viernes 6 noviembre 2026
5 noviembre, 2026
(Faro Noticias/5 de noviembre 2026) La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) solicitó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que evite el “borrado, alteración o pérdida” de evidencias relacionadas con una denuncia anónima difundida esta semana sobre probables actos de tortura que habrían ocurrido desde mediados de año en el Centro de Reinserción Social (Cereso) capitalino.
Esa petición forma parte de las nueve medidas cautelares dictadas a la SSC, e incluidas en el expediente de queja iniciado por el organismo autónomo tras la difusión en redes sociales y algunos medios de comunicación de una serie de imágenes en las que se aprecia a una Persona Privada de la Libertad (PPL) encadenada en el interior de ese penal.
Según el titular de la SSC, Alberto Martín Perea Marrufo, esas fotografías datan de junio y julio de este año, cuando el interno —que ingresó al Cereso en febrero de 2022— recibió atención médica y psicológica “para estabilizarlo” de una crisis conductual que presentó tras enterarse que fue sentenciado a 50 años de cárcel por su responsabilidad en un caso por el delito de feminicidio.
El funcionario dijo que esa persona presentaba antecedentes de problemas psiquiátricos y conductas suicidas, por lo que fue necesario inmovilizarle —con cadenas y candados en manos y pies— para preservar su integridad y evitar que se golpeara contra las paredes y atentara contra su vida.
De acuerdo con información extraoficial, la condena a esa persona le fue impuesta desde 2023, aunque hasta ahora la SSC analiza la posibilidad de trasladarlo a un hospital psiquiátrico de Puebla.
Después de la supuesta crisis que mostró a mediados de este 2026, ese interno fue remitido del Cereso de Tlaxcala al de Apizaco donde permanece estable.
MEDIDAS CAUTELARES
Las imágenes de esa persona inmovilizada comenzaron a ser difundidas a inicios de esta semana, tras lo cual un grupo multidisciplinario de la CEDHT acudió el martes 3 de noviembre al reclusorio “para verificar las condiciones de habitabilidad, entorno e integridad física en las que se encuentran las PPL”.
A través de un comunicado el organismo autónomo informó el inicio de una queja y la imposición de medidas cautelares “sin perjuicio de la colaboración que legalmente corresponda con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y su Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y que su posible intervención no deberá suspender ni diferir las medidas urgentes ni el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las autoridades destinatarias”.
La participación del grupo interdisciplinario tuvo la finalidad de documentar y recabar testimonios, imágenes y registros dentro de la queja y determinar en su momento lo conducente.
Las medidas consisten en el cese de cualquier acto de tortura o malos tratos; valorar y dar tratamiento especializado en salud mental con personal especialista de la Secretaría de Salud del estado o, si es necesario, de otra institución pública.
Asimismo, se pide que haya atención externa y colaboración interinstitucional en temas de atención médica para las personas privadas de la libertad; informar al órgano jurisdiccional competente y a la defensa de la persona sobre el diagnóstico especializado, necesidades de atención externa y medidas implementadas, mediante comunicación reservada que proteja sus datos de salud.
Regularizar la restricción de visitas a personas privadas de la libertad y dar legalidad a las mismas, al amparo de la Ley Nacional de Ejecución Penal y al reglamento y protocolos aplicables al Centro.
La CEDHT también solicitó la revisión de las medidas por sarampión, requerir a la Secretaría de Salud y, en su caso, al Consejo Estatal de Salud, confirmación escrita de la situación epidemiológica actual.
Además, pidió que se instruya al personal penitenciario que ninguna persona privada de la libertad, visitante o testigo sea objeto de ninguna restricción por denunciar, formular peticiones o participar en entrevistas con esta Comisión y no exigir retractaciones ni identificar a quienes solicitaron reserva.
Otra medida solicitada fue “la conservación de evidencia y acceso a protección, para preservar íntegramente videograbaciones, fotografías, bitácoras, registros de sujeción, aislamiento y sanciones, expedientes clínicos y determinaciones sobre visitas y contingencias, evitando borrado, alteración o pérdida”.
El organismo presidido por Jakqueline Ordóñez Brasdefer pidió adoptar paralelamente y de manera progresiva las acciones necesarias sobre agua potable, alimentación, higiene, ventilación, iluminación, instalaciones eléctricas, descanso, actividades y hacinamiento, priorizando los riesgos inmediatos.
A partir de la emisión de esas medidas cautelares, el organismo dio “un plazo máximo de tres días siguientes a la notificación” para que la SSC informe si fueron adoptadas esas disposiciones y remitir constancias tendentes a su cumplimiento.
Además, precisó que la vigencia de esas medidas es por 45 días contados desde su notificación, “sin perjuicio de su modificación cuando cambien las circunstancias y del pronunciamiento que corresponda sobre el fondo”.
Sobre la autoría de las imágenes, Alberto Martín Perea desveló que fueron tomadas “de manera tendenciosa” por un custodio adscrito a la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana, el cual será sancionado porque “no se puede permitir eso”.