martes 10 noviembre 2026
9 noviembre, 2026
(Juan Manuel Cambrón Soria/9 de noviembre 2026) Las cárceles qué función deben cumplir: ¿castigar, vengar a la sociedad o procurar que quien ha cometido un delito tal vez algún día reintegrarse a ella? Nuestra Constitución establece que el sistema penitenciario debe garantizar los derechos humanos y procurar la reinserción social mediante el trabajo, la educación, la salud y la capacitación; e inserta una distinción, no es lo mismo quien cumple una sentencia condenatoria que quien permanece en prisión preventiva, sujeto a un proceso judicial y amparado todavía por la presunción de inocencia. También es importante distinguir entre quien cometió un robo menor, participó en una riña o incurrió en un delito sin violencia, que quien fue condenado por homicidio, violación o delincuencia organizada. Por estas razones la ley contempla mecanismos de clasificación y separación de la población penitenciaria, atendiendo a su situación jurídica y a las necesidades de seguridad, porque no todos representan el mismo riesgo, ni requieren las mismas medidas de custodia.
Sin embargo, en Tlaxcala, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado deficiencias en la separación de procesados y sentenciados y en la clasificación de los internos; con ello se abre la puerta para que, en vez de procurar la reinserción, nuestras cárceles se conviertan en escuelas de violencia y criminalidad.
Traigo a colación esta reflexión porque en la semana aparecieron imágenes que nos obligan a preguntarnos si estamos viviendo en el siglo XXI o si hemos regresado a las mazmorras de la Edad Media. Un hombre encadenado de pies y manos dentro del Cereso de Tlaxcala; denuncias de golpes, malos tratos y castigos; escenas que uno supondría desterradas de cualquier sociedad que se presuma civilizada, pero que hoy forman parte de la realidad penitenciaria de nuestro estado. La gravedad de lo ocurrido no reside solamente en las imágenes, sino que se magnifica por la respuesta de Alberto Perea Marrufo, secretario de Seguridad, quien pretendió explicar el encadenamiento de un interno señalando que había sido condenado a cincuenta años de prisión por feminicidio y que, después de conocer su sentencia, presentó una crisis psiquiátrica con conductas suicidas.
Y aquí conviene establecer una premisa irrenunciable: ni siquiera el delincuente más peligroso pierde su condición humana; por ello, la explicación de Perea es tan perturbadora como los hechos. Es claro que el feminicidio es uno de los crímenes más abominables y merece todo el peso de la ley, pero precisamente porque creemos en la justicia, no podemos aceptar que la condena se convierta en pretexto para la barbarie; si el interno representaba un riesgo para su propia vida, la obligación del Estado era brindarle atención médica, protección y tratamiento especializado, no normalizar públicamente imágenes que evocan los calabozos de hace quinientos años.
Las palabras del secretario no solamente lo retratan a él, retratan también una preocupante y recurrente manera de entender el ejercicio del poder dentro del gobierno de Lorena Cuéllar, ante una crisis, lo primero es negar, minimizar y justificar; en este caso en particular, todavía hubo espacio para anunciar sanciones contra quien tomó y filtró las imágenes; es decir, pareciera que para la autoridad resultaba más urgente perseguir la fotografía que esclarecer lo fotografiado. La gobernadora no puede permanecer al margen de esta discusión, porque los centros penitenciarios están bajo la responsabilidad de su administración y la actuación de sus funcionarios compromete directamente al gobierno que encabeza. Es así que, pensar que, con remover a un director en medio del escándalo, con ello se acabó el problema, es un autoengaño.
En medio de este episodio, hay que reconocer el valor de las mujeres que se negaron a guardar silencio; activistas, abogadas, defensoras de derechos humanos que, en apoyo a los familiares, levantaron la voz para exigir respeto a la dignidad de las personas privadas de la libertad. Mención aparte para Yeny Charrez Carlos, una mujer a quien conozco, aprecio y reconozco por su compromiso con la defensa de los derechos humanos. Yeny ha denunciado incluso amenazas contra ella y su hijo, mi solidaridad y mi exigencia para que el Estado garantice su seguridad y la de todas las personas defensoras, no podemos permitir que defender los derechos humanos se convierte en una actividad de riesgo
Finalmente, este caso lo conocimos porque alguien tuvo el valor de denunciarlo, porque las imágenes se hicieron públicas y porque el escándalo alcanzó los medios de comunicación. Pero ¿cuántos casos más estarán ocurriendo en este preciso momento detrás de esos muros, lejos de las cámaras, de los periodistas, las activistas y de las miradas de la sociedad? ¿Cuántas personas estarán sufriendo abusos sin que nadie escuche sus voces? ¿Cuántas arbitrariedades permanecerán ocultas porque sus víctimas tienen miedo de denunciar? Si para que el gobierno actúe debemos esperar a que la barbarie se vuelva viral, entonces lamento decirlo, pero Houston estamos en serios problemas.