sábado 18 mayo 2024
4 marzo, 2024
(Fabián Robles/4 de marzo 2024) Por enésima vez, el actuar de Ernestina Carro Roldán y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) -donde ella cobra como titular- ha quedado en entredicho y se colige entonces que los tlaxcaltecas no podemos confiar en esa dependencia que se ha ganado a pulso su malhadada fama de ineptitud.
El pasado 1 de marzo, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer determinó absolver y decretar la libertad de Raymundo N., uno de los dos detenidos por el linchamiento de un hombre en San Pedro Tlalcuapan, municipio de Chiautempan, ocurrido el Viernes Santo de 2022.
En la audiencia respectiva, la tríada de juezas que integraron ese tribunal -Aída Báez Huerta, Rossana Rubio Marchetti y Olivia Mendieta Cuapio- echaron por tierra las pruebas que, sobre este caso, presentó la Procuraduría.
No solo eso, dejaron como una mentirosa a la maestra Carro quien, el 15 de julio de 2022, aseguró que la detención de Raymundo y Saúl N., -presidente de comunidad de San Pedro Tlalcuapan y coacusado en este caso- fue posible tras recabar “pruebas contundentes” en su contra.
En conferencia de prensa aquel día, a pregunta expresa de reporteros de la fuente, la funcionaria presumió que “la procuración de justicia siempre trabajará con rigor científico porque en Tlaxcala nadie puede hacer justicia por propia mano”.
Resulta que, al final, las “pruebas contundentes” de las que se ufanó la procuradora, simple y sencillamente no lo fueron, al menos no en el caso de ese líder comunitario.
Queda la duda entonces si esas pruebas fueron fabricadas para endilgárselas a un “chivo expiatorio”, ante la ineficacia de las autoridades todas para hacer frente a los escandalosos casos de linchamiento e intento de estos, en los que Tlaxcala se sitúa en primer y segundo lugar, respectivamente, a nivel nacional, según la organización Causa en Común. Un título nada honroso.
Pero eso no es todo. Lo sucedido el pasado viernes no es más que una de tantas cuentas de un rosario que parece no tener fin…ni consecuencia alguna para los (i)responsables de tantos yerros.
En julio de 2023, la Comisión Estatal de Derechos Humanos CEDH evidenció -al emitir la recomendación 03/2023- que Ernestina Carro y la PGJE mintieron con relación al caso de tortura a manos de policías de investigación y que costó la vida a Juan Carlos N., quien era el único probable sospechoso de la desaparición y muerte de una mujer originaria de Hermenegildo Galeana, municipio de Huamantla.
En un principio, la dependencia informó y aseguró que sólo un policía de investigación fue detenido -y continúa preso en espera del desahogo de su proceso- y que dos mandos fueron suspendidos. Nada más.
Sin embargo, el organismo autónomo encontró que no fue uno, sino seis los policías de investigación involucrados en ese caso de tortura, quienes incurrieron en esas prácticas prohibidas en contra de Juan Carlos N., “para obtener información o la confesión, a partir de sufrimientos graves físicos” que terminaron por causarle la muerte.
Hasta ahora, los tlaxcaltecas desconocemos por qué y quién o quiénes ordenaron esa práctica. Lo que queda claro es que hubo complacencia y complicidad.
Aún más: Ernestina Carro no se ha dignado a dar explicación alguna de por qué encubrió a los otros cinco policías de investigación involucrados en este caso. Tampoco se sabe si ya fueron detenidos, están prófugos, si todavía laboran en la PGJE, o al menos si es que existen órdenes de aprehensión en su contra.
Fiel a su talante opaco y a su proclividad a jugar al avestruz, la maestra también mintió respecto de la muerte de un hombre en los separos de Xaltocan, merced a la golpiza que le propinaron policías de ese municipio que devino en la recomendación 02/2023.
Según el organismo autónomo, la PGJE mintió en los resultados de la necropsia practicada a Quirino N., quien falleció el 17 de julio de 2022 en los separos de Xaltocan, a donde fue llevado, junto con su hijo, tras ser detenidos por policías al incurrir supuestamente en una falta administrativa.
De acuerdo con el dictamen de criminalística de campo, una médica perita adscrita a la PGJE determinó que “la víctima tuvo una muerte no violenta, consecuencia de una hemorragia subaracnoidea no traumática, dando como resultado un paro cardiaco”.
Pero eso no fue cierto porque según la opinión de una médica perita adscrita a la CEDH, “la víctima tenía lesiones del lado izquierdo del cuerpo, las cuales, por sus características, se relacionaban a daño causado por un posible golpe accidental o provocado”, y presentó “traumatismo craneofacial, que tuvo repercusiones intracraneanas que (…) se pueden asociar al origen traumático de la hemorragia subaracnoidea documentada a la apertura de la cavidad craneana”.
De esa mentira, Ernestina Carro tampoco ha dado explicación alguna, y se ignora si la perito de la PGJE (i)responsable de ese yerro fue sancionada o llevada a proceso como corresponde, sobre todo por tratarse de un asunto en extremo delicado.
En todos estos casos, queda la certeza de que hubo una cuestionable actuación de Ernestina Carro y de la propia institución que encabeza. Desafortunadamente para los tlaxcaltecas no habrá ninguna consecuencia. Es de las consentidas de Palacio.