sábado 18 mayo 2024
29 enero, 2024
(Fabián Robles/29 de enero 2024) Resulta por demás vergonzoso, triste y lamentable que Tlaxcala -presumido por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros como el más seguro de toda la República- haya terminado el año 2023 en el primer lugar nacional en el ranking de linchamientos, y en el segundo sitio con más intentos de ajusticiamiento por grupos de pobladores.
Los datos -aportados por la organización Causa en Común en su reporte “Galería del horror, atrocidades y eventos de alto impacto enero-diciembre 2023”- dan cuenta de esa inocultable realidad.
De los 19 linchamientos que se registraron en 11 entidades, cuatro ocurrieron en territorio tlaxcalteca.
Sobre los intentos de ajusticiamiento, la organización contabilizó un total de 179, de los cuales 27 sucedieron en Puebla, 24 en Tlaxcala, 23 en Hidalgo 23 y 16 en el Estado de México.
El común denominador en todos esos casos fue el hartazgo de los pobladores ante la inseguridad, y sobre todo por la inacción e ineficacia de las fuerzas policiales para frenar los actos delictivos que tanto agravian a la sociedad. Esa es la queja recurrente de una población ávida de paz y tranquilidad que, paradójicamente, encuentra en la Ley del Talión su única alternativa para hacer justicia… a su modo.
Que conste: no se trata de justificar esos actos de barbarie, pero huelga decir que sólo quien ha sido víctima de un acto delincuencial sabe el dolor, el daño y las secuelas que genera una malhadada vivencia de ese tipo.
Tampoco se debe soslayar que, en muchos casos, el pueblo sabio se conforma con darle un escarmiento a quienes delinquen y ya. Saciado su enojo y sed de venganza, al final deciden no presentar las denuncias correspondientes, sin darse cuenta que eso es caldo de cultivo para que prive la impunidad.
Pese a tratarse de un tema en extremo delicado, fue soslayado tanto por los secretarios de Gobierno y el de Seguridad Ciudadana, así como por la procuradora. Al comparecer en el Congreso local, ni Luis Antonio Ramírez, ni Alberto Martín Perea, y mucho menos Ernestina Carro, tocaron el tema. Tampoco a diputados les interesó. La historia se cuenta sola.
Las autoridades municipales desde luego que mucho tienen que ver en la ocurrencia de esas conductas sociales, pero no hacen nada por evitarlo. Ahí está, en el cajón del olvido, el llamado hecho hace meses por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para que hagan lo que le corresponde para que ya no sucedan más eventos de esta naturaleza.
Por cierto, muestra del desdén sobre este problema es que quienes integran la LXIV Legislatura local desdeñaron la propuesta presentada, desde marzo del año pasado, por la ombudsperson Jakqueline Ordóñez Brasdefer para tipificar el linchamiento en el Código Penal del Estado.
La propuesta -independientemente de que es un plagio de una similar presentada en su momento por la senadora panista Josefina Vázquez Mota- fue mandada a la “congeladora” legislativa, sin siquiera explicación alguna.
En medio del desdén oficial, en muchos pueblos de Tlaxcala sigue en cartelera Fuente Ovejuna de Lope de Vega.