HORROR EN TLAXCALA (I)

LAS CÁRCELES DEL HORROR EN TLAXCALA (II)


16 noviembre, 2026

(Juan Manuel Cambrón Soria/16 de noviembre 2026) La semana pasada cerré este espacio con una pregunta: ¿cuántos abusos estarán ocurriendo detrás de los muros de nuestras cárceles sin que nadie los conozca? La imagen de un hombre encadenado, las denuncias de malos tratos y las explicaciones de las autoridades exhibieron una realidad que no desaparecerá porque no se hable de ella.

La indignación, por legítima que sea, no constituye una política pública; y si bien es cierto que denunciar los abusos es indispensable; también lo es señalar que es una obligación del Estado construir las condiciones para que no vuelvan a ocurrir.

El gobierno del estatal debiera asumir con seriedad la tarea de generar un modelo penitenciario eficiente para Tlaxcala, capaz de proteger a la sociedad, así como garantizar la dignidad humana y reducir las posibilidades de reincidencia.  Y tal vez usted se pregunte como se hace, no se requiere inventar el hilo negro; el artículo 18 constitucional establece las bases de la reinserción social: derechos humanos, trabajo, capacitación, educación, salud y deporte. Sin embargo, el problema reside en que lo que ordena nuestra Constitución se contrapone a lo que ocurre dentro de las prisiones.

Desde nuestra perspectiva, Tlaxcala necesita emprender una reforma integral de su sistema penitenciario, comenzando por un diagnóstico público, independiente y exhaustivo. Necesitamos saber cuántas personas están recluidas, cuántas tienen sentencia, cuántas esperan juicio, qué delitos se les imputan, cuáles son las condiciones de hacinamiento y qué servicios reciben. Sin información confiable, cualquier promesa de transformación será solamente otro discurso gubernamental.

Un segundo componente debe ser la clasificación efectiva de la población penitenciaria. No es razonable que una persona procesada por un delito menor pueda quedar expuesta a los mismos riesgos que alguien vinculado con organizaciones criminales. Separar adecuadamente a procesados y sentenciados, evaluar perfiles de riesgo y establecer medidas diferenciadas de seguridad no significa otorgar privilegios; significa cumplir la ley y prevenir que las cárceles se conviertan en centros de reclutamiento y aprendizaje delictivo.

Como tercer elemento, la salud física y mental debe constituir otra prioridad. Una persona con tendencias suicidas necesita atención psiquiátrica, vigilancia médica y protocolos especializados, no explicaciones públicas que pretendan normalizar su sufrimiento. Necesitamos personal capacitado, expedientes clínicos, supervisión profesional y mecanismos de atención inmediata. La seguridad penitenciaria no puede confundirse con el uso indiscriminado de la fuerza. 

Un cuarto aspecto es fortalecer los mecanismos de vigilancia externa. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, las organizaciones civiles, las defensoras y los familiares deben contar con canales seguros y efectivos para denunciar irregularidades, sin amenazas ni represalias. La transparencia penitenciaria no debilita la seguridad; por el contrario, ayuda a prevenir abusos y corrupción.

Es importante puntualizar, que los cuatro ejes requieren presupuesto, capacitación, profesionalización del personal y mecanismos de evaluación. No basta con cambiar directores, pintar instalaciones o anunciar programas con nombres rimbombantes.

Y para la reflexión considero relevante colocar al centro la idea de darle contenido real a la palabra reinserción. Que las personas privadas de la libertad puedan estudiar, aprender un oficio, trabajar y desarrollar capacidades que les permitan reconstruir sus vidas. Que existan convenios con instituciones educativas y sectores productivos, programas de certificación laboral y acompañamiento para quienes recuperan su libertad. Porque de poco sirve encerrar durante años a una persona si al salir encuentra las mismas condiciones de exclusión, desempleo y violencia que contribuyeron a su conducta delictiva.

La próxima administración estatal que entrará en 2027, debe asumir la distinción de que una cárcel segura no tiene por qué ser cruel, ni una cárcel respetuosa de la dignidad humana tiene por qué ser permisiva. La verdadera medida del éxito de una política penitenciaria no debería ser solamente cuántas personas ingresan a prisión, sino cuántas logran salir de ella con posibilidades reales de reconstruir su vida sin volver a lastimar a nadie.  Si partimos de que la primera obligación del Estado es proteger a la sociedad, entonces la reinserción social no es un acto de generosidad hacia quienes delinquieron, es una inversión en la seguridad y el futuro de todas y todos.