lunes 22 junio 2026
22 junio, 2026
(Faro Noticias/22 de junio 2026) Cuando faltan 14 meses para concluir el sexenio morenista, el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros apenas lleva un avance de 11.1 por ciento de los 18 productos clave, formales y materiales, previstos en el Programa Estatal contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual en Niñas y Mujeres 2022–2027, lo que representa un incumplimiento de 88.9 por ciento.
A la fecha, la administración de la expriista ni siquiera se ha ocupado ni preocupado por cumplir con la elaboración del diagnóstico integral sobre la trata que supuestamente tendría que realizar la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la cual ha informado “que no cuenta con dicha información”.
En un posicionamiento, el Centro Fray Julián Garcés, organizaciones de la Iniciativa Popular contra la Trata de Mujeres y Niñas y académicos comprometidos contra este delito, reprocharon a la mandataria los resultados pírricos obtenidos hasta ahora que se reflejan en que no se hayan alcanzado los objetivos e indicadores establecidos en el programa estatal en la materia.
“Que el gobierno encabezado por Lorena Cuéllar Cisneros, y ella misma, deje de negar y/o minimizar la existencia y la gravedad de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, y deje de simular acciones para enfrentarla”, exigieron a la expriista.
Recordaron que, en el diagnóstico de percepción ciudadana sobre la situación de la trata, publicado en el año 2017, se reconoció la existencia de 40 municipios tlaxcaltecas afectados por este problema y “desde entonces y hasta ahora esta tendencia no ha disminuido; por el contrario, se ha agudizado como es el caso del corredor de explotación conocido como la carretera Vía Corta”.
Consideraron que “la simulación gubernamental se encuentra en hechos graves” como la asignación presupuestal para acciones de prevención, sanción y erradicación de la trata de personas durante los años 2023, 2024 y 2025 (que asciende a un total de 2 mil 163 millones 400 mil 783 pesos), “pero que no se ha destinado a las acciones mandatadas en el Programa estatal contra la Trata”.
Tras afirmar que Lorena Cuéllar Cisneros sí ha minimizado y negado la problemática, dijeron no durante la actual administración no se han generado procesos de investigación y sanción, aun cuando es un delito que se persigue de oficio y no se necesita la denuncia de las víctimas.
Especificaron que durante 2023, 2024 y 2025 la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) no reportó casos de trata al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp); “sin embargo, esto resulta contradictorio ya que, de acuerdo con datos obtenidos vía acceso a la información, sabemos que de enero de 2021 a junio de 2025, la Fiscalía atendió a 53 víctimas con fines de explotación sexual”.
Las mujeres afectadas provenían de Chiautempan, Mazatecochco, Papalotla, San Luis Teolocholco, San Pablo del Monte, Santa Isabel Xiloxoxtla, Tenancingo, Tlaxcala, Tzompantepec y Zacatelco. Y también se tiene el registro de víctimas de Puebla, Nayarit, Tabasco, Veracruz y la Ciudad de México.
INCUMPLIMIENTO
Las organizaciones y representantes de la academia que firman el posicionamiento referido, aseguraron que solo dos de 18 productos están terminados hasta la fecha, mientras que ocho están en proceso de construcción, revisión o reprogramación y los restantes registran un nivel de “incumplimiento y/o rezago crítico”.
Refirieron, por ejemplo, que la campaña “Se trata de todas y todos. Cuidemos la libertad”, implementada por el gobierno del estado a través de redes sociales, no es suficiente para prevenir el delito y la violencia extrema hacia las mujeres.
Consideraron que “para lograr una verdadera prevención que lleve a la comprensión del problema y genere conductas de rechazo, es necesaria la elaboración y aprobación de un programa educativo para la prevención, que se implemente en todas las escuelas de nivel básico del estado, mandato que tiene pendiente todavía la Secretaría de Educación Pública del estado de Tlaxcala”.
Por lo anterior, exigieron que el gobierno encabezado por Lorena Cuéllar Cisneros, “y ella misma, deje de negar y/o minimizar la existencia y la gravedad de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, y deje de simular acciones para enfrentarla”.
Al Consejo Estatal contra la Trata demandaron que aplique de manera efectiva e integral el Programa Estatal contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual en Niñas y Mujeres 2022 – 2027.
Se pronunciaron además que el Comité Educativo para la Prevención de la Trata de Personas de la Secretaría de Educación Pública del Estado apruebe e implemente el programa para la prevención de la trata.
Refirieron que la campaña de difusión general ejecutada por la CCOM con un alcance de 166 mil 062 cuentas; sin embargo, “esta campaña por sí misma no logrará la prevención si no es acompañada de un proceso educativo de prevención que sea implementado en todas las escuelas de educación básica (sic)”.
En cuanto a los operativos coordinados, informaron la realización de once implementados por la SSC en diversos municipios para vigilancia e identificación de trata, aunque “la información existente no indica los resultados alcanzados en torno a la identificación de víctimas de trata o lugares de explotación”.
Lamentaron que la titular de la Secretaría de Mujeres, Nydia Cano, dijo que los modelos de prevención y atención, proyectados para 2026, “ya no se hará”.
Con relación a materiales educativos (programa de sensibilización escolar, la cartilla, el libro de divulgación y la metodología de seguridad en planteles) “son reportados en fase de elaboración técnica o revisión”.
Advirtieron que los protocolos normativos de investigación a cargo de la FGJE y la SSC, y la canalización de víctimas también están en “revisión técnica por el Grupo Interinstitucional”.
Pero las brechas críticas del programa estatal en la materia se presentan en los siguientes rubros:
Infraestructura de atención (FGJE): La Fiscalía informó formalmente que no cuenta con los modelos de atención, el refugio especializado ni la casa de medio camino.
Falta de información/acción: El diagnóstico integral (SSC informó no tenerlo), el modelo de des-proxenetización (SEGOB sin respuesta) y el programa cultural artístico (Cultura sin respuesta).
Cambios o falta de ejecución (CCOM): La serie documental no se realizó (fue sustituida por proyecciones de cine) y la campaña dirigida específicamente a víctimas y victimarios no se ha llevado a cabo.