domingo 5 mayo 2024
5 marzo, 2024
(Fabián Robles/5 de marzo 2024) Según la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), esa práctica se define como “la destrucción intencional de un ser humano en manos de otro. Los métodos utilizados para infligir gran dolor y sufrimiento varían, pero todos tienen el mismo objetivo: quebrantar a la víctima, destruirla como persona y negar su condición humana.
“Las víctimas de tortura sufren físicamente, pero la humillación y la vergüenza que sienten como consecuencia de la experiencia de tortura también pueden causar un gran daño que es difícil de curar (…) cuando la tortura es una práctica generalizada en una sociedad, toda la comunidad puede verse afectada”. https://www.omct.org/es/quienes-somos/que-es-la-tortura
Retomo esas palabras para abordar lo que sucede en Tlaxcala, concretamente en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), donde ese tipo de malas prácticas están enquistadas desde hace mucho…y parecen no tener fin algún día.
Los datos del “Observatorio contra la Tortura. Hallazgos 2022”, y del Registro Nacional del Delito de Tortura (Renadet), desvelan la gravedad del problema en el estado que presumen las autoridades como el más seguro de la República.
Si bien los datos de uno y otro se contraponen -el primero da cuenta de 22 denuncias que involucran a 24 víctimas, de 2018 a 2022; y el segundo registra 40 casos con 60 personas afectadas, de 2018 a septiembre de 2023-, sirven para dimensionar con toda su crudeza la magnitud del fenómeno.
Llama la atención que, al comparar los datos de uno y otro, el número de casos haya escalado a los 40 en tan solo nueve meses del año pasado, evidencia clara del uso recurrente de esos actos.
Por si no bastara, es muy preocupante otro dato que aporta el observatorio: la PGJE no ha sido capaz de judicializar ni una sola denuncia por tortura o Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (TPCID). La impunidad y complicidad al desnudo.
Peor aún: de todos los casos, según esa fuente, nada más hay cinco quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en las que elementos de la PGJE son los más señalados por incurrir en esas prácticas ilegales, aunque también están involucrados policías estatales.
La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 1984, define a los torturadores “como personas que actúan en el ejercicio de funciones públicas”. https://www.omct.org/es/quienes-somos/quienes-son-los-toruradores
Es el caso de policías de investigación de la PGJE quienes se valen del cargo, una charola y un arma de fuego para cometer sus abusos, siempre en grupo, nunca solos. Oficialmente, al menos una decena de esos (malos) elementos están involucrados en casos de tortura, pero seguro que la cifra es mayor.
Uno de los asuntos más recientes de tortura, es el registrado bajo el mando de Ernestina Carro Roldán al frente de la Procuraduría: resulta que sus “muchachos” de la policía de investigación, al detener al principal sospechoso de la desaparición de una mujer originaria del municipio de Huamantla, lo torturaron con tal saña que lo mandaron al Hospital General de Tlaxcala, tras sufrir muerte cerebral, y dos días más tarde dejó de existir.
Para tratar de frenar el escándalo -como si eso fuera posible-, la dependencia se limitó a emitir un boletín en el que dio cuenta del cese de dos mandos de la PGJE. Y nada más.
Hasta ahora no se sabe si a Víctor Enrique Montiel Ramos y Paula Elizabeth Juárez Santoyo se les fincó responsabilidad alguna por esos hechos; él, era director de la Policía de Investigación; ella, fiscal Especializada en Combate al Secuestro. La causa real de su defenestración sigue siendo una incógnita, lo mismo que su situación legal.
En un acto con un hedor fortísimo a complicidad y encubrimiento, la procuradora mintió al decir que solo uno de sus “muchachos” participó en esa golpiza contra el detenido. Pero no contaba con que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) le corregiría la plana a través de la recomendación respectiva, según la cual en total fueron seis los agentes involucrados en ese caso de tortura y no uno.
A la fecha, lo único cierto es que el jefe de grupo de la policía de investigación Juan Carlos N., originario de Chiautempan, es el único que está sujeto a proceso; de los otros cinco señalados por el organismo autónomo nada se sabe porque la PGJE guarda un silencio cómplice porque así conviene a sus intereses.
De al menos dos casos de tortura que han devenido en recomendaciones de la CEDH, la Procuraduría ni siquiera ha cumplido todos los ocho puntos contenidos en los documentos respectivos.
Su papel se ha limitado a lo más fácil: publicar la versión pública de cada recomendación en el sitio web de la propia dependencia, y a designar un enlace para dar seguimiento a las mismas. Nada más.
Los seis puntos pendientes son relativos al inicio de procedimientos administrativos; procedimientos penales por el delito de tortura y los que resulten; reparación del daño, comprendiendo el aspecto económico, psicológico y médico; disculpa pública; cursos de capacitación, pláticas o talleres; y reconocimiento de calidad de víctimas ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos del Estado de Tlaxcala.
Es decir, la Procuraduría y su titular Ernestina Carro se han dedicado a simular. Mientras tanto, la impunidad y complicidad reina en esa dependencia. Por eso muchos policías de investigación siguen y seguirán con sus actos de salvajismo…por los siglos de los siglos.