sábado 18 mayo 2024
26 enero, 2024
(Fabián Robles/27 de enero 2024) Alberto Martín Perea Marrufo destapó la cloaca, pero no se animó a sacar toda la podredumbre que halló desde agosto pasado en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSSC), cuando asumió como titular.
Al comparecer en el Congreso local con motivo de la glosa del segundo informe de gobierno, el capitán de navío se cuidó de no dar nombres, fiel a esa regla no escrita entre los suyos de cuidarse entre sí.
Aunque no se refirió a nadie en especial, tácitamente culpó a sus antecesores del desastre que encontró en la dependencia más vilipendiada del gobierno local morenista: Alberto Álvarez Valenzuela (prófugo de la justicia federal desde noviembre de 2021), Raúl Ruiz (que duró apenas medio año) y Ramón Celaya Gamboa (quien dejó aventado el cargo y se fue por la puerta de atrás).
(A propósito de Ramón Celaya, valdría la pena saber si se le fincó responsabilidad alguna por incumplir con el proceso de entrega-recepción; y también conocer si se le da seguimiento o no a la guerra que le declaró a los colombianos prestamistas y extorsionadores)
De los encargados de despacho, es bien sabido que Guadalupe Ballesteros controlaba la dependencia, al menos hasta antes de que llegara el actual secretario y hoy, al parecer, sus privilegios y cotos de poder se habrían acabado. El otro responsable temporal de la SSC fue Maximino Hernández Pulido.
Ellos, los cinco, alguno más u otro menos, son los (i)rresponsables de cómo ha funcionado mal esa secretaría en casi dos años y medio del mandato de Lorena Cuéllar.
Lo dijo Perea Marrufo, había focos de corrupción, posibles vínculos de policías con la delincuencia, instalaciones limitadas, falta de equipamiento, déficit de personal y elementos enfermos, grandes de edad y muchos apenas con estudios de nivel básico.
Ni siquiera había coordinación entre las direcciones de la misma secretaría, no se analizaba la incidencia delictiva, tampoco existía un adecuado monitoreo con cámaras de videovigilancia, mucho menos coordinación con otras instituciones y la “estrategia de seguridad” -llamada así de manera eufemística- era un auténtico galimatías, resultado de los constantes cambios de titular en la dependencia.
Todas esas condiciones lo único que permiten colegir es que la delincuencia -así sean únicamente “bandas transgresoras de la ley”, como les llama Perea Marrufo- ha tenido la mesa puesta para cometer sus fechorías.
Las palabras del capitán de navío echan por tierra el discurso oficialista aquel que ha minimizado las repercusiones de tantos cambios al frente de la SSC. La gobernadora ha mentido; su subordinado la ha desenmascarado.
Sin embargo, en su comparecencia, el secretario de Seguridad se guardó para sí la información para saber al menos cuántos policías estatales han sido dados de baja y denunciados por actos de corrupción. Lo mismo hizo con aquellos que están, o estaban ligados a la delincuencia; tampoco dijo quién los protege, por qué y a cambio de qué.
Por su formación y experiencia, sabe que está obligado a presentar las denuncias necesarias por esos actos. No hacerlo, lo convierte automáticamente en cómplice, al igual que a sus predecesores.
Tras seis meses en el cargo, sería imperdonable que no lo haya hecho. Realizar un diagnóstico, por certero y contundente que sea, no basta para quedarse cruzado de brazos y confiar en que la corriente termine por arrastrarlo a la orilla del río, porque también corre el riesgo de acabar en el fondo.
Quienes estuvieron antes que él como titulares de la Secretaría de Seguridad hicieron la misma promesa: transformarla, fortalecerla y devolverle la confianza ciudadana…si es que alguna vez la ha tenido. Ninguno cumplió. La historia ya los juzga y por sus actos os conoceréis.