miércoles 2 abril 2025
31 marzo, 2025
(Fabián Robles /31 de marzo 2025) Después del hallazgo de narcolaboratorios, un cambio de titular de la corporación policiaca municipal, atracos en carreteras colindantes con el estado de Puebla, hechos delictivos en límites con Hidalgo y el homicidio de un agente de vialidad a manos de un presunto secuestrador, integrantes del Consejo Estatal de Seguridad de Tlaxcala (CEST) tomaron la decisión de implementar la estrategia de mando coordinado en el municipio de Tlaxco.
En su primera sesión extraordinaria del año, el pleno del CEST determinó que a partir de las 14:00 horas del lunes 31 de marzo -y con una vigencia de tres meses- la responsabilidad de la comandancia operativa del mando coordinado esté a cargo del director de Seguridad Pública de la secretaría del ramo, el capitán de corbeta Miguel Ángel Chavarría Mejía.
En una reunión celebrada en la Sala de Crisis del C5i de Tlaxcala, encabezada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, se acordó implementar esa estrategia “como parte de una medida para reforzar la seguridad, a través de la coordinación estatal y municipal en todos los ámbitos de seguridad”.
Presente en ese cónclave, la presidenta municipal de Tlaxco, la expriista y hoy neomorenista Diana Torrejón Rodríguez, escuchó compungida esa decisión.
De acuerdo con la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana, el mando coordinado se implementa con el objetivo de contribuir a la contención de la comisión de delitos de alto impacto, la recuperación de la paz, la reconstrucción del tejido social y la salvaguarda de los derechos de los habitantes.
Se pone en macha cuando algún municipio registra alta incidencia en la comisión de delitos de alto impacto, por la falta de certificación de elementos policiales y por el incremento en los índices delictivos.
LOS NARCOLABORATORIOS
El 26 de enero de este año, en un comunicado conjunto del gabinete de seguridad federal se dio a conocer la realización de tres operativos simultáneos que dieron como resultado el aseguramiento de dos narcolaboratorios en Tlaxcala y la detención de 14 personas en un par de domicilios de Puebla, vinculadas al trasiego de drogas en ambas entidades.
Esos grandes laboratorios -donde se producía metanfetamina- operaban en la comunidad de Atotonilco, municipio de Tlaxco, y ahí fuerzas del orden incautaron “20 mil 875 kilogramos de sustancias químicas”.
El reporte completo fue el siguiente: se aseguraron 5 mil 800 litros de alcohol etílico, 2 mil 400 litros de glicerina, mil 600 litros de ácido cítrico, mil 400 litros de ácido sulfúrico, mil 400 litros de N-metyl-formamide, 600 litros de alcohol bencílico, 3 mil 625 kilos de nitrato de potasio, 2 mil 150 kilos de sosa cáustica, mil 900 kilos de ácido tartárico, siete reactores de síntesis orgánica, 10 condensadores, tres mezcladoras, dos vehículos, un arma larga y 7 mil 320 cartuchos.
Según cálculos de fuentes policiacas federales, en ese lugar integrantes de una célula del Cártel de Sinaloa producirían alrededor de 400 kilogramos de cristal a la semana, cuya venta -a decir de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros- “no se hacía aquí (en Tlaxcala), venía gente de Puebla”.
Días después, el 17 de febrero, el gabinete de seguridad federal confirmó el hallazgo de otro narcolaboratorio -el tercero en menos de un mes- en el municipio de Tlaxco, con lo que tácitamente desmintió al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) de Tlaxcala, Alberto Martín Perea Marrufo, y a la alcaldesa Diana Torrejón Rodríguez, quienes -por separado- negaron que ese hecho hubiera ocurrido en aquel municipio del norte del estado.
El hallazgo y desmantelamiento de ese otro lugar para la producción de estupefacientes estuvo a cargo de elementos del Ejército Mexicano el 14 de febrero, y tres días después la información fue confirmada por el gabinete federal de seguridad, aunque las autoridades municipales difundieron la versión de que se trató de “un campamento irregular” encontrado en territorio del vecino estado de Hidalgo, colindante con la comunidad de Las Vigas, Tlaxco.
EL RELEVO EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
Entre uno y otro hallazgo de esos tres narcolaboratorios, a finales de enero la alcaldesa de Tlaxco contrató a Francisco Javier Carreto Gámez como nuevo director de Seguridad Pública, sin importarle sus antecedentes a su paso como titular de las corporaciones municipales de Tlaxcala, Apetatitlán y Huamantla.
Sin explicación alguna por parte de la presidenta neomorenista, Irving Arroyo Reséndiz fue removido como director de la policía municipal de Tlaxco.
Lo único que se supo fue que, el pasado 30 de enero, Francisco Javier Carreto ya no era titular de la corporación municipal de Huamantla, a la que llegó en septiembre de 2024.
Antes de llegar a Huamantla, Carreto Gámez se desempeñó como titular de seguridad en el municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, entonces gobernado por Ángelo Gutiérrez, quien lo sostuvo en el cargo a pesar que el 23 de mayo de 2024 el CEST ordenó que él y otros 18 directores de corporaciones municipales, tendrían que ser cesados de manera inmediata por no contar con los exámenes de control y certificaciones necesarias.
HOMICIDIO DE UN AGENTE DE VIALIDAD
La noche del domingo 23 de marzo Aristeo N., -agente de vialidad de la Dirección de Seguridad Pública municipal de Tlaxco- fue privado de la vida al momento en que perseguía un vehículo Jetta color gris, cuyo conductor había cometido una falta administrativa.
Los hechos ocurrieron sobre la carretera Tlaxco-Chignahuapan donde un hombre de 19 años de edad que era perseguido, accionó un arma de fuego en contra del policía, hiriéndolo en el cuello. Más tarde falleció en el Hospital Comunitario de ese municipio tlaxcalteca a donde fue trasladado para su atención.
Entrevistada por reporteros de la fuente luego de ese trágico suceso, la presidenta municipal reconoció que Aristeo N., enfrentó desarmado al presunto homicida, quien fue detenido y después se supo formaría parte de una banda de secuestradores.
“El oficial Aristeo se incorporó con nosotros en enero, estaba en vialidad y no estaba armado porque para que cuenten con armamento deben de pasar por un examen de control y confianza y hacer un curso de seis meses”, desveló la alcaldesa en aquella entrevista.
Diana Torrejón aceptó que sólo 40 elementos de la corporación están certificados “y el problema es que (cuando asumió el cargo el 31 de agosto de 2024) encontramos una Dirección de Seguridad Pública con muchos elementos reprobados, 23, y ya no podían estar, pero tenemos una herencia complicada. Tenemos 40 certificados, 30 ya de firmes y diez que están esperando su revalidación y estamos esperando que nos den fecha para que inicien con su proceso”.