martes 21 enero 2025
20 enero, 2025
(Fabián Robles/20 de enero 2025) Acorralada por las protestas del gremio periodístico y personas defensoras de derechos humanos, a la diputada local Lorena Ruiz García no le quedó más que retirar la iniciativa que presentó la semana pasada, a través de la cual pretendía criminalizar a quienes publicaran o difundieran “indicios relacionados con procedimientos penales”.
Con su decisión de dar marcha atrás en su intentona, la legisladora neomorenista aceptó tácitamente su ignorancia supina y, de la misma manera, que fue una ocurrencia su propuesta de reforma al Código Penal local.
En un oficio remitido este lunes a Jaciel González Herrera, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia, y Asuntos Políticos del Congreso local, la expetista reconoció que su propuesta “no cuenta con el soporte de un marco normativo vigente que ampare todos sus contenidos”.
La decisión, dijo, fue derivada “de una revisión exhaustiva” a la iniciativa presentada ante el pleno el pasado jueves, aunque señaló que para elaborarla “se apoyó en un proyecto presentado en el Senado de la República, mismo que fue votado favorablemente en septiembre de 2023”; sin embargo, no precisó a qué documento se refirió.
Pese a que su intentona tuvo un claro propósito de imponer una “ley mordaza” en Tlaxcala mal utilizando el contenido de la llamada Ley Ingrid, de manera contradictoria Lorena Ruiz se dijo “respetuosa de la libertad de expresión”.
La diputada pretendía que se impusiera una “multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización a la persona que de forma indebida difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, video grabe, audio grabe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos con uno o varios hechos, señalados por la ley como delito”.
También buscaba imponer penas de hasta con ocho años de cárcel “a la persona servidora pública, periodistas, youtubers, representantes de medios de comunicación que difundiera o publicara indicios relacionados con procedimientos penales”.
Ruiz García reaccionó así después que, en septiembre pasado, “el padre de sus hijos”, José Alberto N., alias “El Paletas”, fue detenido en la ciudad de Apizaco por agentes federales por sus presuntos nexos con una organización del crimen organizado.
A la legisladora -hoy refugiada en Morena- no le gustó que la información sobre ese hecho fuera del dominio público, ni la difusión de imágenes de su pareja -en algunas de las cuales aparecen al lado de distintos políticos locales, e incluso con la gobernadora Lorena Cuéllar- y tampoco los cuestionamientos en redes sociales.
Muestra de su intolerancia, y ante el alud de críticas por su ocurrencia de “Ley Mordaza”, la diputada local restringió este lunes quién puede comentar en su cuenta de Facebook la publicación que hizo sobre su decisión de desistirse de la propuesta presentada ante el pleno.
Además, en un tono beligerante y agresivo, la emprendió contra la activista Yeni Charrez, y provocó que algunos de sus seguidores amenazaran a representantes de medios de comunicación que cuestionaron su intentona.
