18 noviembre, 2026
(Fabián Robles/18 de noviembre 2026) En una publicación para el medio Animal Político, el investigador Víctor Manuel Sánchez Valdés desveló que los préstamos conocidos como “gota a gota” están presentes en al menos 12 municipios de Tlaxcala. Sin embargo, el especialista de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC) se quedó corto porque según datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ese esquema está vigente en 30 de las 60 demarcaciones de la enti
Con base en un mapeo hemerográfico, el doctor en Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), registró que esos préstamos proliferan en 172 municipios de 31 estados de la República mexicana.
En el caso de la entidad, Sánchez Valdés refirió que se han documentado reportes relacionados con esa práctica en Tlaxcala, Apizaco, Tenancingo, Natívitas, Calpulalpan, San Pablo del Monte, Panotla, Zacatelco, Teolocholco, Terrenate, Tetla de la Solidaridad, Tzompantepec y Chiautempan.
Recordó que a México el esquema “gota a gota” llegó desde el año 2012 a través de migrantes colombianos, y combina los préstamos, la estafa y la extorsión.
“El nombre de gota a gota se debe a que el cobro de lo prestado es a diario y si la persona se atrasa un solo día recibe penalizaciones; en realidad lo que buscan los criminales es que los clientes caigan en impago para que los intereses crezcan y luego puedan cobrar cantidades mucho mayores”, explicó.
Ayer, durante la conferencia del pueblo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reconoció que la administración federal ha detectado problemáticas específicas relacionadas con ciudadanos de origen colombiano involucrados en delitos de extorsión y esquemas de préstamos ilegales conocidos como “gota a gota”.
LOS OTROS DATOS
Sin embargo, los datos del investigador Víctor Manuel Sánchez son distintos a los que, desde marzo de 2023, desveló el entonces titular de la SSC, Ramón Celaya Gamboa, a la periodista Guadalupe de la Luz, a quien le dijo que esas bandas existen en al menos 30 de los 60 municipios del estado, “y unas operan a gran escala en Apizaco, en el sur del estado, como Tenancingo y Nativitas; otros en menor nivel, en Tzompantepec o en Tlaxcala capital”.
Incluso, en esas declaraciones -publicadas en el periódico La Jornada de Oriente Tlaxcala-, el funcionario achacó diversos episodios de violencia registrados en la entidad a la operación de bandas de colombianos dedicadas a la extorsión “en la mitad del territorio estatal y quienes han hecho toda una vida aquí”.
Según Celaya Gamboa, los préstamos “gota a gota” ofrecidos por esos delincuentes podrían ser de 10 mil a 15 mil pesos, “pero con el cobro de intereses altos”. y “a veces, cuando las víctimas no pagan, terminan en homicidios”.
Desde aquel entonces, quien encabezaba la SSC desveló que ese tipo de prácticas llevaba “años sucediendo en el estado y no se había hecho nada. Conforme ha pasado el tiempo (los colombianos) se han vuelto cada día más violentos y cada día amenazan y extorsionan. En estos meses que llevo en el estado, he tenido casos de varios, y no están en la cárcel porque la gente no ha querido denunciar”.
Con Ramón Celaya al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se logró la detención de unos 16 prestamistas —también conocidos como “tarjeteros”— en los municipios de Huamantla, Totolac, Xaloztoc, Santa Ana Nopalucan, Chiautempan, Tenancingo y Tlaxcala.
En casi todos esos casos los involucrados fueron de origen colombiano, aunque las detenciones no fueron resultado de trabajo de inteligencia de la SSC o de denuncias, sino merced a hechos fortuitos; es decir, el aseguramiento de los prestamistas fue porque conducían motocicletas de manera negligente.

BANDA DE COLOMBIANOS
Una de las primeras detenciones de prestamistas —al menos de las que se tiene información en el gobierno morenista- tuvo lugar a finales de agosto de 2022: el 30 de ese mes se dio a conocer que tres presuntos integrantes de una banda denominada “Los Colombianos” fueron detenidos por policías de Chiautempan, gracias a un reporte hecho al Servicio de Emergencias 911.
Esos hechos ocurrieron en la comunidad de San Pedro Muñoztla, luego que una mujer pidiera auxilio al ser víctima de amenazas, derivado de supuestos adeudos del sistema conocido como “gota a gota”, y cuyo pago le exigían dos mujeres y un hombre.
Por esos hechos la policía municipal chiautempense puso a disposición a María Alejandra N., alias “La Colombiana”; Laura N., “La Lau” y Juan Camilo N. Por su parte, personal del Instituto Nacional de Migración (INM) hizo lo propio para determinar la situación legal de esas personas y verificar su estancia legal en el país. Después ya nada de supo.
El último aseguramiento de un presunto “tarjetero” —al menos del que se tiene noticia— ocurrió el 22 de enero de 2025 en la ciudad de Tlaxcala, donde autoridades de los tres nieles de gobierno detuvieron a un colombiano que supuestamente se dedicaba a los préstamos denominados “gota a gota” en el municipio capitalino.
Al momento de ser detenido, el presunto responsable manifestó dedicarse a actividades de cobro, sin contar con la documentación necesaria para su estancia legal en el país, por lo que las autoridades respectivas realizaron los trámites correspondientes para deportarlo “y garantizar que no continúe realizando actividades ilícitas en nuestro territorio”.

¿FEMINICIDIOS LIGADOS AL ESQUEMA GOTA A GOTA?
Con relación a ese tipo de préstamos, en su momento el titular de la SSC, Ramón Celaya Gamboa refirió que un feminicidio registrado a mediados de marzo de 2023 en San Miguel del Milagro, municipio de Natívitas, “estaría relacionado con bandas de colombianos que se dedican a los préstamos gota a gota”.
La víctima —una mujer de aproximadamente 40 años de edad— fue privada de la vida al recibir al menos seis impactos de bala que, al parecer, le habrían propinado dos hombres que supuestamente huyeron a bordo de una motocicleta.
Los préstamos “gota a gota”, refirió el entonces funcionario, “es otra actividad que durante muchos años se dejó crecer en el estado y no se combatía. Ya se identificó con qué banda de delincuentes colombianos presumiblemente está relacionada (esa mujer) y parece que ahí viene, pero no podemos dar más detalles”.
A principios de abril de 2023, otra mujer sin vida y embolsada fue localizada en la comunidad de Santiago Michac, municipio de Natívitas, en una zona limítrofe con Xalmimilulco, Puebla.
Junto a los restos del cuerpo fue hallada una cartulina, en la cual se leía un mensaje cuyos destinatarios serían, supuestamente, extorsionadores colombianos dedicados a prestar dinero de manera ilegal a través del esquema conocidos como “gota a gota”.
El hallazgo fue cerca de la exhacienda Santa Elena, y la identidad de esa persona sin vida nunca se supo.
A través de un comunicado, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó que el cuerpo corresponde a una mujer, por lo que el Ministerio Público inició una carpeta de investigación por el delito de feminicidio, derivado de esos hechos. Hasta la fecha esos dos crímenes siguen impunes.

SANCIONES
A inicios de abril de 2025 integrantes de la LXV Legislatura local aprobaron por unanimidad de votos la incorporación al Código Penal del estado del delito de “cobro indebido” —mejor conocido como préstamos “gota a gota”— el cual será sancionado “con una pena de 10 a 15 años de prisión y multa de 2 mil a 3 mil veces el valor de la Unidad de Medida у Actualización (UMA)”.
La tipificación de ese ilícito ocurrió tres años después de que se supo de las primeras detenciones de personas dedicadas a esa actividad en al menos la mitad de los municipios de la entidad, y a dos años del compromiso asumido por la SSC de Tlaxcala —junto con autoridades de otros seis estados— para combatir en la zona centro del país esa modalidad de extorsión también conocida como “gota a gota.
Según el dictamen presentado en su momento al pleno legislativo por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, ese esquema “opera bajo la apariencia de préstamos (de dinero) informales, (y) se caracteriza por la imposición de tasas de interés exorbitantes y el uso de la violencia o intimidación para garantizar el cobro de deudas”.
Quienes se dedican a esa actividad ofrecen “préstamo gota a gota, préstamo facilito o paga diario que son difíciles de pagar debido a las elevadas tasas de interés, que regularmente superan el 500 %, e incluso siete veces los promedios de los servicios de microcrédito. Quienes incumplen los pagos son objeto de extorsión e intimidación para garantizar el cumplimiento del plazo establecido”.
Con la tipificación de ese delito, ahora quien obligue a otra persona, mediante amenazas o violencia física o moral, a realizar una acción u omisión relacionada con una obligación civil o mercantil para obtener un pago o beneficio, enfrentará una pena de 10 a 15 años de prisión y una multa de dos mil a tres mil UMAs.
Esta pena se incrementará hasta en una mitad si el delito es cometido por servidores públicos, miembros de empresas de seguridad privada, a través de medios electrónicos, con armas o instrumentos de amenaza, contra menores de 18 años o adultos mayores de 60, desde centros penitenciarios o causando daños, entre otros supuestos.
Asimismo, se sancionará con uno a siete años de prisión y multa de 5 mil a 8 mil UMAs a quien, sin autorización de las autoridades financieras, otorgue préstamos o créditos aprovechándose de la necesidad económica o el desconocimiento de las personas, imponiendo garantías o ventajas desproporcionadas. Esta pena se incrementará hasta en una mitad si se emplean medios coactivos, intimidación o amenazas.
También se castigará con uno a cuatro años de prisión y multa de dos mil a tres mil UMAs el uso de medios ilícitos o actos de hostigamiento para cobrar deudas civiles o mercantiles. Además, se aplicarán sanciones adicionales si se emplean documentos falsos o se usurpan funciones públicas o profesionales.
De acuerdo con autoridades de la Ciudad de México —según la iniciativa presentada en el Congreso de Tlaxcala— “una red de prestamistas compuesta por aproximadamente mil 500 personas de origen sudamericano opera en el país desde 2015. Estas personas ingresaron como turistas y, para darse a conocer, comenzaron a entregar tarjetas en mercados y pequeños comercios de la capital y otras entidades, ofreciendo prestamos ´fáciles´ sin verificación en el buró de crédito ni necesidad de aval”
Para sustentar la iniciativa de adición de los artículos 270 Bis, 270 Ter y 283 Ter 1, todos al Código Penal local, el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros incluyó algunos datos sobre la existencia en el estado de bandas dedicadas a esa actividad, muchas de las cuales “son de origen colombiano, quienes se encuentran en diversos municipios y se dedican a extorsionar personas con altos cobros gota a gota”.
La operación de esas organizaciones delictivas se ha detectado “en Apizaco, Tzompantepec, San Pablo del Monte y, en menor medida, en Calpulalpan. Quienes incumplen con los pagos, son objeto de extorsión e intimidación para garantizar el cumplimiento del plazo establecido (generalmente un mes)”.
Sin embargo, hasta ahora se desconoce cuántas carpetas de investigación ha iniciado la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) por ese delito y los resultados de las mismas.