19 noviembre, 2026
(Faro Noticias/19 de noviembre 2026) Tras pronunciarse a favor de que las instituciones de salud garanticen servicios de aborto seguros, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) consideró que en la entidad se requiere “pasar del reconocimiento jurídico a la garantía efectiva: informar con claridad, eliminar obstáculos administrativos, fortalecer la red de servicios y evaluar permanentemente que las personas puedan ejercer sus derechos sin discriminación, dilaciones ni barreras”.
Al fijar un posicionamiento sobre este tema, el organismo autónomo subrayó que la despenalización ya produjo efectos jurídicos mediante sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inválidos los artículos 242 y 243 del Código Penal local por establecer una prohibición absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo.
Recordó que la acción de inconstitucionalidad 89/2024 —resuelta por el máximo tribunal del país el 2 de diciembre de 2025— representó un avance fundamental al eliminar barreras normativas que obstaculizaban la atención médica y al despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en la entidad
“No obstante —advirtió la CEDHT— persiste la obligación del Congreso del Estado de armonizar la legislación local con los parámetros constitucionales, así como la responsabilidad de las autoridades sanitarias y demás instituciones de garantizar servicios oportunos, seguros y de calidad, sin condicionarlos a denuncias, autorizaciones ministeriales o requisitos injustificados”.
Insistió que la interrupción del embarazo en Tlaxcala “debe entenderse como una cuestión de derechos humanos, salud pública y acceso efectivo a la información”, tomando en cuenta que el derecho a la información “no es un elemento accesorio, sino la base para que las decisiones sobre la salud sexual y reproductiva sean libres, autónomas y respetadas”.
Apuntó que el derecho a la información es una condición indispensable para el ejercicio de la autonomía reproductiva, de ahí que “toda persona tiene derecho a recibir información clara, completa, oportuna, confidencial, científicamente fundamentada y libre de estigmas sobre sus opciones de atención, los servicios disponibles, los requisitos aplicables, los mecanismos de referencia y los recursos de protección ante negativas, retrasos o prácticas indebidas”.
Sin información accesible, el derecho a decidir de manera informada y el derecho a la salud no pueden ejercerse plenamente, advirtió el organismo presidido por Jakqueline Ordóñez Brasdefer.
Reiteró que “la existencia de servicios de aborto seguro no equivale, por sí sola, a su acceso efectivo. Las instituciones de salud deben garantizar que la atención sea disponible, accesible, aceptable y de calidad; ello implica personal capacitado, insumos suficientes, protocolos claros, confidencialidad, trato digno, ausencia de discriminación y mecanismos eficaces para la objeción de conciencia individual sin que ésta se convierta en una barrera institucional”.
También consideró que, “en una sociedad democrática y plural, las diferencias de pensamiento, las convicciones personales y los posicionamientos frente al aborto pueden coexistir. El derecho a la libertad de expresión comprende también el derecho a disentir, cuestionar y manifestar opiniones contrarias, siempre dentro del marco del respeto a los derechos humanos”.